Por un INE: autónomo, imparcial, eficaz y austero.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?

 

La principal disputa en el campo electoral que tenemos en puerta, gira en torno a ¿qué tipo de institución controlará y dictaminará las próximas elecciones federales y estatales? En mucho contará la configuración de su estructura orgánica, las leyes, reglamentos y requisitos que la regirán; los recursos humanos, materiales y financieros de los que dispondrá; así como su real sometimiento a la rendición de cuentas y entrega de resultados, en forma honesta y transparente, para el buen acatamiento civil de sus resolutivos.

 

Ese es el quid de la pretendida reforma electoral enviada al Congreso de la Unión por iniciativa presidencial. Lamentablemente, buena parte de la clase política dirigente del país, los gobernantes; los mandones de territorios regionales y los del poder económico-financiero, siguen considerando el voto electoral ciudadano como manipulable, comprable y, por tanto, controlable …hasta cierto punto.

 

Recordemos que en la actualidad tenemos una democracia dominada por una partidocracia mercantilizada, que cuenta con vastos recursos económicos públicos y se desenvuelve a sus anchas, en un universo electoral de bajo nivel educativo y de pobreza social generalizada.

 

También es desmesurado el monto del erario fiscal que para su funcionamiento se le asignará el próximo año electoral; frente a un semi estancamiento con inflación económica nacional que impone una férrea austeridad; si es que no queremos arribar a la nefasta devaluación de la moneda. Todo eso, en el marco de un país con una amplísima desigualdad social, que alberga a más del 60 por ciento de su población total en condiciones de pobreza y con serias carencias en los sistemas cuasi colapsados de seguridad pública, educación, salud, vivienda, alimentación y nutrición. Por no decir de la insuficiente creación de empleos y de inversión productiva.

 

México se distingue por tener uno de los procesos electorales más oneroso a nivel mundial; arriba de los países más ricos del planeta. Hoy, los directivos y altos funcionarios del INE reciben los sueldos y salarios más altos del país, además de otros privilegios económicos, que no gozan el resto de los funcionarios de la administración pública federal.

 

De consideración no menor, están las muy codiciadas “prerrogativas electorales”, recibidas anualmente por los partidos políticos, también provenientes del erario público, destinadas a sufragar sus operaciones cotidianas; incrementándose, sustancialmente, en los años de campañas electorales porque también están destinadas a financiar ¡las campañas electorales de sus candidatos! en virtud de que las cuotas de los militantes son ínfimas y famélicas sus finanzas propias, no obstante que algunos partidos practican la extorsión mensual en la nómina salarial, por puesto laboral otorgado. Huelga decir que los financiamientos externos vergonzosos provenientes de los barones del dinero y de la droga, están en el orden del día.

 

El excesivo financiamiento a los partidos políticos ha dado lugar a la creación de una partidocracia cuasi mafiosa que se mueve más por conveniencias e intereses de grupo que por convicciones o ideales. Hoy la postulación a ser candidat@ puede estar también a disposición del mejor postor. El resultado es que tenemos procesos electorales corruptibles, con enraíce en la compra, al cash o en especie, de conciencias, dignidades y de votos.

 

Conclusión: El INE siempre ha estado bajo el asedio, en mayor o menor grado, de las presiones políticas y económicas ilegitimas de los gobernantes en turno, a efecto de imprimirles determinado sesgo político; y del no acatamiento íntegro a la voluntad real de los ciudadanos; haciendo a un lado el espíritu de las normatividades, hipócritamente por todos aceptadas, más nunca del todo acatadas; los recovecos para eludirlas legalmente es lo imperante.

 

Dejo para una próxima entrega, el tema del costo-rendimiento para el pueblo, de sufragar el descomunal ejército de la parasitología política nacional, conformado por las legiones de políticos profesionales y legisladores, federales y estatales, así como de los numerosos batallones de regidores.

 

PD. La Auditoría Superior de la Federación informó que, dentro de los seis estados de la república que peor usaron los recursos públicos federales, entregados para su aplicación en el año 2020, se identificó a Guerrero con más de 3 mil millones de pesos observables, en la cuenta pública nacional. Las principales irregularidades detectadas se localizaron en el sector salud, educación y seguridad púbica. (El Universal, 21/noviembre/2022). Por su parte, el Auditor General Estatal, en reunión cerrada, entregó a diputados locales comisionados, solo recomendaciones sin especificar montos y conceptos de su Cuenta Pública. (El Sur, 29/octubre/2022). ¡Uf!

 

 

 

Mañas de la guerra mediática.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?

Todo gobierno que se precie de ser buen gobierno debe de cuidar a su pueblo, procurándole seguridad, certidumbre, justicia, libertad, equidad social, prosperidad, sin menoscabo del respeto de todos los derechos humanos para todos; en un ambiente de libertad colectiva licita y de sana convivencia pacífica. Gobierno que no pueda o no quiera cumplir con tales cometidos, propicia la corrosión de la estabilidad social, requisito indispensable para el sano desenvolvimiento civilizatorio.

Al que gobierna, se le impone la obligatoriedad ética de convencer a su pueblo de que está gobernando realmente bien, apegado a la legalidad establecida, y dando ejemplo público prístino, de un comportamiento moral regido por principios y valores adoptados y consagrados en las principales leyes del país.

También el gobernante, tiene el deber de informar honestamente al pueblo de la cosa pública. Para eso echa mano de las artes y tecnologías modernas de los medios de comunicación masiva y de los artificios de la propaganda y publicidad. Todo eso englobado en lo que ahora se denomina mercadotécnica política, o en palabras llanas, un lavado de cerebro colectivo ya sea para bien o para mal de los habitantes. Es el arte de convencer para vencer políticamente, en forma pacífica y persuasiva a un determinado grupo de la población.

El convencimiento duradero no necesariamente se hace con verdades (Goebbels, dixit), se usan frecuente y reiteradamente medias verdades, mentiras y farsas; usadas en y durante el tiempo que sean útiles y oportunas para que la difusión del mensaje conlleve; magnificación, minimización, tergiversación o de plano invención de supuestas realidades.

            Es un hecho que ahora, la libertad de expresión ciudadana y el derecho a la información sobre el qué hacer gubernamental, están en la agenda cotidiana de la ciudadanía y del propio gobierno Federal. Son ya parte del ejercicio de gobierno cotidiano impuesto por AMLO, a partir de su particular estilo de gobernar y comunicarse con la población, cuya condensación se da en” La Mañanera”; programa matutino televisivo presidencial de alcance nacional.

Ahora nos damos cuenta de que el derecho a la información y a la expresión vuelve a ser asediado desde los poderes formales e informales, mediante dinámicas censoras y autocensuradas que varían, pero que no se han erradicado, ni mucho menos disminuido; dañando la salud mental pública al distorsionar la realidad factual.

Por más que se intente negar desde el discurso, la realidad está ahí, lacerante y confrontadora, para un derecho a la información que aún maltrecho es piedra angular de la democracia. Lo dije la semana pasada y lo repito: Las palabras, las gesticulaciones, la voz, hieren. A veces profundamente y en forma duradera el tejido social. Debemos desterrar usar un lenguaje peyorativo, calumniador, discriminatorio y/o sexista porque conllevan, a la larga, confrontación y ruptura social. La violencia en México posee particularidades destructivas evidentes e insoslayables y el lenguaje violento que se usa también las posee. (Una mentada de madre con enojo, no es cualquier cosa). El discurso o la narrativa mediática contribuyen a crear un ambiente de ira, rencor, resentimiento, de temor o zozobra; con pérdida de libertad individual para razonar y actuar bien.

            De tal surte que, el derecho a la libertad de expresión está constreñido por múltiples factores, como la violencia verbal contra el adversario político, la desinformación pública, el control de las narrativas, la opacidad premeditada gubernamental, la mentira contumaz, las falsas noticias, los datos falseados o alterados, difamaciones, invectivas y amenazas a las personas trasmisoras de noticias y hacedores de opinión. Hoy se da como nunca el espionaje político invadiendo ilegalmente la vida privada de las personas. Así como el uso de herramientas cibernéticas por parte de todos contra todos, para el robo o sustracción de información reservada y confidencial, privada o de carácter familiar e íntima, con fines aviesos y perversos. Todos exigimos nuestro derecho a saber de la circunstancia que nos rodea y determina, así como de participar en la arena pública. Se ha consolidado la preocupante tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con todos los derechos humanos, desde el discurso público. Prevalece la consigna de afirmar que sí se respetan; pero los hechos desmienten tal afirmación.

            La realidad termina por imponerse. La violencia, la delincuencia, la corrupción e impunidad, males que laceran actualmente a la población, están ahí, gritando a la cara a los del poder que es incompetente porque no los enfrenta del todo en los hechos cotidianos. Al contrario, y lo que es peor, los fomenta o los encubre.

            A la contraposición de los datos proporcionados por el jefe del Ejecutivo, la respuesta es la estigmatización y deslegitimación de quien lo contradice. Como parte de la estrategia de comunicación presidencial, está la inyección de desconfianza hacia terceros y la descalificación peyorativa, calumniadora, así como el sentimiento de un supuesto agravio social por los “enemigos de las causas populares”, tales son las actuales formas de atacar voces y escritos de naturaleza crítica. De esta manera, la oratoria oficial de la estigmatización, encabezada por el propio presidente de la República, se ha ampliado para señalar a voces disidentes, aun si éstas han sido siempre críticas a los excesos e ilícitos de gobiernos pasados. ¡Uf!

PD. Artículo elaborado a partir de la lectura del ensayo “Artículo 19” (de autores varios). Continuará.

 

No al militarismo como ideología.

No a la militarización del gobierno civil.

¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?

 

De entrada, como Gobernador Moral de Guerrero, afirmo que no fue la mejor solución el haberle otorgado marco legal constitucional a la participación permanente de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública nacional. Tema que la Constitución consagraba de exclusiva responsabilidad del ámbito civil de los gobiernos. Aun cuando será ahora, dicha intervención legal “por tan solo seis años”.

Si los gobiernos civiles no pudieron darle al pueblo mexicano lo mínimo suficiente para llevar una existencia digna, decorosa y pacífica; es a ellos a quienes debemos de enjuiciar por lo mal que han gobernado a México durante muchas décadas; aupando y prohijando a una delincuencia organizada que hoy, cual Frankenstein, se muestra detentadora del poder sobre las vidas y haciendas en importantes territorios de la nación. Gozando de una impunidad que nos patentiza la impotencia e incompetencia de las sucesivas administraciones federales para detenerla. Aunado a la complicidad corrupta como medio para penetrar a los gobiernos civiles y a las Fuerzas Armadas en los últimos 25 años.

El ejército mexicano de tiempo atrás y bajo la égida de buenos comandantes militares, diseñaron una estrategia militar de carácter constitucional de apoyo al pueblo en casos coyunturales de desastres naturales. En territorios delimitados y por tiempos definidos: el muy apreciado “Plan DN-III”. No veo por qué ahora no se pueda implementar otra estrategia coyuntural, exprofeso, para abatir el narcotráfico y sus otros pingues negocios ilícitos, que ensangrientan y asesinan a lo mejor de nuestra reserva social.

En ese tenor y contexto, bien pudieron, el presidente AMLO, legisladores federales y algunos estatales, delinear y aprobar una estrategia de combate al delito organizado en territorios focalizados que acusan circunstancialmente gran vulnerabilidad. Pero no; se fueron por el camino fácil de tirar el agua pútrida y corrompida -que ellos mismos cultivaron como clase gobernante y luego no pudieron desaguar- “con todo y tina; y con el niño adentro”. Se va a dejar en la orfandad presupuesta la posibilidad de que los estados de la república cuenten con una estructura local eficaz de seguridad pública.

Si hay algún Estado de la República que ha sufrido y sabe de los horrores y terrores que causa entre la población civil un Ejército mal comandado en épocas no beligerantes, es Guerrero.

Hemos sufrido tiempos indignos, miserables, de atropellos y exterminio humanos que, bajo el amparo de sus uniformes el Ejército configuró. A título de ejemplo, en el informe de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre “La Guerra Sucia” en Guerrero (elaborado por Hilda Navarrete Gorjón, et al), se da cuenta documentada de testimonios de múltiples violaciones castrenses a los derechos humanos, cometidos en el decenio de 1969-1979 en la región de la Costa Grande, principalmente.   

Desapariciones forzadas de individuos, lo mismo que desplazamientos sociales involuntarios, ejecuciones extrajudiciales, fosas y sepultamientos clandestinos, aprehensiones arbitrarias, torturas, tratos crueles, violaciones degradantes, indignas e inhumanas a mujeres y niñas, cercos permanentes de control de movilidad de personas y de abastecimientos alimentarios de pueblos rurales; exterminio de comunidades enteras; realización de vuelos militares criminales hacia mar adentro, para arrojar cuerpos de personas; son de las principales atrocidades cometidas en el plan militar, “La Telaraña”, ordenado por el Presidente de la República y ejecutado por el Secretario de la Defensa Nacional, de aquél entonces.

No vengan ahora a decirnos de las bondades de la participación legal de las Fuerzas Armadas en tareas de índole civil en Guerrero; que no sean las contempladas por el Plan DN-III. La traición constitucional, recién aprobada, a iniciativa del presidente AMLO y aprobada, con ciertos matices, por la mayoría de los legisladores federales, principalmente de Morena, del PRI, PRD y de ciertas legislaturas locales, es el reconocimiento oficial de la negligencia, incapacidad, ineficiencia y complicidad mostrada por los diversos gobiernos y la clase política mediocre que nos rigen desde décadas atrás. Insisto: es a los malos gobernantes, políticos y comandantes militares que hemos padecido en los últimos 50 años, a quienes debemos someter a juicio popular.  

Tengamos siempre presente lo que nos enseña la historia, nacional y universal: meter lo militar permanentemente en lo que es de competencia civil, deviene cercenar la vida, conculcar la libertad, abolir la democracia y anular la paz y el progreso humano. Que cada cual se coloque en el lugar que le corresponde en la escritura de nuestra historia patria.

PD. Sobre la farsa institucional, para el desarrollo social y económico de la recién decretada “Octava Región de Guerrero”, como Gobernador Moral de Guerrero, suscribo las reflexiones del dirigente social mezcalero de la Sierra, Adán Coria Farfán, publicadas en El Sur (31/octubre/2022). Es toda una quimera demagógica, por falta real de erario público, en estos tiempos económicos, tratar de iniciar el esfuerzo con obras y acciones de verdadero impacto social transformador. Al tiempo.