La ley no es un mandato divino, ni
tampoco un precepto perfecto y lleno de sabiduría. Son normas establecidas por
el ser humano, desde antiguo, para hacer guardar cierto orden en el
comportamiento individual y colectivo, buscando una adecuada cohabitación
pacífica entre todos, en un territorio específico y en una época dada.
En los orígenes del homo-sapiens
estas normas de conducta, consensadas o impuestas por los más fuertes o más
sabios; eran tradiciones heredadas y trasmitidas en forma oral, para
conocimiento de todos y su respectivo acatamiento. Eran prescripciones no
escritas para la sobrevivencia tribal.
Las leyes más antiguas ya plasmadas en
piedras, papiros, fibras de bambú o en papel, datan de la época de bronce de la
humanidad. Aparece la gran recopilación hecha en el Código de Hammurabi (1750
AC), para los habitantes de Mesopotamia. Los diez mandamientos de Moisés (1250
AC), para el pueblo hebreo. Los preceptos de Lao-Tse (Siglo IV AC), para el
pueblo chino. La Torá, para el judaísmo. El Corán de los musulmanes y los
Evangelios, de los cristianos.
Para el mundo occidental fueron fundamentales
para su estructura legal el Derecho Romano, culminando en el Código Napoleónico
(1804 DC), por mencionar algunos pilares históricos de la jurisprudencia universal.
Como todo producto humano, las leyes no
han sido del todo justas y universales; ni mucho menos han guardado los
principios de libertad, igualdad y equidad social. Es más, muchas de ellas, han
protegido prácticas discriminatorias, salvaguardando privilegios y fueros de
distinta naturaleza. De ahí que no exista siempre su pleno acatamiento, lo que puede
dar inicio a la subversión comunitaria y/o una dictadura.
Ese conjunto de preceptos conforma el
sustrato de lo que en la actualidad se llama el Estado de Derecho, cuyos textos
quedan plasmados en las constituciones nacionales y de las leyes que de ellas
emanan rigiendo con sus especificidades correspondientes en los países del
mundo, tanto a personas físicas como a las morales.
Expreso lo anterior porque acapararon
el comento-dromo de la semana, los últimos sucesos acontecidos en el
seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a resultas del
descubrimiento de que la tesis con la que se graduó de la Licenciatura en Derecho,
en la Universidad Autónoma de México (UNAM), la todavía hoy ministra Yasmín
Esquivel, resultó ser un plagio de la susodicha y que, (por si fuera poco) se
proyectaba como futura Magistrada presidente de la SCJN, apadrinada por “el que
ya se imaginan”
Afortunadamente fue detenida tal
pretensión aberrante, que es todo un monumento a la amoralidad. Esos
aconteceres, han provocado, como nunca antes, gran pérdida de autoridad moral a
la SCJN al ser la máxima institución de impartición de justicia nacional.
Dictaminado y certificado que fue el
plagio de tesis por las autoridades de la UNAM, inexplicablemente ni esa
institución académica, ni la SCJN, ni la Secretaría de Educación Pública
federal, han tenido el suficiente valor para darle cauce a la demanda
administrativa de nulidad, al título universitario conferido a la “magistrada” falsaria
que ahora laboralmente lo ejerce, flagrantemente, bajo el cobijo de una
impunidad otorgada por las máximas instituciones gubernamentales y académicas
de México. Hasta a la Fiscalía General de la CDMX quedó metida y mal parada en este
desaguisado.
Atentos al tema de la inexistencia y
la nulidad de los actos jurídicos, el artículo 2,226 del Código Civil Federal
de nuestro país establece lo siguiente: “La nulidad absoluta por regla general
no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán
destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella
puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la
prescripción.”
Este es uno de los ejemplos relevantes
de cómo la ley la tuercen y la evaden los que deben de salvaguardarla. Con eso
dan respaldo al dicho popular que “la ley está al servicio del mejor postor” y
que, los malos pobres están en la cárcel, pero los malos ricos están gozando de
cabal salud, libertad y prosperidad.
PD. Le pregunté a un amigo que labora
en las oficinas de la Rectoría de la UAGRO: Aproximadamente ¿cuántas personas
con título apócrifo o “patito” se desempeñan profesionalmente en Guerrero? Me
contestó lacónico: “Un chingo y dos montones” ¡Vaya usted a saber!
porelrescate@hotmail.com
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