viernes, 24 de octubre de 2025

Guerrero y los jinetes apocalípticos.

 

Héctor Manuel Popoca Boone

A cuatro años del presente gobierno estatal en Guerrero, sigue prevaleciendo una gobernabilidad inestable como rasgo distintivo propio en el concierto de las entidades de la república. No lo digo yo solamente, sino que es opinión de muchos ciudadanos mexicanos. Además continua el andar, a galope tendido, de varios jinetes apocalípticos que la tienen postrada como una entidad federal fallida; si no es que irremediablemente perdida.

Nuestra histórica pobreza social y económica prevalece en forma acentuada. Los indicadores que señalan su magnitud nos colocan en los niveles nacionales más bajos de salud, educación, seguridad pública y crecimiento económico; es decir, en el sótano de la nación, para nuestra ignominia. Si a esos jinetes les agregamos sus imprescindibles escuderos, como lo son: la corrupción, la ilegalidad, la impunidad, la irresponsabilidad y la mala administración pública; encubiertos en el engaño, la hipocresía, la deshonestidad, la falta de vocación de servicio, de inversión pública y privada, así como por la sempiterna dejadez de los funcionarios públicos estatales y municipales, concluiremos que somos un pueblo signado por la desgracia perenne y por un sometimiento, sufrimiento y conformismo social de triste sino.

Si agregamos los infortunios generalizados con los que la madre naturaleza nos ha castigado en las últimas décadas, como son los fenómenos hídrico-meteorológicos entre otros, que nos provocan graves pérdidas humanas y materiales, podemos también concluir que, el sureño, es un pueblo estoico y pletórico de resiliencia permanente, aun cuando algunos digan que somos masoquistas y desafortunados por naturaleza.

No es de extrañar los revientos sociales regionales que se presentan, de vez en vez, ya que somos los olvidados de la República. El gobierno federal y los partidos políticos nos voltean a ver solo en época de procesos electorales o de grandes desastres naturales; menos, ni se acuerdan de nuestra pobre existencia. Ingratos han sido algunos gobiernos federales por el insuficiente apoyo que nos han brindado como territorio federado, debilitado y deteriorado.

No nos debemos de extrañar por el cúmulo de marchas, bloqueos y plantones de protesta de ciudadanos, ya sea en edificios públicos, avenidas o carreteras, a lo largo y ancho de todo el territorio guerrerense. Nos causan irritación al hacernos perder tiempo, dinero, esfuerzo y salud al llegar con demora a nuestras citas y trabajos, por culpa de los que impiden la circulación y el libre tránsito o trámite, pero nos resistimos a comprender las causas que los motivan a realizar esos actos ilícitos, a veces vandálicos; causados por el enojo acumulado y la poca atención gubernamental a demandas sociales muy sentidas; como la carencia de justicia imparcial y vigencia de la legalidad; adeudos de salarios y pensiones; de obras públicas inconclusas; de acciones de gobierno no realizadas pero reiteradamente prometidas para el beneficio de barrios, colonias populares, comunidades rurales, etc.

No hay justificación alguna para dichos actos de arbitrariedad y de desesperación popular, pero si es necesario entender el porqué de las génesis de ese tipo de manifestaciones de exigencia justa y de protesta social menospreciada.

En el transcurrir del tiempo, afortunadamente en Guerrero se ha desarrollado un poder civil creciente representado por movimientos y organizaciones sociales municipales y regionales, de carácter cívico-solidario de auxilio mutuo, que no buscan el poder institucional sino ser vigilantes del buen uso del mismo y de la exigencia del respeto a todos los derechos humanos de todos.

No menos importante es tener presente el ente apocalíptico representado por los grupos de la delincuencia y del crimen organizado que su poder, en la actualidad no solo se origina en el tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional, sino que ya está enraizado en la extorsión, el derecho de piso, en el secuestro, en los procesos de elección popular; infiltrado está también en los tres niveles de gobierno que actúan en estas regiones del sur; en los contubernios económicos con empresarios inescrupulosos; así como en el control del transporte público y de carga; en el abasto y mercadeo regional y local de bienes y mercancías. ¡Uf!

PD. Lo más recomendable para nuestra sufrida y muy dependiente entidad federativa es que el próximo gobernador o gobernadora no posea mácula alguna de deshonestidad, tenga buen oficio de gobierno y sea persona cercana a la Presidencia de la Republica. No hay que dar tanto brinco; estando el piso tan parejo. Llegó la hora de alinearse. ¿O no?

porelrescate@outlook.com

 


viernes, 10 de octubre de 2025

De poder a poder.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

Si definimos al poder como el ejercicio de control y dominio de seres, cosas, actividades, recursos, modos de vida y comportamientos sociales dentro de un territorio determinado; podemos considerar que, en un país, región, ciudad, o comunidad dada, coexisten diferentes poderes que son detentados por uno o diferentes grupos sociales de los cuales el preponderante será aquel que tiene la supremacía y predominio de la fuerza violenta, legal o ilegal, para imponer su voluntad a los demás y marcar el orden que debe acatarse ineludiblemente por el conglomerado.

En el municipio, concretamente hablando de la ciudad de Chilpancingo existen: I.- El poder político. Formalmente lo detenta la presidencia municipal democráticamente surgida de la clase política, conformada por partidos políticos que, bajo las leyes establecidas y bajo pacto social constitucional tiene a facultad junto con sus instituciones, leyes y bandos, a dirigir la gobernanza y otorgar gobernabilidad adecuada, circunscrita al territorio municipal; teniendo facultades de recabar recursos fiscales para su sostenimiento. Para tal efecto, cuenta también con la coadyuvancia de los gobiernos superiores: estatal y federal; imponiéndose y ejerciendo la fuerza institucionalizada, representada por la policía municipal.

II. - El poder económico. Representado por los grupos empresariales que poseen capital económico y que influyen y actúan para hacer valer sus intereses propios de clase social, a través de las ganancias económicas emanadas de sus empresas y negocios particulares. Es un poder que se genera mediante dinero lícito acumulado gracias a sus capacidades y habilidades empresariales y profesionales; arriesgando su capital privado que colocan ya sea en el comercio, la producción de mercancías y de servicios; generando empleo a la clase trabajadora que vende su fuerza de trabajo. También los empresarios escrupulosos tienen capacidad de vincular el medio urbano con el medio rural que es el generador de alimentos básicos.

III. – El poder ideológico de las creencias sociales en general, pregonadas por las iglesias, centros de estudios y grupos pensantes de investigación social organizada que actúan en el conglomerado civil; tratando de escudriñar, convencer y expandir su propia fe, convicciones, e ideales; difundiendo los principales aspectos de su fe, principios, moral, ética y civilidad, motivados por las circunstancias de convivencia que prevalecen en la sociedad.

IV. – El poder militar nacional. Constituido por las fuerzas armadas (ejército, marina y guardia nacional), constituidas y financiadas por el gobierno federal establecido; mismas que están destinadas a proteger al pueblo y a preservar nuestra soberanía nacional; cuyos centros de operación son los cuarteles que fungen como sedes de acción regional y cuyo comandante general es localizado en el Poder Ejecutivo de la Nación.

V. - El poder de la delincuencia organizada. Contemporáneamente surgido en grupos dedicados al delito que usan la para lograr sus finalidades con fuerza eminentemente violenta e ilícita; otorgándoles a su vez fuerte poderío económico y preeminencia social. Originalmente deriva de la muy lucrativa producción y tráfico de estupefacientes, que les permite actuar con suficiente impunidad mediante el soborno, la extorsión, el homicidio y la tortura para infundir temor y terror para expandir sus acciones ilícitas e incursionar en otras actividades generadoras de ingresos económicos ya sean estas legales o francamente ilegales.

VI. – El poder ciudadano. – Generado por movimientos civiles contestatarios y/o reclamantes al poder gubernamental establecido. Provocado por las múltiples ineficiencias, contradicciones, latrocinios y falsedades en los actos de gobernar. Motivados por causas, reivindicaciones y luchas de carácter social, específicas o generales, que nacen del hartazgo en malestares, injusticias, imposiciones, sumisiones y afectaciones paralizantes en el ámbito civil, que dada su agudeza con la que actualmente se presentan lesionan sus derechos humanos y su convivencia y quehacer cotidiano pacífico dentro de la sociedad.

En su devenir para expandir sus intereses, el comportamiento de estos poderes, entran en contradicciones, pugnas y disputas entre sí; o también en alianzas, complicidades y contubernios mutuos por establecer algunos objetivos comunes. Con los resultantes ya conocidos por todos. Por ejemplo, en la ciudad capital de Guerrero el poder dominante de facto es la delincuencia organizada, que ha infiltrado al poder político y al económico lo mantiene extorsionado y a la ciudadanía sometida mediante el temor y la violencia; las víctimas son a cuenta de ciudadanos, sacerdotes, políticos y funcionarios o políticos que no se someten o pactan en lo oscuro. Las estadísticas de la criminalidad asi lo señalan. El poder militar se mantiene impertérrito y contemplando, con algunos de sus malos elementos ya convertidos en cómplices de la delincuencia organizada. Las creencias de la paz social cada día se ven más remotas de alcanzar. ¿O no?

porelrescate@outlook.com

sábado, 4 de octubre de 2025

Chicaneadas del Estado Mexicano (2)

 Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Segunda chicaneada. Ésta se refiere al cumplimiento de una reparación colectiva, que forma parte de la sentencia emitida el 30 de agosto del 2010 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en contra del Estado Mexicano (EM) y a favor de la mujer indígena me-phaa, Inés Fernández Ortega; al ser víctima el 16 de diciembre de 1996 de una agresión sexual hecha por malos elementos del ejército mexicano. Después de 14 años de litigio, en los resolutivos: 22 y 23 de su sentencia la CIDH dispuso que el EM otorgara los recursos necesarios para establecer en la comunidad indígena de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, un centro comunitario a favor de la mujer indígena; de defensa de sus derechos humanos y contra la violencia de género; que las niñas que cursaran estudios secundarios en la cabecera municipal contaran con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de tal manera que no truncaran la totalidad de su educación básica.

 

El “Centro Comunitario contra la violencia a las mujeres indígenas del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero”, fue construido y equipado por parte del Estado Mexicano, durante el segundo gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero (PRD). Las instalaciones edificadas fueron pensadas para ocho áreas funcionales. 1) dormitorio para niñas, baños y cocina. 2) áreas de cubículos para atención médica; 3) aulas de capacitación sobre los derechos humanos; 4) área para orientación y terapia psíquica; 5) área de orientación jurídica, 6) área de recreación social y ejercicios físicos; 7) área administrativa.

 

Terminada la construcción y equipamiento para el inicio de operaciones del Centro, le correspondió hacerlo al gobernante entrante, Héctor Astudillo Flores (PRI), en el año 2015; quien derivó la encomienda a su secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. En esas fechas lo que faltaba para entrar en funcionamiento era formalizar la personalidad jurídica del Centro Comunitario, así como nombrar e integrar el Consejo Directivo que debía de ser presidido por la victimada, Inés Fernández Ortega; teniendo como suplente a la presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas de la Montaña (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y, en general, con la participación de las representantes de las mujeres organizadas de los pueblos Me-Phaa y Na-savi del municipio de Ayutla Guerrero.

 

En el aspecto financiero faltaba formalizar un fideicomiso a través del cual el Estado Mexicano suministraría los recursos suficientes para soportar económicamente la operación del Centro en forma permanente; participando activamente la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM).

 

Lamentablemente el gobernador y su secretario de gobierno quisieron imponer unilateralmente y sin previa consulta a una directora operativa del Centro que no fue aceptada por Inés Fernández Ortega y por las mujeres indígenas de la OPIM. Por lo que el gobernador y su “maestro incómodo” dispusieron mantener cerrado y en el abandono institucional las instalaciones durante los seis años de su mandato ¡amurallándolas! para que nadie lo fuera a usar; contraviniendo flagrantemente el cumplimiento de la sentencia de la CIDH.

 

El 1 de octubre del 2020 la CIDH celebró una audiencia de seguimiento por el abandono en que se encontraba el Centro Comunitario llamándole la atención al Estado Mexicano (léase: gobierno estatal). No fue sino hasta las postrimerías de su gobierno cuando el gobernador y su “maestro incómodo”, en forma mañosa y para eludir sus irresponsabilidades, instruyeron transferir el inmueble -sin recursos económicos para su operación- a la Organización de los Derechos Humanos de la Montaña, “Tlachinollan”.

 

La inauguración formal del Centro, ahora con el nuevo nombre de “Centro Comunitario, Gúwa Kúma (La Casa de los Saberes), fue hecha por el subsecretario de gobernación federal, Alejandro Encinas, junto con la víctima, Inés Fernández Ortega, en septiembre del 2021 ¡veintiún años después de haberse emitido la sentencia por parte de la CIDH! Y después de haber atravesado la víctima y su organización indígena por un mundo de engaños, vicisitudes y carencias de todo tipo. Afortunadamente no lo han dejado caer; habiendo dado a la fecha protección contra la violencia a más de 500 mujeres indígenas.

 

Conclusión: El exgobernador, Héctor Astudillo Flores y su equipo de trabajo, fue el responsable de que no operara “El Centro” durante la friolera de sus seis años de gobierno y que, junto con el escaso cumplimiento -también a regañadientes- de dos sendas Alertas de Género contra las mujeres, emitidas en 2017 y en 2023 por la CONAVIM (aún vigentes), los pintan con su aura de racismo y misoginia.

 

**Para los efectos de litigios ante la CIDH de alguna parte del pueblo contra alguno o varios de los tres niveles de gobierno de México (federal, estatal y/o municipal) a estos últimos se les denomina “El Estado Mexicano”

 

porelrescate@gmail.com