Héctor Manuel Popoca Boone.
La recién aprobada, Ley General de Protección Civil
(LGPC), parte de una plataforma ficticia para su observancia y vigencia.
Considera que la geografía y la climatología en todo el territorio nacional es
homogénea. No es así; predomina lo heterogéneo y pretender dar trato de iguales
a desiguales profundizara la desigualdad existente. No todas las entidades
federativas tienen el mismo grado de riesgo y vulnerabilidad. Además, “No
importa solamente la intensidad del fenómeno natural para generar daños en la
sociedad, sino que el total de daños también se refiere a los contextos de
vulnerabilidad que una sociedad por sí misma genera o provoca en el transcurso
del tiempo” *
A iniciativa del Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, los diputados federales de Morena y otros aprobaron la
nueva LGPC que regirá en México y que perjudica seriamente al estado de
Guerrero -entre otras entidades federativas-; en virtud de que se traslada
directamente y en un primer momento, la responsabilidad de atender los
desastres naturales a los gobiernos estatales y municipales donde acontecen los
eventos; desprendiéndose de tal responsabilidad el gobierno federal, no
obstante que es el nivel de gobierno que recauda la mayor cantidad de impuestos
en todo el país. Es una injusticia anti federalista grande. Estas tierras del
sur se caracterizan por estar ubicadas geográficamente en latitudes donde se
presentan con mayor intensidad y frecuencia tales eventos catastróficos.
Recordemos que geológicamente somos vecinos de la “Falla de San Andrés”.
En Guerrero se presenta uno o más meteoros
climatológicos (mar de fondo por el cambio climático, por ejemplo),
hidrológicos (huracanes, tormentas tropicales, desborde de ríos, estiajes
prolongados), eventos sísmicos (terremotos de diverso grado y naturaleza).
Todos ellos, las más de las veces devastadores; ocasionando pérdida de vidas
humanas, viviendas, centros de trabajo, destrucción ecológica, infraestructura
urbana, cosechas siniestradas, incendios forestales, vías de comunicación
terrestre truncadas, derrumbe de puentes y, en general, la semi paralización de
la actividad educativa, económica y social de pueblos y ciudades. No solo son
desastres naturales, son desastres convergentes.
La estadística histórica indica que Guerrero es un
estado de alto riesgo en materia de siniestros y catástrofes. Al mismo tiempo
es un estado muy vulnerable por cuanto a su orografía abrupta, sempiterna escases
de recursos económicos; de infraestructura y equipamiento para enfrentarlos y
defender la vida de la población la cual es en su mayoría, pobre.
Es un hecho que el Gobierno del Estado de Guerrero no
recaba suficientes contribuciones económicas para enfrentar, junto con los municipios,
desproporcionado cometido. Sus montos fiscales son inferiores en relación a
otros estados de la nación que gozan de un crecimiento económico más vigoroso.
Eso conlleva a tener recurrentemente un déficit anual en las finanzas públicas estatales
y municipales las cuales dependen en más de 98 por ciento de las transferencias
de recursos federales; bien sea como participaciones o aportaciones federales. La
LGPC recién aprobada, nos deja en una indefensión mayúscula y de gran espectro,
puesto que tampoco tenemos la cuantía de recursos económicos para pagar
aseguramientos de esa naturaleza.
Los costos humanos, materiales, económicos, sociales y
de hábitats que causan los desastres naturales y “antrópicos” son enormes. Como
datos ilustrativos consigno lo siguiente: El huracán Pauline (1997) ocasionó pérdidas
por 448 millones de dólares. La tormenta tropical Manuel, en el año de 2013, provocó
pérdidas estimadas en 2,270 millones de dólares*. La empresa internacional de
análisis de riesgos, Enki Research, proporciona un cálculo primario de las pérdidas
económicas causadas por el huracán Otis (2023) en alrededor de 15 000 millones
de dólares.
Ya de por sí, cuando el gobierno federal tenía el
deber y la primera responsabilidad de afrontar los desastres naturales que se
presentaran en cualquier parte del territorio nacional, su histórico burocratismo,
congénito a un centralismo de facto, nos provocaba angustia y desesperación
porque no llegaban las ayudas y los apoyos a tiempo ni en la cantidad
suficiente, para salvar vidas y bienes con oportunidad. En cambio, desde ahora
el gobierno federal actuara tan solo como coadyuvante -si es que así lo decide-
y lo hará con mucho mayor lentitud que, seguro estoy, rayará en mucha
irresponsabilidad gubernamental. Al tiempo.
*Rodríguez Esteves, J. M. (2017). Los desastres recurrentes en
México: El huracán Pauline y la tormenta Manuel en Acapulco.
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