La tierra, ¿es de quien la trabaja?

Héctor Manuel Popoca Boone.

¿Dónde están Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro?

El reparto agrario de grandes latifundios fue producto de la Revolución Mexicana de 1910, es decir, de la Tercera Transformación; principalmente como respuesta a las demandas torales del plan de lucha enarbolado por el General Emiliano Zapata. Después de más de una centuria y vinculada a la contra-reforma agraria, iniciada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, la estructura de la tenencia agraria de México vuelve a presentar una tendencia a la concentración de la tierra en unas cuantas manos. Su perfil actual es de desigualdad, asimetría e inequidad. *

El 66.4 por ciento de las unidades económicas rurales son menores a 5 hectáreas y detentan solamente el 6.2 por ciento de la superficie agrícola nacional. Otro 31.3 por ciento de unidades productivas, son de 5 a 100 hectáreas y poseen el 28.7 por ciento de la superficie y el 2.2 por ciento restante, son mayores a 100 hectáreas y poseen el 65.1 por ciento de la superficie aludida. En otras palabras, un número pequeño de empresarios agropecuarios realiza la explotación económica de la mayoría de los terrenos nacionales de alta rentabilidad.

Nuestra frontera agrícola está condicionada a su vez por factores orográficos, edafológicos, climatológicos, flora, fauna y con diversidad social y cultural, que le otorgan muy diversa caracterología y potencialidad en la dotación de los recursos naturales.

En la época de mayor auge del neoliberalismo mexicano, el gobierno federal abandonó los esfuerzos orientados a lograr un desarrollo rural integral, sustentable, equitativo y justo; dando pie también a la desigualdad en la distribución del presupuesto público destinado al sector. Los grandes empresarios agrícolas del norte y del centro occidente del país (que representan no más del 4 % de los productores rurales) han succionado más de la mitad del mismo, en perjuicio de la mayoría de los productores en pequeña escala productiva del sur-sureste de la república. La consecuencia ha sido una renovada concentración de la tierra en pocas unidades productivas y orientada la mayor parte del erario público a apoyar su explotación económica correspondiente.

Al paso de los años, la certidumbre y certeza en la posesión de la tierra que debiera otorgar la estructura gubernamental federal en el ámbito social, devino en incertidumbre e irregularidad sobre la misma; es decir, en los ejidos y bienes comunales; señaladamente ahí donde existen parcelas con vocación turística, minera, inmobiliaria, de riego o aquellas que poseen recursos energéticos. 

Para el sencillo campesino, la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional Agrario, con su tramitología tortuosa, empantanó actualizar sus certificados parcelarios que han sufrido modificaciones por razones de venta, renta, préstamo, abandono o muerte sin testamento formal. Hoy por hoy, es una constante en todo el país el que la certificación de miles de parcelas y/o hectáreas no estén a nombre de quién verdaderamente las trabaja. En Guerrero la incertidumbre por la irregularidad en la tenencia de la tierra agraria afecta a un 60 a 65 por ciento de los predios ejidales y/o comunales. La irregularidad es enorme, sin contar que algunos predios aún carecen de certificado.

En la mayoría de los núcleos agrarios del país regularizar el registro de posesión parcelaria es una urgencia impostergable, para poder identificar si los poseedores formales están vivos, no la han abandonado o hayan procedido a su venta o renta de forma irregular. También perentoria es su actualización para que puedan considerarse elegibles y acceder a los diversos programas y apoyos que el gobierno federal ha implementado a su favor. Por eso, en Guerrero, todos los padrones de beneficiarios son irregulares; en virtud de que no son todos los que están, ni están todos los que son; entre otras anomalías existentes.

*Ensayo sobre extensionismo rural con enfoque territorial. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 2018.