Héctor Manuel Popoca Boone.
¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?
Es loable que la gobernadora
constitucional, Evelyn Salgado Pineda, haya firmado un convenio con el director
nacional de Financiera Rural para incrementar los créditos al campo
guerrerense. En las últimas décadas, la banca privada como la banca gubernamental
no han jugado un papel significativo en el financiamiento del desarrollo rural.
Debido a varios factores, entre los cuales están:
La mayor parte de las tierras
agropecuarias de Guerrero se encuentran bajo un régimen de tenencia de la
tierra de tipo social. Esto es, son ejidos y bienes comunales, que no son susceptibles
por ley, de someterse a esquemas de embargo inmobiliario, por lo que no pueden ser
ofrecidas como “garantías de arraigo” a la banca. Otra limitante es el hecho de
que en Guerrero predomina la economía campesina destinada al autoconsumo;
colocando pequeños excedentes en el mercado, a comparación de la economía
agropecuaria empresarial, de productos destinados ya sea al mercado nacional o
de exportación.
Otra traba para conseguir un préstamo
bancario es la dificultad y el engorro para integrar el “expediente del sujeto
de crédito”, que debe contener los documentos exigibles por la banca. Para una
persona que vive en la ciudad no representan mayor dificultad tenerlos; pero
para un pequeño productor rural sí lo es; porque las Instituciones que los emiten
están alejadas de donde ellos viven. Además, se les solicita documentos que
poco utilizan, como el Registro Federal de Causantes (RFC), estados contables
de su actividad económica, declaratoria de ingresos anuales, plan de negocios, etc.
Otro obstáculo es la “cultura del no
pago”, inculcada a los campesinos muchos años atrás, en tratándose de
financiamientos crediticios gubernamentales. Como la mayoría de los campesinos
de Guerrero viven al día, muchos venden su cosecha o su producción de huerta
por anticipado, o a “pie de parcela”; a los precios que fijan los acaparadores,
La resultante es que tenemos un sector rural sumamente descapitalizado. La
economía agrícola en las zonas indígenas es la más paupérrima.
En este contexto adverso, afirmar que
se colocaran cientos de millones de pesos de créditos, entre miles de
campesinos, no pasa de exhibir excelente voluntad y magníficos deseos de la
Gobernadora. Moderación en el decir, es lo recomendable. Es posible avanzar más
despacio en esa ruta si se trabaja bien, con honestidad, eficacia,
responsabilidad y compromiso social. Por eso, como gobernador moral de Guerrero,
sugiero se analicen experiencias pasadas de esfuerzos exitosos habidos sobre el
tema, en estas tierras del sur.
Hubo un tiempo que, conjuntamente con el
extinto Banco Nacional de Crédito Rural; los Fideicomisos Instituidos en
relación a la Agricultura (FIRA); el gobierno estatal y el Congreso local, trabajamos
para simplificar al máximo los requisitos exigibles para que los campesinos
pudieran acceder a los créditos. De tal suerte que solo se le pedían garantías por
la mitad del crédito solicitado: mostrar su certificado parcelario y un cálculo
simple de los ingresos esperados de la actividad productiva. Otro aspecto que
se cuidaba era que el crédito fuera otorgado en el tiempo, monto y forma
requerida.
A cambio de la flexibilización de los
requisitos de la banca, el gobierno estatal estableció, con la autorización de
los diputados locales, un fondo virtual de garantías complementarias. En el
caso de que no pagara el productor y una vez agotados todos los procedimientos
de cobro, la deuda sería cubierta, en última instancia, por el gobierno estatal,
con cargo a sus participaciones fiscales.
Para simplificar la integración de los
expedientes de los sujetos de crédito, en lugar de hacerlo individuo por
individuo, preferimos hacerlo por grupos organizados o asociados por rama de
producción, sobre todo para financiar la fase de la comercialización en común,
con lo cual obtenían mejores precios y se les facilitaba el pago del
financiamiento. Con este esquema fueron beneficiados productores de café,
copra, limón, jitomate y cacahuate.
Se aprobó inicialmente un fondo revolvente
de garantías complementarias por 15 millones de pesos y los bancos abrieron las
respectivas líneas de crédito. Al final, la recuperación de los mismos fue, en
promedio, de un 80 %; dándoles doble revolvencia en un ejercicio anual; es
decir, se colocaron financiamientos bancarios por 30 millones de pesos, que le
representaron al gobierno estatal una erogación real de 6 millones de pesos.
porelrescate@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario