viernes, 28 de junio de 2013

Tepalcatepec

Héctor Manuel Popoca Boone.

“Estamos ahora desde una posición de defensa de nuestra comunidad. Pretendemos que la delincuencia de todo tipo no vuelva a invadir nuestra vida, nuestra propiedad ni a nuestras familias. De algunos años para acá, los cárteles se han disputado esta región. Había muertos, pero era una guerra entre ellos. No se metían con la población.

El problema empezó cuando el gobierno inició el combate duro a los cabecillas, a encarcelarlos o caían muertos en los enfrentamientos. Se les vinieron abajo sus ingresos por el narco tráfico; fue cuando empezaron a pedirle a los pequeños y medianos negocios cuotas por derecho de piso.

Luego siguieron con el secuestro de gente de los pueblos. Aquellos cuyos familiares no pagaban el rescate exigido, simplemente los desaparecían o los mataban. Algunos fueron secuestrados hasta dos veces para sacarles casi todo lo que tenían en su economía familiar.

Después se metieron con la gente de trabajo, con los ganaderos, profesionistas, maestros, taxistas. Decían que nadie iba a molestarnos porque ellos nos protegerían a cambio de una cuota económica.

Total, que se llevaban como treinta millones de pesos mensuales de pura extorsión; contando la cuota, según el tamaño de la casa, que cada familia tenía que pagar mensualmente para vivir con tranquilidad. Adiciónele el pago de quinientos pesos mensuales por carro que teníamos. Todos los lunes a los escolares les exigían veinte pesos antes de entrar a la escuela; a los maestros una parte de su sueldo quincenal. En pocas palabras, teníamos que pagar por poder vivir.

La situación empeoró cuando los delincuentes no solo se contentaron con quitarnos el dinero que teníamos, sino que empezaron a meterse con nuestras familias. Comenzaron a violar muchachas estudiantes de secundaria y de plano tronó la indignación cuando nos exigieron, descaradamente, entregar a nuestras esposas e hijas. A estas últimas se las llevaban y no las regresaban hasta que estaban embarazadas. Lo hacían con mujeres de campesinos pobres como de familias acomodadas. Eso nos enardeció, pero teníamos miedo de actuar.

Daba la casualidad que los del gobierno venían a buscarlos y nunca los encontraban, pero nosotros sí veíamos como se sentaban a desayunar o a comer con los jefes locales de los cárteles.


Ante eso, algunos padres de familia tomamos valor y empezamos a reunirnos discretamente hasta el día en que públicamente dimos a conocer nuestro levantamiento de ochenta ciudadanos con nuestras camisetas de policías comunitarios.

Procedimos de inmediato a detener a muchos delincuentes que sabíamos dónde estaban viviendo en el pueblo. Se les decomisaron armas y vehículos. Todos esos malhechores fueron entregados a un grupo del ejército, los soldados los entregaron a la agencia del ministerio público federal y a la policía; y resulta que a las doce de la noche de ese mismo día ¡todos los delincuentes estaban libres! Ahí nos dimos cuenta que también teníamos en contra nuestra a una parte del gobierno que decía defendernos.
Otros municipios nos siguieron en el movimiento de auto defensa contra los delincuentes. Algunos de estos últimos astutamente se nos infiltraron para que no fueran expulsados de las comunidades y poder seguir haciendo sus fechorías. Pero a pesar de todo, tuvimos buenos resultados porque en tres semanas limpiamos nuestros pueblos de pillos.

Ya han pasado varios meses sin que se presente ningún asesinato, secuestro, violación o extorsión. Pero ahora el gobierno viene a tratar de desarmarnos en vez de reforzar y complementar nuestra labor de limpia. Sabemos que si bajamos la guardia las cosas volverán a darse como antes, porque parte del gobierno está con ellos y nosotros queremos que todo el gobierno se ponga de nuestro lado.”

* Relato extractado de un miembro del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec, de la región de Tierra Caliente, Michoacán.

PD. El presidente municipal de Ayutla continúa sin atender sus compromisos institucionales en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de la Sra. Inés Fernández Ortega.

h.popoca.b@gmail.com

viernes, 21 de junio de 2013

Incongruencias


Héctor Manuel Popoca Boone.

A la memoria de Roberto Torres en reconocimiento a su ejemplar militancia partidaria.

Tengo en mis manos dos documentos. El primero es el oficio circular no. 13/2013, del 3 de junio pasado, firmado por la titular de la Secretaria de Educación en Guerrero (SEG), Profesora Silvia Romero Suárez, dirigido entre otros, a docentes y directores de planteles escolares, así como a mandos medios y superiores de la educación inicial y básica de esta entidad federativa. En él indica las normas que habrán de observarse para la realización de los actos de fin de cursos 2012-2013 y que entre otras se estipula textualmente lo siguiente:

“1.2 Los actos de clausura de cursos, deberán realizarse en el plantel educativo. Se debe evitar pedir cuotas para pago de locales, venta de alimentos y bebidas, ceremonias religiosas y  trajes especiales. La vestimenta del alumnado que concluya su nivel educativo será el uniforme escolar.

1.3 Las actividades que los planteles organicen con motivo de la  clausura de cursos, deberán ser actos cívicos sencillos, con intencionalidad pedagógica, que favorezcan el desarrollo de valores en los alumnos y que no afecten la economía familiar.”

Ahora bien, el segundo documento en mi poder es una queja enviada a mi correo electrónico por uno de los lectores de mis artículos de opinión donde hace de mi conocimiento que la directora de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 de la ciudad de Acapulco, está pidiendo la cantidad de $350.00 a cada alumno que egresa de ese plantel, para sufragar el alquiler de un salón en el centro de convenciones (CIA), para la ceremonia de término del ciclo escolar el próximo 3 de julio. No obstante que dicha escuela pública cuenta con auditorio techado capaz de dar cabida a los alumnos para llevar a cabo tal evento.

Continua mi lector expresándome que estimando la cantidad de alumnos que egresan (570 alumnos) la recaudación sería de casi doscientos mil pesos cuando la renta del teatro Juan Ruiz de Alarcón del CIA es de sesenta mil pesos y si a eso se le agrega el pago de la cuota escolar por concepto de recuperaciones de inscripciones, la aportación sube a ochocientos mil pesos al año. Agréguele a lo anterior la venta de guías para la prueba enlace que se aplicó a los educandos en el período escolar que finaliza ($65.00 por alumno). ¡Uff!

Ante eso, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por la titular de la SEG, de que es una soberana incongruencia que el movimiento magisterial se manifieste (rabiosamente) por la defensa de la gratuidad de la educación, en tanto que un segmento de directivos escolares se dedica a “pasar por la báscula y rasurar” a los padres de familia con aportaciones económicas para los festejos de clausura y entrega de boletas escolares como si fuera la escuela de propiedad privada y los padres de familia de los alumnos, sus rehenes sujetos a extorsión.

De llevarse a cabo el evento educativo en el CIA, se confirmará la veracidad de la denuncia remitida y entonces constataremos dos cosas:

La lucha por la gratuidad de la educación del movimiento magisterial fue pura faramalla y la vigencia de la impunidad con que se efectúan ilícitos educativos de parte de un sector magisterial directivo, al violar con flagrancia la flamante ley de educación estatal. En cualquiera de los dos casos, el desprestigio y la pérdida de autoridad moral de los maestros seguirán acentuándose en Guerrero.

No saldremos de nuestra postración material y espiritual mientras sigamos permitiendo que la corrupción y la impunidad sean un engranaje más de nuestra convivencia y desarrollo social incivilizado.

PD1. El presidente municipal de Ayutla sigue sin aportar el presupuesto comprometido institucionalmente para obras y proyectos en las zonas indígenas de su municipio, en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esa es una contribución más a la mala fama que Guerrero tiene a nivel nacional e internacional.

PD2. Lo más importante al escribir es saber que las buenas y certeras palabras irradian luz, mucha luz.

 

 

 

 

lunes, 17 de junio de 2013

Caldos de cultivo


Héctor Manuel Popoca Boone.

Llámese caldo de cultivo a la circunstancia y al ambiente propicio para que suceda algo o se dé una situación determinada. A menudo tratamos de contrarrestar ciertas resultantes sin atacar las causas que les dieron origen y sin tener en cuenta el contexto generador de su génesis y permanencia.

De no tomarlos en cuenta seguirán provocando situaciones perniciosas para la sociedad y será cada día más difícil para el gobierno y la sociedad afrontarlos y erradicarlos con éxito.

La premisa es que el futuro puede ocurrir al garete o construirse con previsión. Que los cimientos de lo que acontece en el presente fueron fincados en el próximo pasado y apuntalan lo que procede. Se nos olvida que prever es gobernar. Lástima que no lo hayamos hecho así en Guerrero, durante muchas décadas. Somos producto de nuestra desidia y negligencia como sociedad y gobierno, más el segundo que el primero. A continuación, algunos ejemplos generales:

En lo corto la pobreza promueve la delincuencia y el estallido social en el mediano plazo. A la larga, la riqueza económica exacerbada y concentrada en pocas manos y las restricciones agudas a la libertad del hacer y pensar individual hacen inviable un sistema social. Las revoluciones de la colectividad sobrevienen incontenibles ante la indiferencia de las minorías privilegiadas.

El desempleo patrocina la frustración existencial y generacional. También la desintegración del núcleo familiar y la migración masiva en condiciones de gran vulnerabilidad de seres humanos en búsqueda de un mayor bienestar.

La violencia es determinante para la destrucción de la libertad, la paz, el patrimonio personal y de la vida; como lo es la marginación y el autoritarismo en la violación de los derechos humanos. También la inseguridad pública provoca la incertidumbre comunitaria, atemoriza a los ciudadanos y suscita la parálisis social. Ni se diga de la impunidad: es la madre de todas las ilegalidades y de todas las corrupciones.

La inane abstención ciudadana en los asuntos públicos favorece el enquistamiento de gobiernos autócratas y prevaricadores; en donde la rendición de cuentas a los gobernados sucumbe ante la hipocresía y el cinismo de los políticos y los gobernantes. Si a eso se le agrega la existencia de gobiernos de contubernio o complacencia, con hechos y personajes delictivos, entonces florecen los otros poderes al margen del orden legal establecido. Cunde el desbordamiento e imperio de las fuerzas extralegales, imparables, en la opresión y expoliación violenta de la sociedad en su conjunto cuando los gobiernos no quieren o no pueden.

La falta de transparencia en el ejercicio público apoya el saqueo y latrocinio de los dineros del pueblo radicados en el erario público, y ensalza el soborno como práctica de gobierno. La frivolidad y la ostentación de riquezas materiales, sobre todo si son mal habidas, acrecientan el rencor y resentimiento social.

La ingobernabilidad en las democracias incipientes entroniza dictaduras. La desmemoria social predispone a la humanidad para que tropiece una y otra vez con la misma piedra, es decir, en su sometimiento a poderes egoístas, autistas y fundamentalistas.

La falta de educación y salud es abono para el subdesarrollo humano, con escaza calidad de vida y con mucho envilecimiento social. La inequidad étnica y de género lo es para la mayor discriminación social y obstáculo para el desarrollo de capacidades individuales o de grupo. La carencia de dignidad ciudadana provoca una recurrente falta de respeto y menosprecio colectivo con mayor dosis de subyugación social.

La endeble sustentabilidad con que preservamos los recursos naturales y la alteración climática de nuestros hábitats -por nuestras actividades cotidianas- azuza la destrucción acelerada del planeta, del cual no tenemos ningún reemplazo a la vista.

En una economía de mercado, la demanda efectiva de los adictos es el incentivo para la producción de estupefacientes. En ambos casos la muerte impone su valer.

PD. El presidente municipal de Ayutla sigue sin aportar los recursos comprometidos institucionalmente con los pueblos indígenas que gobierna. Por eso estamos como estamos.

 

 

viernes, 7 de junio de 2013

Los delegados federales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Cuando Rubén Figueroa Figueroa gobernaba Guerrero, a los delegados federales él los nombraba casi directamente. Bastaba que se lo manifestara al entonces Presidente de la República, Luis Echeverría, para que el secretario federal del ramo aceptara su propuesta. Cuando llegó José López Portillo a la presidencia, cambió esa situación privilegiada.

A nivel federal fue creada la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). Nombrado Carlos Tello Macías al frente de esa institución, procedió a nombrar en las entidades federativas a los respectivos delegados federales.

Su norma fue que además de reunir las capacidades correspondientes, los delegados federales no deberían de ser oriundos del estado donde se les asignaba trabajar y que su perfil profesional fuera más técnico que político.

La razón de ello radicaba en el propósito de que el delegado federal se avocara de tiempo completo a cumplir los programas y metas institucionales. Y no se distrajera con la comezón de querer ser presidente municipal, diputado, senador o gobernador; utilizando para ello los recursos públicos y personal adscrito a las oficinas a su cargo.

A los que nos enviaron con esa misión a estas tierras surianas, nos leyeron la cartilla de no inmiscuirnos para nada en la política estatal y dedicarnos a implementar los principales programas de inversión pública que en ese entonces estaban vigentes y marcaron buena historia en el desarrollo regional: El Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER) y el Convenio Único de Coordinación Federación-Estado (CUC), en el seno de lo que hoy es el Copladeg.

Actualmente, con la real competencia electoral entre partidos y la alternancia posible en el poder, las instituciones oficiales se han puesto, en términos generales, al servicio del partido político en el poder y de los políticos para propósitos electorales. Así lo hemos constatado con el PAN, con el PRD y con el PRI cuando detentan alguna parcela de poder gubernamental.

Hoy lo que menos importa es el cumplimiento de los objetivos de los programas institucionales que es beneficiar a la población sin distingo de filiaciones partidarias. La consigna actual es disponer del personal subordinado para establecer con camuflaje, estructuras electorales y usar el erario público para congraciar consciencias o de plano realizar la compra indirecta de votos. Por más que en público se diga lo contrario.

De tal suerte que, con las distinguidas excepciones, si algún ciudadano requiere servicio, obra o apoyo económico institucional, antes de pasar por la ventanilla de trámites, debe pasar a la ventanilla virtual adjunta de afiliación política partidaria o faccional a la que pertenece el titular de la dependencia oficial.

Ello explica la designación de operadores del PRI y su verdadera misión política en casi todas las delegaciones federales del país como se constató recientemente con las denuncias públicas hechas en Veracruz y en otros estados de la república que tienen elecciones locales este año.

En el 2015, en Guerrero, los veremos actuar plenamente pero con la peculiaridad que las dependencias estatales probablemente apoyarán al PRD y si le agregamos los apoyos variopintos que darán las diversas presidencias municipales, veremos competencias electorales institucionales de pronóstico reservado.

PD1. Todos debemos hacer un esfuerzo sincero y honesto encaminado a distender el conflicto entre la UPOEG y la CRAC cuya gravedad bordea el derramamiento de sangre. Nosotros no debemos ser cómplices institucionales por omisión o contemplación. Es una estrategia perversa fracasada en Chiapas que culminó con la matanza de Acteal.
PD2. Repito: El presidente municipal de Ayutla sigue sin aplicar la inversión comprometida para los pueblos indígenas de su municipio en el contexto de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¡Uff!