Héctor Manuel Popoca Boone.
“¡No vamos a
endeudar al país!”, eso dijo y repitió el presidente de la República, Andrés M.
López Obrador (AMLO), en diversos años de lo que va de su mandato federal. Sin
embargo, los números son fríos. En 2018, la deuda pública era de 10.5 billones
(millones de millones de pesos); en 2019,10.8 billones; en 2020,12 billones; en
2021,13.1 billones; en 2022, 14 billones; 2023,14.8 billones y en el 2024, el
ejecutivo federal pretende incrementarla a 16.7 billones. No es un crecimiento
alarmante, pero no deja de habernos mentido AMLO, una vez más.
En el ámbito
gubernamental para proporcionar servicios y obras públicas a la población, hay
que tener erario; es decir, recursos económicos. Para poseerlos, hay que afanarse
en tener una buena recaudación fiscal, como principal opción para soportar el
gasto no solo de servicios, consumos o pagos de deuda pública vencida; sino
también para gastos de inversión en programas y proyectos productivos, de corto
y mediano plazo, que, por sí mismos, generen ingresos para su mantenimiento,
auto recuperación y expansión posterior.
Si el gobierno no
tiene para dar y distribuir recursos económicos para diversos fines, incurre en
lo que se denomina déficit público; y acude a préstamos, internos o externos,
para cubrirlos y se etiquetan como deuda pública; pagadera en un próximo futuro
con sus respectivos intereses, a partir de los impuestos recabados, además de
otros derechos, productos y aprovechamientos. Si los ingresos gubernamentales que
se esperan obtener (ya sea como país, estado o municipio) no son suficientes
para pagar la deuda pública contraída en los plazos estipulados, el país se
sitúa en la insolvencia financiera y los bancos cancelan la posibilidad de
adquirir ulteriores préstamos; o bien, dictan medidas draconianas contra la
economía de la mayoría de la población, tal y como acostumbra hacerlo el Fondo
Monetario Internacional.
Según cifras
contenidas en la ley de ingresos del gobierno federal del año 2018, al inicio
de la administración de AMLO el “déficit público” era equiparable a un 2.3 por
ciento del PIB -riqueza socialmente producida en forma anual en un país
determinado-. Para el año del 2024, se estima represente un 5.4 por ciento del
PIB nacional. O sea, 2.3 veces más.
O sea, los ingresos
públicos propios esperados en el próximo año no serán suficientes para cubrir
los gastos que se piensan realizar. El monto adicional de deuda pública que se
generará, necesariamente tendrá que cubrirse con esfuerzos de recaudación
fiscal que los gobiernos federales realicen en los próximos sexenios; ya que un
país que tiene una base de recaudación fiscal baja, como la que tiene México,
en comparación con otros países de similar crecimiento y desarrollo económico,
tendrá que incrementarla para poder afrontar los niveles del déficit esperado, así
como la deuda pública adicional a contratar. Además de que una recaudación
tributaria muy rala provoca inmediatamente reducción del gasto en educación,
salud, seguridad e infraestructura básica.
El monto que propone
AMLO para que sea aprobado como presupuesto de egresos para el año venidero, asciende
a 34.4 billones de pesos que no se podrán cubrir tan solo con ampliar la base
gravable combatiendo la evasión y/o elusión fiscal. Será necesario para
mantener finanzas públicas sanas una reforma fiscal que permita una tributación
más progresiva; es decir que paguen más, los que más tienen; cuestión que a
AMLO le causa renuencia hacerlo. En eso, no quiere tocar AMLO a los poderosos
magnates empresarios, ni con el pétalo de una “amapola”. Los fifís también
gozaron de privilegios en el presente gobierno federal.
Es permisible
incrementar la deuda pública para detonar un mayor crecimiento económico
nacional, …hasta determinado monto. Siempre y cuando se tenga la seguridad de
que en el futuro se obtendrán los suficientes ingresos fiscales para pagarla.
Cuando no se tiene una buena recaudación de impuestos y no puedes reducir
programas -por estar en un contexto de austeridad- y si además no se generaron
con anterioridad ahorros públicos, es riesgoso e imprudencial pedir prestado, o
colocar en demasía bonos gubernamentales o peor aún, recurrir a la maquina de
hacer billetes que no tengan respaldo en la riqueza social que se espera
generar que, como ya mencioné, ascenderá a 34.4 billones de pesos (PIB). Lo que
se piensa gastar son 56.1 billones de pesos por lo que el déficit será mucho
mayor.
Con la nueva
deuda pública a contratar, AMLO pretende concluir todos sus principales
programas que realizó a lo largo del sexenio O sea que el gobierno acudirá a
deuda pública para poder transferir recursos directos a la población cuyo
destino final será el consumo y terminar de financiar sus proyectos
estratégicos, cuyos puntos de equilibrio económico se alcanzarán a mediano
plazo, a excepción del tren transístmico y la refinería Olmeca, que serán de
alta tasa interna económica de retorno.
Hay que
advertir que algunos gobiernos para subsanar los déficits que tienen
imprudentemente, generan deuda pública también impagable, pues la destinan al
despilfarro, dejando a gobiernos futuros su liquidación total; estrechándoles así,
su capacidad para bien gobernar.
Reitero: cuando
una economía no crece y permanece estancada, no se genera materia gravable, ya
sea con impuestos en base al trabajo o al ingreso. Peor, si su economía gira
más en la esfera de lo informal que en lo formal. Recordemos que, en tiempos de
fuerte pandemia, México vio caer su PIB anual en 8 por ciento; y que para
recuperar lo perdido nos llevaría de tres a cuatro años, si es que nos
mantuviéramos en un crecimiento económico anual del 3 por ciento real neto.
PD. Y allá en
lontananza, se oye clamar a una mujer: ¡Nomás rateros! ¡No más guevones! ¡No
más pendejos!
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