No a la militarización del gobierno civil.
¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?
De entrada, como Gobernador Moral de
Guerrero, afirmo que no fue la mejor solución el haberle otorgado marco legal
constitucional a la participación permanente de las Fuerzas Armadas en materia
de seguridad pública nacional. Tema que la Constitución consagraba de exclusiva
responsabilidad del ámbito civil de los gobiernos. Aun cuando será ahora, dicha
intervención legal “por tan solo seis años”.
Si los gobiernos civiles no pudieron
darle al pueblo mexicano lo mínimo suficiente para llevar una existencia digna,
decorosa y pacífica; es a ellos a quienes debemos de enjuiciar por lo mal que
han gobernado a México durante muchas décadas; aupando y prohijando a una
delincuencia organizada que hoy, cual Frankenstein, se muestra detentadora del
poder sobre las vidas y haciendas en importantes territorios de la nación. Gozando
de una impunidad que nos patentiza la impotencia e incompetencia de las
sucesivas administraciones federales para detenerla. Aunado a la complicidad corrupta
como medio para penetrar a los gobiernos civiles y a las Fuerzas Armadas en los
últimos 25 años.
El ejército mexicano de tiempo atrás y
bajo la égida de buenos comandantes militares, diseñaron una estrategia militar
de carácter constitucional de apoyo al pueblo en casos coyunturales de
desastres naturales. En territorios delimitados y por tiempos definidos: el muy
apreciado “Plan DN-III”. No veo por qué ahora no se pueda implementar otra
estrategia coyuntural, exprofeso, para abatir el narcotráfico y sus
otros pingues negocios ilícitos, que ensangrientan y asesinan a lo mejor de
nuestra reserva social.
En ese tenor y contexto, bien pudieron,
el presidente AMLO, legisladores federales y algunos estatales, delinear y
aprobar una estrategia de combate al delito organizado en territorios
focalizados que acusan circunstancialmente gran vulnerabilidad. Pero no; se
fueron por el camino fácil de tirar el agua pútrida y corrompida -que ellos
mismos cultivaron como clase gobernante y luego no pudieron desaguar- “con todo
y tina; y con el niño adentro”. Se va a dejar en la orfandad presupuesta la
posibilidad de que los estados de la república cuenten con una estructura local
eficaz de seguridad pública.
Si hay algún Estado de la República
que ha sufrido y sabe de los horrores y terrores que causa entre la población
civil un Ejército mal comandado en épocas no beligerantes, es Guerrero.
Hemos sufrido tiempos indignos, miserables,
de atropellos y exterminio humanos que, bajo el amparo de sus uniformes el
Ejército configuró. A título de ejemplo, en el informe de la Comisión de la
Verdad (Comverdad) sobre “La Guerra Sucia” en Guerrero (elaborado por Hilda
Navarrete Gorjón, et al), se da cuenta documentada de testimonios de múltiples
violaciones castrenses a los derechos humanos, cometidos en el decenio de
1969-1979 en la región de la Costa Grande, principalmente.
Desapariciones forzadas de individuos,
lo mismo que desplazamientos sociales involuntarios, ejecuciones
extrajudiciales, fosas y sepultamientos clandestinos, aprehensiones
arbitrarias, torturas, tratos crueles, violaciones degradantes, indignas e
inhumanas a mujeres y niñas, cercos permanentes de control de movilidad de
personas y de abastecimientos alimentarios de pueblos rurales; exterminio de
comunidades enteras; realización de vuelos militares criminales hacia mar
adentro, para arrojar cuerpos de personas; son de las principales atrocidades
cometidas en el plan militar, “La Telaraña”, ordenado por el Presidente de la
República y ejecutado por el Secretario de la Defensa Nacional, de aquél
entonces.
No vengan ahora a decirnos de las
bondades de la participación legal de las Fuerzas Armadas en tareas de índole
civil en Guerrero; que no sean las contempladas por el Plan DN-III. La traición
constitucional, recién aprobada, a iniciativa del presidente AMLO y aprobada,
con ciertos matices, por la mayoría de los legisladores federales,
principalmente de Morena, del PRI, PRD y de ciertas legislaturas locales, es el
reconocimiento oficial de la negligencia, incapacidad, ineficiencia y
complicidad mostrada por los diversos gobiernos y la clase política mediocre
que nos rigen desde décadas atrás. Insisto: es a los malos gobernantes,
políticos y comandantes militares que hemos padecido en los últimos 50 años, a quienes
debemos someter a juicio popular.
Tengamos siempre presente lo que nos
enseña la historia, nacional y universal: meter lo militar permanentemente en
lo que es de competencia civil, deviene cercenar la vida, conculcar la
libertad, abolir la democracia y anular la paz y el progreso humano. Que cada
cual se coloque en el lugar que le corresponde en la escritura de nuestra historia
patria.
PD. Sobre la farsa institucional, para
el desarrollo social y económico de la recién decretada “Octava Región de
Guerrero”, como Gobernador Moral de Guerrero, suscribo las reflexiones del
dirigente social mezcalero de la Sierra, Adán Coria Farfán, publicadas en El
Sur (31/octubre/2022). Es toda una quimera demagógica, por falta real de erario
público, en estos tiempos económicos, tratar de iniciar el esfuerzo con obras y
acciones de verdadero impacto social transformador. Al tiempo.
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