SÍ a la reforma educativa popular

Héctor Manuel Popoca Boone.

Nadie puede negar que el actual sistema de educación pública en Guerrero está colapsado. No sirve ya de basamento para construir mejores ciudadanos que requiere con urgencia esta entidad federativa.

El nivel escolar de nuestra población es de siete años escolares y en algunas zonas rurales, como en la Montaña, es de tres a cuatro años. La calidad académica de los egresados deja mucho que desear por cuanto a aptitudes y conocimientos adquiridos. Por otro lado, el setenta por ciento del personal docente no cuenta con las suficientes competencias para dar buenas clases.

Tenemos muchos maestros con plazas que no están frente a grupo y tenemos muchos escolares matriculados que no tienen maestro. Doce mil maestros comisionados en otros menesteres ajenos al magisterio dan cuenta de esa paradoja estatal. Anormalidad promovida por autoridades gubernamentales, políticos y grupos sindicales.

Es desproporcionado el número de trabajadores administrativos en relación a los laborantes magisteriales. Una de las causas es el canje de plazas docentes a plazas administrativas ya que en “el derecho de heredar la plaza” muchos consanguíneos no reúnen el perfil ni las competencias requeridas. Se estima que con el 35 por ciento de la burocracia actual puede soportarse el sistema educativo estatal. La restante sale sobrando. Igual situación prevalece en la burocracia gubernamental o con el número de diputados existentes.

El ausentismo de los maestros en las zonas rurales es agudo. De los 200 días obligatorios de impartición de clases, solo cumplen con una tercera parte. Al igual que nuestros diputados, únicamente trabajan tres días a la semana (De martes a jueves).

En las zonas urbanas la pérdida de clases disminuye y es de un 45 por ciento. Las causas principales de la falta de clases en las ciudades son los días de asueto no oficiales, marchas, plantones, tomas de edificios administrativos, etc.

Sin embargo, debo reconocer que ha sido del todo justificado el dejar de dar clases en casos excepcionales, como son las extorsiones y secuestros de maestros a manos de la delincuencia organizada, principalmente en Acapulco.

Buena parte de los mandos medios y superiores de la SEG no cumplen a cabalidad sus responsabilidades. Están más preocupados por conservar sus altos puestos, privilegiados sueldos y demás canonjías que erradicar corruptelas e intereses ilegítimos que prevalecen y provocan el desorden administrativo y académico que caracteriza el sistema educativo estatal.

Gran proporción del personal de confianza de la SEG trabaja doblegado, atemorizado o en el mejor de los casos se desempeña vegetativamente ante el temor de que las mafias sindicales presionen para deponerlos al atentar contra intereses corruptos creados de larga data.

Muchos de los puestos ejecutivos de confianza no se otorgan por méritos y/o competencias ejecutivas adecuadas, sino por presiones de índole política o sindical. El recién intento de colocar a un chofer en una jefatura educativa -gracias al contubernio de altas autoridades y sindicato- patentizan tales aberraciones laborales.

También está la costumbre de que, por ejemplo, buena parte de las autoridades educativas regionales las imponen los diferentes grupos sindicales dominantes en cada territorio; dando entrada con ello a serias distorsiones, como lo es controlar puestos directivos y de confianza por parte del sindicato; convirtiéndose así en juez y parte.

Da grima ver el estado de ruinas y deterioro en que se encuentran buen número de centros escolares. En algunas poblaciones no existen construcciones físicas, en otras hay solo primeras etapas de edificación y en casi todas, muchas carencias severas de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de todo tipo.

PD1. Con este diagnóstico escueto, en la próxima entrega analizaré los que a mi juicio son los pros y contras de las reformas educativas constitucionales ya aprobadas.

PD2. ¡Aguas! El pueblo se está moviendo más rápidamente que las instituciones. ¡Escuchémoslo!

PD3. “Di la verdad y échate a correr” Proverbio anglosajón.

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Bioética y política

Héctor Manuel Popoca Boone.

Es la ciencia que se preocupa de la permanente existencia del ser humano y de la conservación de la Tierra. Trata de alertar acerca de las amenazas y los destrozos que los humanos producen contra sí mismos y su entorno. Fomenta consciencia y voz para impedir que la vida humana y la de nuestro planeta continúen devastándose.

Es la guía de cómo usar el conocimiento para el bien social. De qué manera usar adecuadamente el acervo científico y tecnológico adquirido como gran activo de la humanidad y aplicarlo para la mejoría de la calidad de vida en forma sustentable y no al revés.

De acuerdo al Dr. Arnoldo Kraus la bioética está cimentada en dos pilares: el conocimiento biológico y los valores humanos. Le importa la salud de nuestra especie y de nuestro planeta. Por lo tanto, confronta las guerras, la pobreza, la delincuencia, la ignorancia, las enfermedades, las depredaciones a los recursos naturales,… y las formas en que son alentadas o combatidas, por parte de quienes detentan el poder político o económico. La bioética es la filosofía del siglo XXI.

Los atropellos a esta ciencia siempre tienen más de una cara. Se entrelaza con diferentes vertientes de la actividad humana. En el campo de la medicina presente está en el juicio de su aplicación para sanar enfermos o para mercantilizarla en exceso. En el campo de la ciencia nuclear es de sobra conocido el análisis de aplicar dicha energía para la destrucción masiva o para el provecho del ser humano. Otro vasto espectro de su preocupación es la bioquímica y sus propósitos.

En el campo de la economía contrasta los fines últimos del esfuerzo productivo para el bienestar y progreso colectivo o para el beneficio de unos cuantos a costa de la pobreza de muchos. En el campo de la nutrición interroga acerca de la producción y distribución de alimentos como instrumentos de persuasión ilegítima o para combatir el hambre de los pueblos. Participa en el discernimiento de la producción monopólica de semillas mutadas genéticamente de alta rentabilidad económica a costa de la desaparición de germoplasmas naturales.

Respecto de la política, la contempla como la lealtad de los políticos hacia el bienestar del pueblo como puntal axiológico. Por lo tanto cuestiona qué tanto su ejercicio y sus protagonistas se alejan de dicho propósito o qué tanto las decisiones que toman son correctamente éticas y socialmente responsables.

En esta última actividad humana un principio básico rector es que quién pretende elevar la calidad de vida de la sociedad, debe minimizar sus egoísmos y codicias particulares. Si se quiere combatir la corrupción, es menester ser honorables. Si se desea evitar la violencia, es imprescindible no ser represor. Si se anhela que impere la justicia, es necesario ser ajeno a la impunidad y si se espera ser imparcial, imperativo es no ver en forma tergiversada las leyes por el efecto refractario del dinero o del poder.

Es también objeto de estudio de la bioética, por ejemplo, los genocidios y los ecocidios de toda índole. Igual, los actos de servidumbre degradante o violencia cotidiana sin mayor contención, como lo es el narcotráfico, la trata y el tráfico de seres humanos.

Con la vigencia y pertinencia de la bioética como cause de nuestras conductas públicas y privadas, podemos alertarnos en el uso indiscriminado de la ciencia y la tecnología sobre ámbitos del individuo que atentan, consciente o inconscientemente, contra la vida de sus congéneres y contra la sustentabilidad de la tierra. La bioética da luces  a los tomadores de decisiones sobre acciones que pueden evitar para que no se conviertan en criminales designios con resultados exterminadores.

Joseph Brodsky dijo que la mejor forma de no repetir errores cuando se piensa en el futuro de la humanidad radica en percibir el mundo a través del prisma de la pobreza y de la culpa. Perdonándonos por lo mucho que ya nos hemos hecho, descuidada o perversamente; agrego yo.

PD. Mi amigo de Taxco, Sergio Lugo, se ha echado a cuestas organizar el segundo festival “La herencia de Cuauthemoctzin y los pueblos indígenas”. Del 15 al 28 de febrero. Mayor detalle de los eventos en “www.redocelotl.wordpress.com/ixcateopan”

 

 

 

 

Frases con verdad.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Da pena que la mesa de seguimiento al cumplimiento de la sentencia a favor de Inés Fernández Ortega, relativa al establecimiento del centro comunitario de la mujer indígena en Ayutla, se traslade a la Secretaría de Gobernación en el DF ante la incapacidad de la secretaria de la mujer de tener buena comunicación y coordinación con la agraviada.

A cinco meses de haberse puesto en operación el plan 2012 de acciones y compromisos para el desarrollo socioeconómico de las zonas Me Phaa y Na Savi del municipio de Ayutla, por un monto de 43.5 millones de pesos, se lleva un avance en metas cumplidas del 46 %.

A los pueblos indígenas los han tratado de quebrar en su espíritu comunitario desde antiguo: primero con visiones occidentales no congruentes con sus propias cosmovisiones, acto seguido con el aguardiente, más adelante con las diferencias religiosas, posteriormente con militancias político-partidarias, después con la siembra de estupefacientes y, por si fuera poco, como refugio de guerrilleros y ahora con el azote de la delincuencia generalizada. ¡Uff!

Por dignidad, nuestros paisanos, los jornaleros agrícolas indígenas, se niegan a ser invisibles. Ellos no son los que están lejos. Nosotros, los del gobierno, somos lo que no estamos cerca de ellos y de sus problemas. Vale la pena visitar los campos agrícolas del norte del país para hacer visible nuestra solidaridad con sus problemas y sensibilizar nuestras consciencias.

Parafraseando a Lorenzo Meyer: poder y justicia son por naturaleza excluyentes. En algún momento pueden coincidir pero imposible que todo el tiempo permanezcan juntos sin que se distorsione la relación cuando el primero avasalla al segundo.

Comparado con Chiapas y Oaxaca, Guerrero fue el estado que menos presupuesto federal le asignaron este año para operar el sistema estatal de seguridad pública, básicamente por dos razones: Porque no avanzó como debiera en la certificación de sus policías y porque nuestros diputados federales estaban en la babia.

Nuestro empeño como gobierno es cómo parar y disminuir la delincuencia y no anular el buen efecto social desatado por las fuerzas comunitarias. En estos momentos hay que privilegiar la estrecha coordinación entre las partes. El verdadero enemigo de todos nosotros son los maleantes de toda ralea y no los ciudadanos con hartazgo de impunidad.

No está dentro de la naturaleza del gobierno estatal aupar grupos civiles para-militares de contención y represión social. Tenemos clara consciencia de que años atrás ese tipo de estrategia perversa fue la matriz de la masacre de Acteal, Chiapas.

En lugar de ser grandes de la política, la mayoría prefiere ser enana de la politiquería. Pido a los diputados locales ya no seguir utilizando al Instituto de Investigaciones Jurídicas de mi universidad, la UNAM, como parapeto de sus arreglos inter partidarios vergonzosos.

En Tabasco, a dos meses de tomar posesión, el nuevo gobierno estatal identificó, en un primer paquete de auditoría, que el gobierno antecesor no aplicó un monto de 1 500 millones de pesos federales. Simplemente se “esfumaron”. El gobernador de inmediato fincó las demandas correspondientes para las sanciones administrativas y penales a que haya lugar, sin menoscabo de seguirlas poniendo al identificar otros latrocinios.

Los grandes empresarios están de acuerdo con la reforma fiscal, siempre y cuando no graven sus riquezas y no supriman los regímenes especiales a su favor, por ejemplo, hoy en lugar de pagar, como otros contribuyentes, 35 por ciento del impuesto sobre la renta solo pagan 1.6 por ciento.

En los últimos cuatro años, de acuerdo al Índice Educativo Incluyente, a nivel nacional solo uno de cada 5 maestros de primaria y uno de cada 20 de secundaria comprobó tener suficientes competencias para dar clases, luego de haber presentado un examen de actualización. Sonora y Aguascalientes están dentro de lo mejorcito del magisterio y lo peorcito de la corporación, en los estados de Oaxaca y Michoacán.

PD. A propósito, ¿habrá medidas cautelares a favor de nuestros infantes por las múltiples y reiteradas violaciones a sus derechos humanos en materia educativa?

Las fuerzas cívicas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Los grupos de ciudadanos armados para la autodefensa y salvaguarda del orden en sus comunidades han tenido presencia en el territorio mexicano desde la época prehispánica. Con los “topiles”, por ejemplo, guardianes comunitarios de los pueblos náhuatl.

En el período colonial existieron las “milicias territoriales” para el resguardo de los pueblos circunvecinos a los fundos mineros. En la época de la independencia aparecen los combatientes voluntarios irregulares de carácter regional adscritos al ejército insurgente.

En la naciente República quedan integrados a “la guardia nacional”. En el período revolucionario, la milicia comunitaria zapatista resguardaba el orden en los territorios y pueblos bajo su dominio. En la etapa post-revolucionaria tienen presencia las defensas sociales de filiación agrarista, para enfrentar a las “guardias blancas” de los latifundistas que impedían la reforma agraria.

En los tiempos contemporáneos atestiguamos la irrupción de grupos armados acuerpados en guerrillas rurales y urbanas que luchan por una mejor justicia social como EZLN en Chiapas.

Hoy, en estas tierras del sur y para otros fines, hay presencia creciente de fuerzas cívicas ante la insuficiencia de procuración e impartición de justicia regional. Relevantemente la CRAC y la UPOEG en las regiones de la Montaña y Costa Chica.

Históricamente los ciudadanos toman las armas al margen o en coordinación con las autoridades competentes por diversas causas, a saber: 1) Derrocar gobiernos para establecer otros de nuevo tipo. 2) Defender la soberanía nacional. 3) Hacer respetar derechos patrimoniales de pueblos y territorios. 4) Auto-defensa ante bandas de delincuentes que azotan las localidades provocando inseguridad pública.

La CRAC y la UPOEG podemos definirlas como fuerzas armadas locales extra institucionales, integradas por ciudadanos con fuerte arraigo social, en coordinación parcial con las autoridades correspondientes y con autonomía en sus acciones. Sus propósitos son preservar la seguridad pública, defender y conservar la paz, mantener el orden interior de sus comunidades, así como la procuración e impartición de justicia con procedimientos no convencionales, contemplados en la ley estatal 701, pero sin mayores protocolos en sus procederes.

La existencia de estas fuerzas cívicas organizadas no se diluirán a corto plazo debido a la persistencia de los factores que les dan vigencia, siendo entre otros: A) El desbordamiento de la delincuencia de todo tipo y la semi-parálisis de las instituciones oficiales para su contención y sanción. B) La corrupción existente en los cuerpos policiacos de diversa índole y ministerios públicos, con la inclusión, de manera excepcional, de malos elementos de las instituciones militares. C) La colusión y complicidad de algunos funcionarios públicos y gobernantes que extienden mantos de impunidad al bandolerismo permitiéndoles su rápido crecimiento con mayor capacidad de fuego y acción violenta. D) Venalidad de ciertos jueces y juicios en donde se administra la justicia al mejor postor; torciendo el régimen de derecho a favor de los transgresores de la ley. E) La política del avestruz de la mayoría de los políticos y sus partidos ante el fenómeno delincuencial exacerbado, bajo el lema de dejar hacer-dejar pasar, a cambio de oscuros financiamientos para sus campañas electorales. F) Desapego si no es que divorcio social de las instituciones públicas ante colectividades desgarradas y laceradas por estas calamidades.

Todo esto trae como consecuencia la incredulidad, desconfianza, indefensión y temor fundados de la gente que, motivados por su instinto de conservación, ven con beneplácito la actuación de estas fuerzas cívicas. Por nuestra parte, los del gobierno, hemos atendido este fenómeno social con atingencia, mesura, respeto y diálogo. Y es, a la vez, una oportunidad para perfeccionar el actual sistema estatal de seguridad pública.

PD. Marcelo Tecolapa Tixteco, indígena, nuevo delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha desempeñado los cargos públicos que le han conferido con la honestidad, responsabilidad y eficiencia debida.