Héctor Manuel Popoca Boone.
Como otrora funcionario público estatal, me tocó la
responsabilidad de coordinar los trabajos de las instituciones federales y
estatales que participaron en la rehabilitación del medio rural del municipio
de Acapulco ante los estragos ocasionados por el huracán Paulina en octubre de
1997. Lo hice bajo un acuerdo que tuvieron en ese entonces, el presidente de la
República, Ernesto Zedillo y quien era gobernador interino de Guerrero, Ángel Aguirre
Rivero.
Lo primero que hicimos las dependencias participantes
fue establecer una coordinación única de operación y autorización de recursos emanados
del hoy extinto, Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), además de
los presupuestos que ya tenían autorizadas las dependencias en sus programas
normales. Los que no vivíamos en Acapulco, rentamos un departamento para la
oficina de coordinación y habitaciones en un hotel de tres estrellas, por tres
meses, para residir permanentemente en el puerto. Nuestras oficinas en
Chilpancingo estarían para toda la gestión secretarial-documental requerida.
Era valiosa la
colaboración para actuar como un solo equipo de trabajo. La conjunción de
recursos materiales, económicos y humanos fue fundamental; así como el
destierro de toda burocratización dejando a un lado las “reglas de operación”
en virtud de que estábamos actuando en condiciones de emergencia ante un
desastre natural de gran calibre.
Una vez constituidos
los grupos interinstitucionales de trabajo procedíamos a delimitar el campo de
acción territorial para definir responsabilidades y logro de resultados en las
tareas y en la entrega de apoyos a los damnificados. Los puntos de acción de
primer nivel (los más cercanos a la población) fueron en lo rural: ejidos o
bienes comunales, y en lo urbano: colonias o barrios. El segundo nivel de
atención y coordinación lo conformaban varios puntos de atención de primer
nivel, en donde se establecía una coordinación micro regional. Ahí se
establecía una bodega de acopio de apoyos de emergencia (agua, víveres, ropa,
enseres domésticos, tanto gubernamentales como de aportaciones civiles, etc.),
así como de herramientas e insumos para la rehabilitación primaria del
patrimonio dañado, ya fueran viviendas o parcelas. El tercer nivel de atención
era de tipo zonal en donde se ubicaba un almacén regional de acopio de apoyos;
misma que se encargaba de abastecer a las bodegas del segundo nivel de
atención, así como de llevar el control y registro de lo demandado, programado
y entregado en la región bajo su responsabilidad.
Como era de esperarse,
comenzaron a pulular “lucradores sociales” y políticos de toda laya, con listas
numerosas de damnificados para que se les atendieran inmediatamente. A la par, políticos
y funcionarios públicos empezaron a controlar los centros de acopio de apoyos y
donaciones civiles que llegaban al puerto (principalmente de habitantes del
valle de México) para su ulterior lucro político en beneficio personal.
Ante tal situación el presidente Ernesto Zedillo,
ordenó que, en el marco del Plan DN-III-E, el ejército tomara el control
absoluto y administración de los almacenes, bodegas y espacios de almacenamiento
habilitados; permitiendo solamente a la Cruz Roja hacerlo también. Los soldados
y mandos del DN-III-E únicamente podían firmar la salida de mercancía,
comestibles, agua embotellada y ropa, en las cantidades solicitadas por escrito,
por los coordinadores del programa de rescate.
En la coordinación para el rescate del medio rural de
Acapulco, tomamos la decisión de no aceptar listado alguno, sino ir a cada
pueblo o comunidad para que en asamblea pública comunitaria y a la vista de
todos se levantara la lista de las familias damnificadas. Deberían de
abstenerse de participar en dichas asambleas: partidos políticos y sus líderes,
legisladores y funcionarios públicos que no pertenecieran a la Coordinación. Pudimos
mantenerlos a raya, gracias al apoyo decidido de las propias autoridades comunitarias.
Los apoyos eran
entregados en forma programada y escalonada según su naturaleza. Lo inmediato y
urgente fue la distribución de agua, ropa, víveres y dotar de medicamentos de
primeros auxilios y antibióticos a las casas de salud, así como el inicio de
campañas contra plagas y enfermedades provocadas por agua y alimentos
contaminados. Después se entregaron los materiales, insumos y
herramientas para apuntalar viviendas y parcelas. Posteriormente, se otorgaron
apoyos económicos equivalentes al salario mínimo de un mes, por trabajos
realizados y constatados para la rehabilitación de su parcela a través del
programa de empleo temporal.
La entrega de
auxilios fue en forma directa a cada uno de los beneficiarios y en el seno de
asambleas públicas de pueblo ante la presencia de las autoridades comunitarias.
Quedó estrictamente prohibido todo intento de lucro político, económico o
social por parte de organizaciones sociales políticas, líderes de partidos
políticos, funcionarios públicos o policías. A quienes intentaban hacerlo se
les denunciaba públicamente y se les pedía su retiro, sin distinción de
jerarquías.
En la primera
asamblea se levantaba el padrón y ahí mismo se les entregaba un primer paquete de
apoyo familiar consistente en comestibles para quince días, botellas de agua
potable, y medicinas para combatir el dengue y el paludismo. Así mismo un
paquete de herramientas agrícolas (pico, pala, machete y carretilla), postes y
alambres de púas, para rehabilitar sus predios inundados y/o destrozados; así
como un saco de semillas mejoradas de rápida germinación para que volvieran a
sembrar maíz o pasto, y así aprovechar la humedad residual del suelo. A las dos
semanas regresábamos a revisar los trabajos pactados con los damnificados (mediante
muestreo) y al ser verídicos, les entregábamos el pago de 15 días laborados en
la reparación de sus propias parcelas, bajo la consigna de “parcela trabajada,
parcela apoyada”. A las cuatro semanas de trabajar, les pagábamos la totalidad
de los jornales del mes trabajado previa constatación muestral del trabajo
comunitario terminado. Bajo este método trabajamos más tiempo en la entrega de
los apoyos, pero nos aseguramos que les llegaran íntegros y en la misma
cantidad por hectárea (máximo tres) a todos sin padrones inflados. Al mismo
tiempo tuvimos la oportunidad de atender a todas las comunidades rurales de
Acapulco: desde Las Pozas en la Zona Diamante hasta las indígenas montañosas de
Acalmani y Apanhuac de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
La honestidad, la
focalización hacia los más perjudicados, la transparencia y la eficiencia en la
aplicación de los programas de ayuda fueron claves para el éxito de los mismos.
Condición indispensable para todo lo anterior fue darle prioridad a la
restauración de la infraestructura básica de caminos, carreteras, puentes y
medios de comunicación; así como servicios públicos de agua, electricidad, alumbrado,
telefonía y seguridad pública.
La restauración de la
vida “normal” de Acapulco y otros municipios afectados de la Costa Grande,
tardará más en la medida en que no busquemos y contemos con la participación y
la coordinación adecuada de la ciudadanía en las tareas de rescate. Ello es
necesario dado el tamaño de los daños y porque solo el gobierno federal no
podrá.
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