Héctor Manuel Popoca Boone.
Da pena que la mesa de seguimiento al
cumplimiento de la sentencia a favor de Inés Fernández Ortega, relativa al
establecimiento del centro comunitario de la mujer indígena en Ayutla, se
traslade a la Secretaría de Gobernación en el DF ante la incapacidad de la
secretaria de la mujer de tener buena comunicación y coordinación con la
agraviada.
A cinco meses de haberse puesto en
operación el plan 2012 de acciones y compromisos para el desarrollo
socioeconómico de las zonas Me Phaa y Na Savi del municipio de Ayutla, por un
monto de 43.5 millones de pesos, se lleva un avance en metas cumplidas del 46 %.
A los pueblos indígenas los han tratado
de quebrar en su espíritu comunitario desde antiguo: primero con visiones
occidentales no congruentes con sus propias cosmovisiones, acto seguido con el
aguardiente, más adelante con las diferencias religiosas, posteriormente con
militancias político-partidarias, después con la siembra de estupefacientes y,
por si fuera poco, como refugio de guerrilleros y ahora con el azote de la
delincuencia generalizada. ¡Uff!
Por dignidad, nuestros paisanos, los
jornaleros agrícolas indígenas, se niegan a ser invisibles. Ellos no son los
que están lejos. Nosotros, los del gobierno, somos lo que no estamos cerca de
ellos y de sus problemas. Vale la pena visitar los campos agrícolas del norte
del país para hacer visible nuestra solidaridad con sus problemas y
sensibilizar nuestras consciencias.
Parafraseando a Lorenzo Meyer: poder y
justicia son por naturaleza excluyentes. En algún momento pueden coincidir pero
imposible que todo el tiempo permanezcan juntos sin que se distorsione la
relación cuando el primero avasalla al segundo.
Comparado con Chiapas y Oaxaca, Guerrero
fue el estado que menos presupuesto federal le asignaron este año para operar
el sistema estatal de seguridad pública, básicamente por dos razones: Porque no
avanzó como debiera en la certificación de sus policías y porque nuestros
diputados federales estaban en la babia.
Nuestro empeño como gobierno es cómo
parar y disminuir la delincuencia y no anular el buen efecto social desatado
por las fuerzas comunitarias. En estos momentos hay que privilegiar la estrecha
coordinación entre las partes. El verdadero enemigo de todos nosotros son los
maleantes de toda ralea y no los ciudadanos con hartazgo de impunidad.
No está dentro de la naturaleza del
gobierno estatal aupar grupos civiles para-militares de contención y represión
social. Tenemos clara consciencia de que años atrás ese tipo de estrategia
perversa fue la matriz de la masacre de Acteal, Chiapas.
En lugar de ser grandes de la política,
la mayoría prefiere ser enana de la politiquería. Pido a los diputados locales
ya no seguir utilizando al Instituto de Investigaciones Jurídicas de mi
universidad, la UNAM, como parapeto de sus arreglos inter partidarios vergonzosos.
En Tabasco, a dos meses de tomar
posesión, el nuevo gobierno estatal identificó, en un primer paquete de
auditoría, que el gobierno antecesor no aplicó un monto de 1 500 millones de
pesos federales. Simplemente se “esfumaron”. El gobernador de inmediato fincó las
demandas correspondientes para las sanciones administrativas y penales a que haya
lugar, sin menoscabo de seguirlas poniendo al identificar otros latrocinios.
Los grandes empresarios están de acuerdo
con la reforma fiscal, siempre y cuando no graven sus riquezas y no supriman
los regímenes especiales a su favor, por ejemplo, hoy en lugar de pagar, como otros
contribuyentes, 35 por ciento del impuesto sobre la renta solo pagan 1.6 por
ciento.
En los últimos cuatro años, de acuerdo
al Índice Educativo Incluyente, a nivel nacional solo uno de cada 5 maestros de
primaria y uno de cada 20 de secundaria comprobó tener suficientes competencias
para dar clases, luego de haber presentado un examen de actualización. Sonora y
Aguascalientes están dentro de lo mejorcito del magisterio y lo peorcito de la
corporación, en los estados de Oaxaca y Michoacán.
PD. A propósito, ¿habrá medidas
cautelares a favor de nuestros infantes por las múltiples y reiteradas
violaciones a sus derechos humanos en materia educativa?
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