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A lo largo de la historia de la humanidad, los despojadores de
territorios y recursos naturales de los pueblos originalmente posesionarios, han
usado diversos medios y formas para arrebatárselos. Desde la más brutal, a
través de las armas y la violencia mediante guerras de conquista, hasta las
arropadas en transacciones mercantiles inicuas, ejemplificadas en la
apropiación de piezas de oro a cambio de cuentas de cristal. O para no ir tan
lejos, el despojo legalizado de terrenos con vocación turística o de expansión
urbana comprados a precios irrisorios a ejidatarios y comuneros pobres.
Cuando aquellos que desean apoderarse de bienes naturales que les son ajenos
y ya no pueden consumar sus saqueos por la vía de la violencia directa o del
engaño vil, pasan a echar mano de argucias leguleyas y autoridades interesadas
para concretar sus rapiñas. Tal ha sido el caso en México de los famosos
deslindes territoriales o las concesiones de recursos forestales, mineros y
energéticos, a espaldas y sin el consentimiento de sus auténticos poseedores. Con
un escudo legal a modo, los poderosos, política y económicamente hablando, realizan
el latrocinio disfrazado.
Cuando los pueblos y trabajadores se oponen tajantemente a la depredadora
extracción de sus recursos y expoliación de sus personas, las voraces empresas
capitalistas acuden a las autoridades para que, usando la ley en forma tronchada
y con el uso de la violencia institucional, paren en seco la defensa que
realizan los pueblos tanto de sus bienes como de sus vidas.
Paralelamente y con dinero corruptor, los insaciables empiezan hacer una
labor de zapa, de división y confrontación al interior de los pueblos para debilitar
la lucha social. Es una estrategia igual a la que utilizan los esquiroles en las
huelgas sindicales. Hasta llegar al uso de la violencia y el derramamiento de
sangre, solapados y en complicidad con autoridades venales.
Es la antigua y sempiterna consigna concatenada: Divide y vencerás.
Provoca y desata violencia. En un ambiente crispado. Para luego acudir al
gobierno a que ponga orden represivo y paz sepulcral contra los que se oponen al
desvalijamiento.
La historia y el proceder reseñado son de suyo antiguo. Muchos pueblos y
sus dirigentes han muerto por defender sus hábitats y ecosistemas. A guisa de
ejemplo, podemos mencionar el artero asesinato de la líder indígena, Berta
Cáceres, de Honduras. Fue segada su vida por encabezar una larga y tenaz lucha
social para evitar la extracción ilegal de los recursos naturales
pertenecientes a su pueblo y oponerse a la construcción de una presa
hidroeléctrica que inundaría comunidades y tierras de labrantío.
En México, hace un año fue asesinado el líder indígena Isidro
Baldenegro, del estado de Chihuahua, ganador del prestigiado premio
internacional de carácter medio ambiental “Goldman”, por impedir el saqueo de
los recursos forestales de su núcleo agrario. En Guerrero, no se han esclarecido
aún las desapariciones forzadas de los ecologistas de Petatlán: defensores de
los recursos forestales de esa región de Costa Grande.
La situación delicada de tipo obrero-patronal en el conflicto existente
en el fundo minero “Media Luna” en la zona del Alto Balsas, en entorno al cual ya
hubo dos asesinatos y por otro lado, la reciente masacre de 12 personas sucedida
en el poblado de “La Concepción” en los Bienes Comunales de “Cacahuatepec”, en
el contexto de la pugna social por la proyectada presa hidroeléctrica de “La
Parota”, han puesto sobre interrogatorio de las organizaciones nacionales e
internacionales defensoras de los derechos humanos al gobierno estatal. Y a su
vez, el gobernador ha concitado respecto a su personalidad el repudio de todo
el sistema de policía comunitaria CRAC-PC, con radio de influencia en más de
300 pueblos de la zona indígena de la Montaña y Costa Chica.
PD. Buen arraigo popular y preparación tiene, Alfredo Sánchez Esquivel, para
ser postulado por la Coalición que integran MORENA-PT-PES, a la candidatura a
diputado local por el distrito del municipio de Ayutla en la Costa Chica.
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