Héctor Manuel Popoca Boone.
Cuando Rubén Figueroa Figueroa gobernaba
Guerrero, a los delegados federales él los nombraba casi directamente. Bastaba
que se lo manifestara al entonces Presidente de la República, Luis Echeverría,
para que el secretario federal del ramo aceptara su propuesta. Cuando llegó José
López Portillo a la presidencia, cambió esa situación privilegiada.
A nivel federal fue creada la hoy
extinta Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). Nombrado Carlos Tello
Macías al frente de esa institución, procedió a nombrar en las entidades
federativas a los respectivos delegados federales.
Su norma fue que además de reunir las
capacidades correspondientes, los delegados federales no deberían de ser
oriundos del estado donde se les asignaba trabajar y que su perfil profesional fuera
más técnico que político.
La razón de ello radicaba en el
propósito de que el delegado federal se avocara de tiempo completo a cumplir
los programas y metas institucionales. Y no se distrajera con la comezón de
querer ser presidente municipal, diputado, senador o gobernador; utilizando
para ello los recursos públicos y personal adscrito a las oficinas a su cargo.
A los que nos enviaron con esa misión a
estas tierras surianas, nos leyeron la cartilla de no inmiscuirnos para nada en
la política estatal y dedicarnos a implementar los principales programas de
inversión pública que en ese entonces estaban vigentes y marcaron buena
historia en el desarrollo regional: El Programa de Inversiones para el
Desarrollo Rural (PIDER) y el Convenio Único de Coordinación Federación-Estado
(CUC), en el seno de lo que hoy es el Copladeg.
Actualmente, con la real competencia electoral
entre partidos y la alternancia posible en el poder, las instituciones
oficiales se han puesto, en términos generales, al servicio del partido
político en el poder y de los políticos para propósitos electorales. Así lo
hemos constatado con el PAN, con el PRD y con el PRI cuando detentan alguna
parcela de poder gubernamental.
Hoy lo que menos importa es el
cumplimiento de los objetivos de los programas institucionales que es
beneficiar a la población sin distingo de filiaciones partidarias. La consigna actual
es disponer del personal subordinado para establecer con camuflaje, estructuras
electorales y usar el erario público para congraciar consciencias o de plano realizar
la compra indirecta de votos. Por más que en público se diga lo contrario.
De tal suerte que, con las distinguidas
excepciones, si algún ciudadano requiere servicio, obra o apoyo económico
institucional, antes de pasar por la ventanilla de trámites, debe pasar a la
ventanilla virtual adjunta de afiliación política partidaria o faccional a la
que pertenece el titular de la dependencia oficial.
Ello explica la designación de
operadores del PRI y su verdadera misión política en casi todas las
delegaciones federales del país como se constató recientemente con las
denuncias públicas hechas en Veracruz y en otros estados de la república que
tienen elecciones locales este año.
En el 2015, en Guerrero, los veremos
actuar plenamente pero con la peculiaridad que las dependencias estatales probablemente
apoyarán al PRD y si le agregamos los apoyos variopintos que darán las diversas
presidencias municipales, veremos competencias electorales institucionales de
pronóstico reservado.
PD1. Todos debemos hacer un esfuerzo
sincero y honesto encaminado a distender el conflicto entre la UPOEG y la CRAC
cuya gravedad bordea el derramamiento de sangre. Nosotros no debemos ser
cómplices institucionales por omisión o contemplación. Es una estrategia
perversa fracasada en Chiapas que culminó con la matanza de Acteal.
PD2. Repito: El presidente municipal de
Ayutla sigue sin aplicar la inversión comprometida para los pueblos indígenas
de su municipio en el contexto de la sentencia de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos. ¡Uff!
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