Héctor Manuel
Popoca Boone.
A la memoria de Roberto Torres en reconocimiento a
su ejemplar militancia partidaria.
Tengo en mis
manos dos documentos. El primero es el oficio circular no. 13/2013, del 3 de
junio pasado, firmado por la titular de la Secretaria de Educación en Guerrero
(SEG), Profesora Silvia Romero Suárez, dirigido entre otros, a docentes y
directores de planteles escolares, así como a mandos medios y superiores de la
educación inicial y básica de esta entidad federativa. En él indica las normas
que habrán de observarse para la realización de los actos de fin de cursos
2012-2013 y que entre otras se estipula textualmente lo siguiente:
“1.2 Los actos
de clausura de cursos, deberán realizarse en el plantel educativo. Se debe
evitar pedir cuotas para pago de locales, venta de alimentos y bebidas,
ceremonias religiosas y trajes
especiales. La vestimenta del alumnado que concluya su nivel educativo será el
uniforme escolar.
1.3 Las
actividades que los planteles organicen con motivo de la clausura de cursos, deberán ser actos cívicos
sencillos, con intencionalidad pedagógica, que favorezcan el desarrollo de valores
en los alumnos y que no afecten la economía familiar.”
Ahora bien, el
segundo documento en mi poder es una queja enviada a mi correo electrónico por
uno de los lectores de mis artículos de opinión donde hace de mi conocimiento
que la directora de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 de la ciudad de
Acapulco, está
pidiendo la cantidad de $350.00 a cada alumno que egresa de ese plantel, para
sufragar el alquiler de un salón en el centro de convenciones (CIA), para la
ceremonia de término del ciclo escolar el próximo 3 de julio. No obstante que
dicha escuela pública cuenta con auditorio techado capaz de dar cabida a los
alumnos para llevar a cabo tal evento.
Continua
mi lector expresándome que estimando la cantidad de alumnos que egresan (570
alumnos) la recaudación sería de casi doscientos mil pesos cuando la renta del
teatro Juan Ruiz de Alarcón del CIA es de sesenta mil pesos y si a eso se le
agrega el pago de la cuota escolar por concepto de recuperaciones de
inscripciones, la aportación sube a ochocientos mil pesos al año. Agréguele a
lo anterior la venta de guías para la prueba enlace que se aplicó a los
educandos en el período escolar que finaliza ($65.00 por alumno). ¡Uff!
Ante eso,
estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por la titular de la SEG, de que
es una soberana incongruencia que el movimiento magisterial se manifieste (rabiosamente)
por la defensa de la gratuidad de la educación, en tanto que un segmento de
directivos escolares se dedica a “pasar por la báscula y rasurar” a los padres
de familia con aportaciones económicas para los festejos de clausura y entrega
de boletas escolares como si fuera la escuela de propiedad privada y los padres
de familia de los alumnos, sus rehenes sujetos a extorsión.
De
llevarse a cabo el evento educativo en el CIA, se confirmará la veracidad de la
denuncia remitida y entonces constataremos dos cosas:
La lucha
por la gratuidad de la educación del movimiento magisterial fue pura faramalla
y la vigencia de la impunidad con que se efectúan ilícitos educativos de parte
de un sector magisterial directivo, al violar con flagrancia la flamante ley de
educación estatal. En cualquiera de los dos casos, el desprestigio y la pérdida
de autoridad moral de los maestros seguirán acentuándose en Guerrero.
No
saldremos de nuestra postración material y espiritual mientras sigamos
permitiendo que la corrupción y la impunidad sean un engranaje más de nuestra
convivencia y desarrollo social incivilizado.
PD1. El
presidente municipal de Ayutla sigue sin aportar el presupuesto comprometido
institucionalmente para obras y proyectos en las zonas indígenas de su
municipio, en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos. Esa es una contribución más a la mala fama que Guerrero tiene
a nivel nacional e internacional.
PD2. Lo más importante al escribir es
saber que las buenas y certeras palabras irradian luz, mucha luz.
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