Las fuerzas cívicas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Los grupos de ciudadanos armados para la autodefensa y salvaguarda del orden en sus comunidades han tenido presencia en el territorio mexicano desde la época prehispánica. Con los “topiles”, por ejemplo, guardianes comunitarios de los pueblos náhuatl.

En el período colonial existieron las “milicias territoriales” para el resguardo de los pueblos circunvecinos a los fundos mineros. En la época de la independencia aparecen los combatientes voluntarios irregulares de carácter regional adscritos al ejército insurgente.

En la naciente República quedan integrados a “la guardia nacional”. En el período revolucionario, la milicia comunitaria zapatista resguardaba el orden en los territorios y pueblos bajo su dominio. En la etapa post-revolucionaria tienen presencia las defensas sociales de filiación agrarista, para enfrentar a las “guardias blancas” de los latifundistas que impedían la reforma agraria.

En los tiempos contemporáneos atestiguamos la irrupción de grupos armados acuerpados en guerrillas rurales y urbanas que luchan por una mejor justicia social como EZLN en Chiapas.

Hoy, en estas tierras del sur y para otros fines, hay presencia creciente de fuerzas cívicas ante la insuficiencia de procuración e impartición de justicia regional. Relevantemente la CRAC y la UPOEG en las regiones de la Montaña y Costa Chica.

Históricamente los ciudadanos toman las armas al margen o en coordinación con las autoridades competentes por diversas causas, a saber: 1) Derrocar gobiernos para establecer otros de nuevo tipo. 2) Defender la soberanía nacional. 3) Hacer respetar derechos patrimoniales de pueblos y territorios. 4) Auto-defensa ante bandas de delincuentes que azotan las localidades provocando inseguridad pública.

La CRAC y la UPOEG podemos definirlas como fuerzas armadas locales extra institucionales, integradas por ciudadanos con fuerte arraigo social, en coordinación parcial con las autoridades correspondientes y con autonomía en sus acciones. Sus propósitos son preservar la seguridad pública, defender y conservar la paz, mantener el orden interior de sus comunidades, así como la procuración e impartición de justicia con procedimientos no convencionales, contemplados en la ley estatal 701, pero sin mayores protocolos en sus procederes.

La existencia de estas fuerzas cívicas organizadas no se diluirán a corto plazo debido a la persistencia de los factores que les dan vigencia, siendo entre otros: A) El desbordamiento de la delincuencia de todo tipo y la semi-parálisis de las instituciones oficiales para su contención y sanción. B) La corrupción existente en los cuerpos policiacos de diversa índole y ministerios públicos, con la inclusión, de manera excepcional, de malos elementos de las instituciones militares. C) La colusión y complicidad de algunos funcionarios públicos y gobernantes que extienden mantos de impunidad al bandolerismo permitiéndoles su rápido crecimiento con mayor capacidad de fuego y acción violenta. D) Venalidad de ciertos jueces y juicios en donde se administra la justicia al mejor postor; torciendo el régimen de derecho a favor de los transgresores de la ley. E) La política del avestruz de la mayoría de los políticos y sus partidos ante el fenómeno delincuencial exacerbado, bajo el lema de dejar hacer-dejar pasar, a cambio de oscuros financiamientos para sus campañas electorales. F) Desapego si no es que divorcio social de las instituciones públicas ante colectividades desgarradas y laceradas por estas calamidades.

Todo esto trae como consecuencia la incredulidad, desconfianza, indefensión y temor fundados de la gente que, motivados por su instinto de conservación, ven con beneplácito la actuación de estas fuerzas cívicas. Por nuestra parte, los del gobierno, hemos atendido este fenómeno social con atingencia, mesura, respeto y diálogo. Y es, a la vez, una oportunidad para perfeccionar el actual sistema estatal de seguridad pública.

PD. Marcelo Tecolapa Tixteco, indígena, nuevo delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha desempeñado los cargos públicos que le han conferido con la honestidad, responsabilidad y eficiencia debida.