sábado, 28 de enero de 2023

Semana compleja y complicada


Como Gobernador Moral de Guerrero, lamento que en lo que va de enero, hayamos atravesado por varias situaciones difíciles. Dignas de que el gobierno estatal las valorice con la mayor seriedad y celeridad posible, a riesgo de que pronto se encuentre desbordado por las consecuencias nefastas de las mismas, ya que están concatenadas.

 

Destaca la violencia y la inseguridad pública creciente e imparable en todas las regiones del estado, especialmente en las regiones de Acapulco, Centro, Norte y Tierra Caliente. Algunos ciudadanos alistan armas en el medio rural. Probables masacres regionales están a flor de piel. El Estado ocupa, a nivel nacional, el vergonzoso octavo lugar y el municipio de Acapulco el cuarto, en materia de homicidios dolosos.

 

Censurable es que el secretario general de Gobierno, ante el cúmulo de homicidios que suceden, diga que no es gran problema “puesto que se están matando entre ellos mismos” (sicarios de distintos grupos que se disputan el dominio de territorios). Se le olvida que su deber es proteger la vida de todos los habitantes de Guerrero y que los asesinados eran seres humanos, la mayoría, hombres y mujeres jóvenes, surgidos de la pobreza social y de la desesperación económica, al no encontrar trabajo honesto y digno. Entran a la salida falsa que les ofrece la delincuencia simple y la organizada. Esa juventud semi perdida importa y mucho. Forma parte del relevo generacional que asumirá los destinos de estas tierras del sur. También fue omiso, ante el hecho de que también hayan sido víctimas colaterales, un buen número de ciudadanos y elementos de las fuerzas institucionales ya retirados que ni la debían ni la temían. Tratando de minimizar la gravedad del problema, él se minimiza en su deber.

 

Por otro lado, sigue dando tumbos y tropezones la mala administración pública estatal denominada: “El gabinete de la tómbola”. Es un equipo de trabajo que no guarda cohesión; ni la coordinación deseada; exhibe escaso profesionalismo y nula vocación de servicio público. Es murmullo estentóreo que las oficinas de gobierno se han convertido en “corrales de chivos en cristalería” que buscan afanosamente pastura corrupta que comer; o tan solo permanencia holgazana remunerada quincenalmente.

 

Las finanzas públicas estatales siguen en un estado de permanente déficit, por más que la Gobernadora Constitucional, Evelyn Salgado Pineda (ESP) y su “papá incómodo” proclamen austeridad republicana. Como nunca antes había sucedido, emergieron un sin número de manifestaciones, plantones, toma de oficinas, calles y avenidas, en las principales ciudades, por distintas agrupaciones de trabajadores del estado, ante la falta del pago íntegro de sus emolumentos devengados; no obstante que ESP y su “papá incómodo” aprobaron la contratación de empréstitos bancarios privados de corto plazo, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos (67 por ciento más que el préstamo adquirido el año pasado), para solventar los faltantes de fin de año en las nóminas del sector gubernamental. Tal parece que el gobierno estatal se orienta hacia el desastre financiero, tal y como aconteció con su antecesor.

 

Por otra parte, la cámara de diputados local acusa poca transparencia y fraudulento desempeño. Brillan sus incumplimientos de sentencias emitidas por la Corte Suprema de la Nación en su contra. Es de conocimiento público, la alteración en textos de decretos y leyes que aprobó el pleno de los legisladores, pero que fueron modificados unilateralmente en forma ilícita por ciertos diputados. No hay nombramientos de titulares de varios órganos de control interno de instituciones paraestatales. No digamos de la bárbara destrucción de la biblioteca del Congreso local. A pesar de varias “reuniones secretas” que ha sostenido la Junta de Coordinación Política, no ha querido identificar y hacer del conocimiento público a los responsables de esas graves fechorías y yerros. O sea, en el poder legislativo de Guerrero, también prevalece el “Sistema Estatal de Corrupción e Impunidad. S.A. de C.V.”

 

El sistema estatal de salud y educación pública semi colapsado, caracterizado por su corrupción, venta de plazas, desabasto y robo de equipo e insumos; asi como la falta de personal, el no pago a tiempo de nóminas y la falta de mantenimiento de la estructura física establecida; reflejan lo blandengue que han sido los del gobierno estatal para remontar esa desastrosa situación. Las consecuencias directas las sufre el pueblo que ha visto reducir su esperanza de vida y su nivel educativo. Guerrero se convierte, paulatinamente, en un pueblo sin futuro social promisorio.

 

Para colmo de la frivolidad y la bufonería pública, ante una parte del pueblo lacerado, el “papá incómodo” y sus hijas emprendieron una gira artística para festejar el onomástico del primero, en la cual cantaron y bailaron juntos. Exhibieron jolgorio, frivolidad y valemadrismo. Tiempos vendrán cuando tengan que recoger las varas de uso fatuo.

 

La única nota buena de la semana fue el exitoso resultado obtenido en la temporada turística de fin de año, en los principales centros turísticos de Guerrero. Principalmente en Acapulco, aun cuando el puerto ya no genere denarios de oro sino monedas de bronce. Algo es algo. El puerto todavía resiste, a pesar de nuestro empecinamiento por destruirlo, ambiental, económica y socialmente.

 

PD. No se ha logrado vender la Casa Acapulco en beneficio de los indígenas de la Montaña. Por lo que la familia gobernante disfrutó la residencia veraniega de lujo a plenitud, en esta temporada. Sin olvidar que: ¡Primero los pobres!

Legalidad burlada

 

La ley no es un mandato divino, ni tampoco un precepto perfecto y lleno de sabiduría. Son normas establecidas por el ser humano, desde antiguo, para hacer guardar cierto orden en el comportamiento individual y colectivo, buscando una adecuada cohabitación pacífica entre todos, en un territorio específico y en una época dada.

 

En los orígenes del homo-sapiens estas normas de conducta, consensadas o impuestas por los más fuertes o más sabios; eran tradiciones heredadas y trasmitidas en forma oral, para conocimiento de todos y su respectivo acatamiento. Eran prescripciones no escritas para la sobrevivencia tribal.

 

Las leyes más antiguas ya plasmadas en piedras, papiros, fibras de bambú o en papel, datan de la época de bronce de la humanidad. Aparece la gran recopilación hecha en el Código de Hammurabi (1750 AC), para los habitantes de Mesopotamia. Los diez mandamientos de Moisés (1250 AC), para el pueblo hebreo. Los preceptos de Lao-Tse (Siglo IV AC), para el pueblo chino. La Torá, para el judaísmo. El Corán de los musulmanes y los Evangelios, de los cristianos.

 

Para el mundo occidental fueron fundamentales para su estructura legal el Derecho Romano, culminando en el Código Napoleónico (1804 DC), por mencionar algunos pilares históricos de la jurisprudencia universal.

 

Como todo producto humano, las leyes no han sido del todo justas y universales; ni mucho menos han guardado los principios de libertad, igualdad y equidad social. Es más, muchas de ellas, han protegido prácticas discriminatorias, salvaguardando privilegios y fueros de distinta naturaleza. De ahí que no exista siempre su pleno acatamiento, lo que puede dar inicio a la subversión comunitaria y/o una dictadura.

 

Ese conjunto de preceptos conforma el sustrato de lo que en la actualidad se llama el Estado de Derecho, cuyos textos quedan plasmados en las constituciones nacionales y de las leyes que de ellas emanan rigiendo con sus especificidades correspondientes en los países del mundo, tanto a personas físicas como a las morales.

 

Expreso lo anterior porque acapararon el comento-dromo de la semana, los últimos sucesos acontecidos en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a resultas del descubrimiento de que la tesis con la que se graduó de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma de México (UNAM), la todavía hoy ministra Yasmín Esquivel, resultó ser un plagio de la susodicha y que, (por si fuera poco) se proyectaba como futura Magistrada presidente de la SCJN, apadrinada por “el que ya se imaginan”

 

Afortunadamente fue detenida tal pretensión aberrante, que es todo un monumento a la amoralidad. Esos aconteceres, han provocado, como nunca antes, gran pérdida de autoridad moral a la SCJN al ser la máxima institución de impartición de justicia nacional.

 

Dictaminado y certificado que fue el plagio de tesis por las autoridades de la UNAM, inexplicablemente ni esa institución académica, ni la SCJN, ni la Secretaría de Educación Pública federal, han tenido el suficiente valor para darle cauce a la demanda administrativa de nulidad, al título universitario conferido a la “magistrada” falsaria que ahora laboralmente lo ejerce, flagrantemente, bajo el cobijo de una impunidad otorgada por las máximas instituciones gubernamentales y académicas de México. Hasta a la Fiscalía General de la CDMX quedó metida y mal parada en este desaguisado.

 

Atentos al tema de la inexistencia y la nulidad de los actos jurídicos, el artículo 2,226 del Código Civil Federal de nuestro país establece lo siguiente: “La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.”

 

Este es uno de los ejemplos relevantes de cómo la ley la tuercen y la evaden los que deben de salvaguardarla. Con eso dan respaldo al dicho popular que “la ley está al servicio del mejor postor” y que, los malos pobres están en la cárcel, pero los malos ricos están gozando de cabal salud, libertad y prosperidad.

 

PD. Le pregunté a un amigo que labora en las oficinas de la Rectoría de la UAGRO: Aproximadamente ¿cuántas personas con título apócrifo o “patito” se desempeñan profesionalmente en Guerrero? Me contestó lacónico: “Un chingo y dos montones” ¡Vaya usted a saber!

 

porelrescate@hotmail.com

 

 

 

viernes, 13 de enero de 2023

El impuesto predial en cinco actos

 Héctor Manuel Popoca Boone.

Acto I. A principios de su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, exhorto a todos los ayuntamientos del país a redoblar sus esfuerzos en la captación del impuesto predial, puesto que el Gobierno federal disminuiría las aportaciones federales anuales destinadas a complementar el erario de las comunas.

La razón esgrimida fue que su programa de gobierno sexenal requería cuantiosos recursos para realizar cuatro megaproyectos para los cuales no acudiría a la deuda externa para financiarlos. En otras palabras, recogería las “canicas” presupuestales federales que se distribuían a los municipios y estados, para de esa manera darle suficiencia presupuestal a sus proyectos estratégicos y a sus amplios programas de protección social. (Apoyos directos económicos a la población).

Acto II. Con mueca de contrariedad, los presidentes municipales no han aceptado de buen agrado tal exhorto recaudatorio, en virtud de que la captación fiscal, por su propia naturaleza, no les es redituable políticamente hablando, para sus próximos propósitos personales electorales. De tal suerte que, el gobernante municipal trata de evitar incrementar el impuesto predial sabedor de la impopularidad que eso le acarrea. Y como en su futuro vislumbra una diputación local o federal, o cuando menos la relección de su mandato municipal, considera contraproducente implementar una acción gubernamental de fuerte desagrado para la comunidad.

Es un hecho que, en estos últimos cuatro años, la recaudación del impuesto predial no se ha incrementado sustancialmente; lo que imposibilita otorgar servicios públicos municipales en mayor cuantía, cobertura y con mejor calidad a las ciudades y/o comunidades que experimentan fuerte crecimiento urbano y poblacional. No se diga de los déficits de obra pública, sobre todo la que no se ve y que sí se siente, aunque no es políticamente llamativa, como son los rellenos sanitarios, las obras de agua entubada, drenaje y alcantarillado, las plantas tratadoras de aguas residuales, entre otras. Por no hablar de la seguridad pública, recolección de basura, suministro de agua y alumbrado público.

Acto III. La ciudadanía muestra irritación por el alza de los impuestos. No tanto por no querer cumplir con su obligación fiscal cuando ésta guarda justeza, equidad y progresividad y cuando se lo pide un gobierno honesto y transparente. También es renuente por dos factores más, a saber: Son tiempos de estragos a nivel familiar, a consecuencia del prolongado padecer que ha representado la pandemia del Covid-19 y sus secuelas en la salud; así como sus efectos reduccionistas en la actividad económica que merma el poder de compra, acentuado por el incremento de los precios de los productos a causa de una inflación que no cesa de subir.

El enojo ciudadano es mayor cuando saben que buena parte de esos impuestos sobre los inmuebles particulares, van a parar a los bolsillos directos de los gobernantes y funcionarios públicos corruptos; o cuando son dilapidados en cosas superfluas.

Acto IV. Es complejo incrementar la recaudación del impuesto predial porque en la mayoría de los municipios, las cabeceras municipales o parte de ellas, están asentadas en tierras ejidales y/o comunales, cuyo uso legal del suelo no es urbano y, por tanto, pueden sustraerse del pago de dicho gravamen sin óbice de contar con los servicios públicos urbanos que el ayuntamiento otorga. En la reconversión del uso del suelo puede ayudar mucho el gobierno federal, pero no lo hace.

Acto V. En términos generales, los padrones catastrales están desactualizados e incompletos. Ni están todos los que son; ni son todos los que están. Los valores establecidos no corresponden a los estándares económicos aplicados en otros de entidades vecinas, con similitud socioeconómica; existiendo también sobornos de particulares y empresas para mantenerlos abatidos, sobre todo aquellos de gran valía comercial.

Colofón: Los ingresos municipales son pocos y los egresos son muchos. Agréguele la insensibilidad de los diputados locales para este tema. Por eso tenemos alcaldías de “tercer mundo” con servicios municipales de “quinto mundo”. (Juan Angulo, dixit).

PD1. Como Gobernador moral de Guerrero no me pidan defender lo indefendible; en cuanto a errores que comete el presidente de la República. Flaco favor le hacemos a nuestro país.

PD2. Intuyo que los cuantiosos gastos incurridos por la gobernadora constitucional y su “papá incómodo,” en el contingente de Morena-Guerrero que acudió a la marcha de apoyo a AMLO a la CDMX (en cómodos autobuses. sombreros de Tlapehuala, dos camisetas por persona, sabrosas y suficientes tortas y jugos), fueron con cargo a la partida presupuestal genérica “apoyos institucionales” del DIF estatal. Estado pobre, acarreo de lujo.

Porelrescate@hotmail.com