Hector Manuel Popoca
Boone. ¿Alguien ha visto a
Vicente Suastegui Muñoz?
En
el segundo año de su período gubernamental estatal, el finado René Juárez
Cisneros, me transfirio de la Coordinación General de Asesores a la Secretaría
de Desarrollo Rural. De los asuntos que afronté inmediatamente, fue un bloqueo
más que realizaban los productores rurales (pescadores y mangueros) de la zona
circunvecina a la planta termoeléctrica de Petacalco (TEP), impidiendo así la
entrada y salida de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). La
causa de los bloqueos era y es el mismo problema de siempre: la contaminación por
parte de la TEP a la atmosfera, tierras, plantas y al agua del río Balsas que
desemboca al mar; así como daños a la salud de la población en general de la
zona. Las eternas fumarolas que expiden las grandes chimeneas de la planta, son
producto de la quema de carbón o combustóleo para generar electricidad, por
medio de vapor de agua que mueve a las inmensas turbinas. Con
justa razón, los productores y la población lugareña exigían que disminuyera
sensiblemente el grado de contaminación y se les indemnizara por daños
productivos, a la salud humana y al ecosistema en que habitaban, causados por
la TEP durante los muchos años de su existencia operativa. Los
bloqueos a la planta cesaban y regresaban cada dos años en promedio; repartiendo
el gobierno y la CFE diversas cantidades de dinero a los quejosos más
revoltosos. Para romper con ese círculo vicioso y corrupto, institucional y
social, fue convenida por las partes involucradas: Gobierno federal, estatal y
municipal, CFE, líderes sociales y productivos del medio rural, la contratación
de los servicios profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Misma
que realizaría un estudio amplio, técnico-científico y multidisciplinario,
cuyos resultados nos permitieran conocer la magnitud e intensidad de la
contaminación realizada y si había lugar a indemnizaciones de ley; así como la
modificación en el sistema operativo de producción de la TEP; que, habiendo
iniciado sus operaciones utilizando carbón, a la fecha solo emplea combustóleo.
Todas las partes convenimos en acatar el fallo que emitiera la UNAM. El
presupuesto para el estudio lo aportó la CFE, cuestión que de inicio le daba ya
cierto sesgo a su favor en los posibles resultados a obtener. En
el mientras tanto, acordamos las partes involucradas ejecutar un programa de
inversiones en proyectos productivos, bajo la coordinación del gobierno del
estado; aportando la CFE la mayoría del financiamiento a manera de compensación
social. Las oficinas de coordinación del programa quedaron establecidas en la
localidad de Petacalco, a cargo del economista, especialista en desarrollo
regional, Rómulo García Pineda, quien tuvo como misión elaborar los expedientes
técnicos de factibilidad de los proyectos productivos y aplicar el presupuesto respectivo,
conjuntamente con los productores afectados. Pasado
un año de plazo, fuimos convocados a las oficinas de la Secretaría de
Gobernación federal en la CDMX, donde el Coordinador General de Ciencias de la
UNAM, informó que los resultados indicaban que la termoeléctrica “SÍ
CONTAMINABA” el ecosistema de la región, pero sin rebasar los parámetros y
“estándares” aceptados internacionalmente. Dicho lo anterior, un sub secretario
de Gobernación federal, manifestó que no había lugar para indemnización alguna
y nos conminaba a todos a aceptar los resultados; acatando el dictamen emitido. Las
asociaciones de los productores afectados no aceptaron los resultados ni el
dictamen, por considerar que no se apegaban con veracidad a la realidad
imperante. De mi parte, como representante del gobierno estatal, manifieste que
aceptábamos institucionalmente los resultados informados por la UNAM; pero recalcábamos
que la termoeléctrica SÍ CONTAMINABA, aun cuando fuera dentro de parámetros
legalmente tolerables. Por
lo que propusimos un programa de desarrollo micro regional para los años
siguientes; dándole así continuidad al programa de inversiones ya iniciado. La
financiación correría también por parte de la CFE en su mayor parte. Propuesta
que fue aprobada y ejecutada, “honesta y mancomunadamente”, con los productores
rurales de la zona, hasta el término del mandato de René Juárez Cisneros. Hoy
la situación de operación de la TEP está agravada, por la quiebra financiera
que tiene la CFE, que obliga a que trabaje la planta a base de combustóleo.
Insumo que es más barato que el carbón, pero muchísimo más contaminante. Como
siempre, el pueblo seguirá pagando los desastres ocasionados por el ecocidio producto
de las irresponsabilidades federales que se vienen sucediendo de tiempo atrás. porelrescate@hotmail.com
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