Héctor Manuel Popoca Boone
Como Gobernador Moral de
Guerrero lamento los desatinos de la gobernadora constitucional del estado,
Evelyn Salgado Pineda (ESP) y expreso, una vez más, mi desaprobación a la
conducta injerencista y grotesca de su “papá incómodo” en los recientes
nombramientos gubernamentales que causaron el enardecimiento de los estudiantes
normalistas de Ayotzinapa y fueron motivo principal del incendio vandálico en el
recinto sede del poder ejecutivo estatal.
Tal incendio y
destrucción de bienes muebles tiene como antecedente social mediato (hace 30
días) el asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa por parte de un policía
estatal. El policía implicado directo en el crimen, fue retenido, pero después diose
a la fuga de quienes debieron ponerlo de inmediato a la disposición de las
autoridades correspondientes para las investigaciones del caso. Fue notoria la connivencia
de los cuerpos policíacos para otorgar impunidad al sujeto guardado.
El suceso le produjo una
contrariedad mayúscula al presidente de la República, Andrés M. López Obrador
(AMLO), quien de inmediato -infiero- dio la orden (a tras mano) a la
gobernadora estatal, Evelyn Salgado Pineda, de destituir a los titulares -dos militares
de alta jerarquía federal- que tenían bajo su mando la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal y la Fiscalía General Estatal; así como de sustituir también al Secretario
General de Gobierno (ex colaborador del “papá incómodo” de la gobernadora), por
mostrar tolerancia a la negligencia criminal de sus subordinados y, aún más, construir
en posteriores días varias versiones contradictorias sobre los hechos
acontecidos; que más allá de decir la verdad esclarecedora del crimen tendían a
crear una red de mentiras y encubrimientos para que el presunto culpable, perteneciente
al cuerpo policiaco estatal, eludiera la aplicación de la justicia. La
resonancia del crimen hizo que la investigación la atrajera la Procuraduría
General de la República que logró la recaptura del presunto.
Con la probable
indicación presidencial de remoción de los funcionarios estatales mencionados, imprudentemente
la gobernadora nombra como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal a otro militar Y como uno de los principales subsecretarios de gobierno,
a un colaborador directo del secretario destituido. Estos últimos nombramientos
fueron la causa principal de que los jóvenes de Ayotzinapa se enardecieran, los
consideraran como burla y ofensa, y cometieran los actos ilícitos ya
mencionados.
Reprobable también es la
indicación dada mediante documento escrito por el senador, Félix Salgado
Macedonio, a quien fungía como subsecretario de gobierno, para que renunciara y
así allanar el nombramiento respectivo de la gobernadora a una persona que ya
estaba involucrada en las acciones para otorgar impunidad del fugado y
recapturado presunto homicida. Es decir, la gobernadora realiza forzadamente
los cambios para que nada cambie (Lampedusa, dixit). ¡Pobre Guerrero! ¡Pobre
Evelyn! Del desgobierno de estas tierras del sur seguirá teniendo
responsabilidad compartida y a la vez continuará manipulada por su papá
incómodo. De no rectificar ese nombramiento advierten los estudiantes de
Ayotzinapa, el problema no termina, sino que se remasteriza. ¡Uf!
Adenda: En contraposición a la
observancia de la ley constitucional estatal, la cual niega, de nueva cuenta,
la justicia autonómica en el medio indígena, se instaló por parte de diversos
pueblos -teniendo como sede la comunidad de Tilapa-, del municipio de
Malinaltepec en la Montaña, el inicio de operaciones del “Sistema de Justicia, Seguridad y
Resguardo Territorial Indígena” (SERTI) ante la amenaza real de que: a) organizaciones
criminales penetren en sus territorios y controlen la vida de los pueblos, b) empresas
mineras extractivistas se apropian de sus recursos naturales y c) la permanente
crisis de gobernabilidad existente en la región.
El SERTI estará en estrecha comunicación
con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que fue fundada
en la región de la Montaña en el año de 1995,
para hacer frente a los asaltos, violaciones de mujeres, robos de ganado,
viviendas, ante la inacción y desatención de las instituciones de seguridad
pública del estado. Ahora, además de lo anterior, establecerán una alianza las dos organizaciones indígenas para evitar
que el crimen organizado y las empresas extractivistas se apropien de la vida
de sus pueblos y de sus recursos naturales. Cuando una ley no es congruente con
el cuidado de la vida de los pueblos es legítimo que estos no la acaten.
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