Héctor Manuel Popoca Boone.
Segunda chicaneada. Ésta se refiere al cumplimiento de
una reparación colectiva, que forma parte de la sentencia emitida el 30 de
agosto del 2010 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en
contra del Estado Mexicano (EM) y a favor de la mujer indígena me-phaa, Inés Fernández
Ortega; al ser víctima el 16 de diciembre de 1996 de una agresión sexual hecha
por malos elementos del ejército mexicano. Después de 14 años de litigio, en los
resolutivos: 22 y 23 de su sentencia la CIDH dispuso que el EM otorgara los recursos
necesarios para establecer en la comunidad indígena de Barranca Tecoani,
municipio de Ayutla, un centro comunitario a favor de la mujer indígena; de
defensa de sus derechos humanos y contra la violencia de género; que las niñas
que cursaran estudios secundarios en la cabecera municipal contaran con
facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de tal manera que no
truncaran la totalidad de su educación básica.
El “Centro Comunitario contra la violencia a las
mujeres indígenas del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero”, fue
construido y equipado por parte del Estado Mexicano, durante el segundo
gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero (PRD). Las instalaciones edificadas fueron
pensadas para ocho áreas funcionales. 1) dormitorio para niñas, baños y cocina.
2) áreas de cubículos para atención médica; 3) aulas de capacitación sobre los
derechos humanos; 4) área para orientación y terapia psíquica; 5) área de orientación
jurídica, 6) área de recreación social y ejercicios físicos; 7) área administrativa.
Terminada la construcción y equipamiento para el
inicio de operaciones del Centro, le correspondió hacerlo al gobernante
entrante, Héctor Astudillo Flores (PRI), en el año 2015; quien derivó la
encomienda a su secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. En
esas fechas lo que faltaba para entrar en funcionamiento era formalizar la
personalidad jurídica del Centro Comunitario, así como nombrar e integrar el
Consejo Directivo que debía de ser presidido por la victimada, Inés Fernández
Ortega; teniendo como suplente a la presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas
de la Montaña (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y, en general, con la
participación de las representantes de las mujeres organizadas de los pueblos
Me-Phaa y Na-savi del municipio de Ayutla Guerrero.
En el aspecto financiero faltaba formalizar un fideicomiso
a través del cual el Estado Mexicano suministraría los recursos suficientes
para soportar económicamente la operación del Centro en
forma permanente; participando activamente la Comisión Nacional para prevenir y
erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM).
Lamentablemente el gobernador y su secretario de
gobierno quisieron imponer unilateralmente y sin previa consulta a una directora
operativa del Centro que no fue aceptada por Inés Fernández Ortega y por las
mujeres indígenas de la OPIM. Por lo que el gobernador y su “maestro incómodo”
dispusieron mantener cerrado y en el abandono institucional las instalaciones durante
los seis años de su mandato ¡amurallándolas! para que nadie lo fuera a usar;
contraviniendo flagrantemente el cumplimiento de la sentencia de la CIDH.
El 1 de octubre del 2020 la CIDH celebró una audiencia
de seguimiento por el abandono en que se encontraba el Centro Comunitario
llamándole la atención al Estado Mexicano (léase: gobierno estatal). No fue
sino hasta las postrimerías de su gobierno cuando el gobernador y su “maestro
incómodo”, en forma mañosa y para eludir sus irresponsabilidades, instruyeron
transferir el inmueble -sin recursos económicos para su operación- a la Organización
de los Derechos Humanos de la Montaña, “Tlachinollan”.
La inauguración formal del Centro, ahora con el nuevo nombre
de “Centro Comunitario, Gúwa Kúma (La Casa de los Saberes), fue hecha por el
subsecretario de gobernación federal, Alejandro Encinas, junto con la víctima,
Inés Fernández Ortega, en septiembre del 2021 ¡veintiún años después de haberse
emitido la sentencia por parte de la CIDH! Y después de haber atravesado la
víctima y su organización indígena por un mundo de engaños, vicisitudes y
carencias de todo tipo. Afortunadamente no lo han dejado caer; habiendo dado a
la fecha protección contra la violencia a más de 500 mujeres indígenas.
Conclusión: El exgobernador, Héctor Astudillo Flores y
su equipo de trabajo, fue el responsable de que no operara “El Centro” durante
la friolera de sus seis años de gobierno y que, junto con el escaso
cumplimiento -también a regañadientes- de dos sendas Alertas de Género contra
las mujeres, emitidas en 2017 y en 2023 por la CONAVIM (aún vigentes), los pintan
con su aura de racismo y misoginia.
**Para
los efectos de litigios ante la CIDH de alguna parte del pueblo contra alguno o
varios de los tres niveles de gobierno de México (federal, estatal y/o
municipal) a estos últimos se les denomina “El Estado Mexicano”
porelrescate@gmail.com
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