En el año 2019, en una visita a Guerrero siendo candidato a la Presidencia
de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió a asumir la
responsabilidad del Programa de Fertilizante gratis para el Estado. Al ganar
las elecciones federales, reiteró dicho compromiso en otra visita que hizo ya
teniendo la calidad de Presidente Electo.
En varias ocasiones el presidente AMLO se ha referido públicamente al
Programa de fertilizantes de esta entidad federativa como un programa que se
ejecutaba en forma corrupta.
A partir de esas declaraciones públicas del presidente, colaboradores
cercanos del Secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, me llamaron para
invitarme a que me fuera a la CDMX con el fin de integrarme a un equipo de
trabajo y ayudarlos a diseñar una estrategia operativa para el programa de
referencia; cuidando sobre todo que el gobierno federal no cayera en la
corrupción en su ejecución durante el año 2019.
Diseñada que fue la estrategia para la compra, traslado y distribución del
fertilizante en todos los municipios del Estado, ésta fue aprobada por el
Secretario de Agricultura y posteriormente autorizada por el presidente de la
República. En enero de 2019, se me designó para ejecutar el programa en
Guerrero, como único Estado piloto a nivel nacional para el año de referencia.
La nueva estrategia diversificaba la posibilidad de la adquisición,
importación o compra nacional, producción y distribución del producto; contando
con lineamientos flexibles para su ejecución; bajo reglas de operación muy distintas
a las vigentes hasta 2018; previniendo que el programa de fertilizantes no
estuviera sujeto a la manipulación política, económica y social; ya sea a
través de los famosos “moches”, el clientelismo político-electoral o para
mantener la ficticia “estabilidad y paz” imperante en el campo guerrerense.
A diferencia de otros años la adquisición y distribución del producto se
preveía hacerla a precios más bajos que los prevalecientes en el año 2018, en
un sesenta por ciento, sin descuidar la buena calidad el agroquímico y que se
colocara en puntos estratégicos cercanos a los pueblos de los productores de
granos básicos.
Necesario era depurar y erradicar los padrones de beneficiarios que estaban
muy distorsionados. Para limpiarlos se propuso como alternativa más idónea el
levantamiento de nuevos censos a través de democráticas y transparentes asambleas
comunitarias de pobladores-productores de maíz, frijol y arroz.
Dichas asambleas públicas debían de realizarse en cada uno de los pueblos-productores,
contando como testigos presenciales y certificadores del buen empadronamiento y
entrega individual del apoyo a servidores públicos de la Seder, Segalmex, de la
Procuraduría Agraria, del Registro Agrario y de los servidores rurales de la Secretaría
del Bienestar.
Se preveía también la activa participación del gobierno del Estado y de los
presidentes municipales e integrantes de las mesas directivas de los núcleos
agrarios, en las tareas de traslado del producto de los centros de distribución
a las comunidades beneficiadas y el respectivo monitoreo social del programa.
Se iba a privilegiar la transparencia de cada una de las etapas del programa.
La distribución sería mediante cupones directos e individuales al productor
y no a las organizaciones sociales como anteriormente sucedía. Los líderes
sociales podrían estar presentes únicamente como testigos, sin tener derecho a
una participación formal, ni emitir como grupo en particular ninguna directriz
al programa.
El presidente AMLO fijó la fecha del 8 de febrero del 2019 para asistir a
Ciudad Altamirano. Municipio de Pungarabato, en la Región de Tierra Caliente, a
dar el inicio del programa personalmente.
El gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno (éste último
tras bambalinas) se opusieron tajantemente a los nuevos lineamientos operativos
del programa de fertilizante 2019; sobre todo en lo concerniente a las
asambleas comunitarias, porque según ellos esa estrategia atentaría contra la
supuesta estabilidad social en el medio rural. De tal forma que solicitaron
audiencia con el secretario federal de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula,
en la CDMX, antes de la inminente visita presidencial para pedirle me removiera
del programa por una parte y que no se hicieran las asambleas comunitarias de
productores. El gobernador del estado, se hizo acompañar del tristemente famoso
(por practicar desvíos de recursos federales) Amílcar Sandoval
A mediados de enero del 2019, El Secretario de Agricultura del gobierno
federal aceptó, ante la petición expresa del Gobernador Héctor Astudillo, mi retiro
como responsable estatal del programa que se reseña, concentrándome en las
oficinas de la SADER en la Ciudad de México, para apoyarlo en otros programas
agropecuarios de cobertura nacional.
Por mi parte, también le pedí al secretario, Víctor Villalobos A., mi
traslado a la capital de la República para no servir luego de pretexto del
fracaso en la ejecución del programa debido a los muchos errores que se iban a
cometer, tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal.
También le informe que los “amigos organizados” cargando rifles de asalto nos
detuvieron en un retén en las faldas sierreñas del municipio de Coyuca de Catalán;
amedrentando subliminalmente a nuestra brigada de trabajo si ellos no recibían
también fertilizante para sus “flores”, con el respectivo pago de derecho de
paso por sus vastos dominios en la región de Tierra Caliente.
Después de su visita al secretario de agricultura, el gobernador del estado
junto con su “maestro incómodo”, puso en marcha el linchamiento político y
mediático de mi persona que ya se había planeado con anterioridad, a puerta
cerrada, en la Casa de Gobierno; estableciendo para eso alianza con algunos muy
conocidos lucradores sociales del medio rural, encabezados por el lépero
de Evencio Romero.
Por tanto, de facto, la coordinación general del programa quedó en manos
del gobernador que convocaba a múltiples reuniones de trabajo con diversos
actores, presidentes municipales del medio rural, así como con mal afamadas
organizaciones sociales mocheadoras de sus agremiados y de las
instituciones como lo es Antorcha Campesina.
Por su parte, la SADER envió a Jorge Gage Francois (que mantenía amistad de
suyo antigua con Florencio Salazar Adame) para asumir la responsabilidad formal
operativa del programa en Guerrero; haciéndolo conjuntamente con el delegado
federal de los programas de desarrollo, Amílcar Sandoval que, además de vocero
público y seudo verdugo laboral, se volvió personaje incondicional del
gobernador. El centro de la coordinación estatal del programa lo establecieron
en un flamante hotel de la ciudad de Chilpancingo que se encuentra ubicado en
el bulevar Vicente Guerrero.
Los sucesos anteriormente narrados hicieron que el inicio real del programa
fuera muy retrasado en el tiempo previsto, con repercusiones funestas por todos
sabidas al hacer a un lado los lineamientos operativos originalmente diseñados
y suspendidas las primeras asambleas comunitarias realizadas en los municipios
de Coyuca de Catalán y de Pungarabato.
Por medio de licitación pública federal, se compró la mayoría del
fertilizante, (contenido en sacos rotulados con el logotipo del ¡Gobierno del
Estado!) a la empresa monopólica AGROGEN, donde es accionista mayoritario el
exgobernador, Rubén Figueroa Alcocer; quién también puso a disposición del
programa su flotilla de camiones de carga para el traslado del fertilizante de su
planta fabril a los centros de distribución en cada municipio de Guerrero. ¡Negocio
redondo! ¡Uf!
Por tanto, hay
corresponsabilidad compartida del Gobierno Federal junto con el Estatal en el
fracaso parcial del programa de fertilizante 2019 en Guerrero. Es injusto el
deslinde que hacen las autoridades estatales de la mala operación del programa.
El presidente de la República lo sabe bien. De lo que se trata ahora es de
tomar experiencia de las múltiples fallas y de otros factores climatológicos
adversos que se presentaron para evitarlos en el programa de fertilizante 2020,
en donde por disposición presidencial también participarán los estados de
Puebla y Tlaxcala.
En la CDMX,
la coordinadora estatal de comisariados ejidales y de bienes comunales de
Guerrero, ya le presentó al Coordinador General de los Delegados Federales de
los programas para el desarrollo, Gabriel García, una serie de propuestas de
lineamientos operativos que, después de conocerlas y analizarlas, les expresó a
los ahí presentes que él también las hacia suyas. ¡En hora buena!
