Héctor Manuel Popoca Boone.
Coincido con quienes
opinan que los asesinatos ocurridos en el poblado de La Concepción de los
bienes comunales de Cacahuatepec tienen
como marco de referencia histórico el saqueo sistemático de los recursos
naturales y energéticos que poseen los pueblos, realizado por algunos
encumbrados políticos y gobernantes que integran el Estado Mexicano y ciertas corporaciones
empresariales nacionales y transnacionales poderosas.
Las tierras de
Cacahuatepec han sido codiciadas de muchos años atrás para construir en ellas
una gran presa hidroeléctrica y un mega proyecto turístico en el embalse de
agua que se formará. Estamos hablando de inversiones de miles de millones de
pesos y sus pingues ganancias que dejará a voraces capitalistas salvajes, por
deshumanizados y depredadores.
La resistencia y lucha,
ejemplar a nivel mundial, que por décadas han dado la Cecop y su emblemático
dirigente Marcos Suástegui, entre otros, para resistir y evitar dicho macro
latrocinio (siempre inducido por el Estado Mexicano), les ha costado vidas, encarcelamientos,
torturas, represiones, marginaciones y un sin número de amenazas por parte de
los malos gobiernos de carácter federal, estatal y municipal.
El antecedente
inmediato anterior de la actual barbarie tuvo lugar el 9 de junio del 2017,
cuando toda una familia de 7 integrantes -hombres, mujeres y niños- del poblado
de San Pedro de dicho núcleo agrario, fue asesinada por paramilitares escudados
en las siglas de la UPOEG y cuyos crímenes hasta el día de hoy permanecen en la
total impunidad obsequiada por las autoridades correspondientes.
Los comunicados de
prensa oficiales no dan cuenta que los fatales sucesos acaecidos en la
madrugada y medio día del pasado domingo en La Concepción, surgieron posiblemente
de un acto provocador de un individuo que fue a mear frente a la policía
comunitaria y las oficinas de la CRAC-PC en dicho poblado. Dando inicio a dos encuentros
armados y posibles ejecuciones extrajudiciales que arrojaron 11 personas
muertas.
Tampoco informa el
gobierno estatal que dentro de las personas detenidas sujetas a re-educación
que tenía la policía comunitaria estaba un siniestro y connotado para-militar
de San Luís Acatlán que se hace llamar por diversos nombres y que fue liberado
por las fuerzas armadas institucionales que participaron en la misión policíaca
de desarme. Dicho sujeto estaba siendo investigado por la CRAC por su presencia
en Cacahuatepec desde diciembre pasado, ante versiones que había sido
contratado por terceras personas como sicario para dar muerte a Marcos
Suástegui.
Inverosímil resulta que
con una sola llamada al teléfono de emergencia 911, el Estado mexicano realice
una desmesurada y mortífera incursión punitiva de fuerzas armadas integradas
por el ejército, policías federales, estatales y agentes ministeriales, en un
número aproximado de 200 elementos.
Aunado a lo anterior el
primer informe de visita de campo realizada por la ONU-DH da a conocer de
varias irregularidades atentatorias a los derechos humanos por parte del Estado
mexicano. Todo eso da pie a la conjetura personal que la masacre ocurrida en el
poblado de La Concepción bien pudo haber sido orquestada con antelación y
premeditación.
Por último y no menos
importante, las agresiones, físicas y verbales, robo de memorias fotográficas,
así como amenazas padecidas por diversos periodistas y fotógrafos de diferentes
medios de comunicación masiva que en ese día y en ese poblado cumplían con su
labor profesional, dan paso a la conjetura de que el Estado mexicano además de
atentar contra el derecho a la información y expresión pública se vuelve
cómplice de los delitos, al intentar ocultar hechos o destruir evidencias de graves
violaciones de los derechos humanos, tal y como lo manifestó la ONU-DH.
Conclusión. Por su
desempeño irregular, parcial y de escaza credibilidad es prudente que la cadena
de mandos de la coordinación de los tres niveles de gobierno que dieron las órdenes
de incursionar punitivamente en la Concepción el 7 de enero, se separen de sus
cargos y que instancias idóneas internacionales realicen una exhaustiva e
imparcial investigación de los hechos, para que se conozca la verdad integra y
se apliquen las responsabilidades correspondientes.
PD. Mañana domingo 14
de enero, se efectuará la tercera reunión de la Coordinadora de Organizaciones
Sociales Rurales de Guerrero, a favor de AMLO. Presidente. en el Auditorio de
Ingeniería. UAGRO. Campus Chilpancingo, a partir de las 9 horas.
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