domingo, 28 de diciembre de 2014

Hacia la paz, con la verdad y la justicia.




Héctor Manuel Popoca Boone.
 
Siembra injusticia y cosecharás violencia. Robert Kennedy.
 
Pretender que haya paz sin justicia es como desear que vivan peces sin agua. Para que impere la paz menester es que prevalezca la justicia. Ese es el propósito que nos ocupa hoy en día la masacre de Iguala. Para que haya justicia perentoria es necesario que se sepa toda la verdad del atroz evento. Empezando con el paradero de los 42 muchachos en forzada desaparición. No puede aplicarse justicia completa si no se conocen todas las causas directas e indirectas, antecedentes, motivaciones, circunstancias, personajes, lugares y tiempos específicos de lo que aconteció en Iguala.

Conocer la verdad es condición ineludible para hacer justicia. El engaño y la mentira, el encubrimiento parcial de un delito, opaca la justicia y esta es imposible de sostenerse firmemente pues sus cimientos estarán fincados en arenas movedizas. Sin la verdad total no hay justicia plena, ni paz genuina y duradera, sobre todo si el delito es de lesa humanidad. Una aparente legalidad sustentada en falsedades, solo sirve para solapar la ilegalidad, proteger y encubrir a victimarios y olvidar la reivindicación de las víctimas. Institucionaliza parte del delito y otorga impunidad a los delincuentes.

El empeño justiciero debe sustentarse en que todas las vidas humanas tienen un valor intrínseco similar. Todas las mujeres y los hombres tenemos la misma dignidad que se debe valorar y proteger como tal. El derecho a la vida es primigenio de los demás derechos humanos. La verdadera paz se concibe como disfrute de la vida y no como acechanza de la violencia exterminadora de ella.

Socavar la justicia generalmente provoca, entre otras cosas, indiferencia o amnesia social por reflejo de sobrevivencia. Coloca fuera del estremecimiento a la ciudadanía ante el horror cotidiano. Suscita parálisis social y es producto ilegítimo de un poder institucional subordinado al mal.

Un gobierno en donde la corrupción y la impunidad son pilares de su funcionamiento, está imposibilitado a otorgar justicia plena y por lo tanto nunca podrá darse la reconciliación social. Los intereses de grupo en el poder se antepondrán a los intereses de la población oprimida y agraviada. A la larga será buscar una falsa paz que estará sostenida con la irresoluta sangre derramada. En palabras de René Padilla: “Si el fruto de la justicia es la paz, el fruto de la injusticia es la violencia y el caos social, la enemistad y la inseguridad, el odio y el temor. Cada injusticia que se comete contra los pobres lleva en sí la semilla de la subversión. La justicia conduce a la vida, la injusticia desemboca en la muerte.”

Si hay paz por medio de la verdad y la justicia, habrá reconciliación social mediante el dialogo y la reparación del daño causado, a sabiendas que no hay forma alguna de reparación de una vida humana que ha sido cegada por una violencia unilateral y sanguinaria. 

Dialogar permite llegar a acuerdos y acciones de reconciliación para construir nuevos lazos de fraternidad social y evitar que de nueva cuenta se sigan presentando desgracias como las acaecidas. Los normalistas no fueron los únicos agraviados, todo el pueblo mexicano oprimido lo fue también. La existencia de la pobreza es una violencia social permanente.

En conclusión: La paz exige la defensa de la vida, como derecho y como deber. Se construye sobre la verdad y es obra de la justicia. Permite a su vez la reconciliación social mediante el diálogo y la reparación posible del desgarre social.

PD1. Existe una relación directa y recíproca entre la debilidad de las instituciones públicas y el enquistamiento de la corrupción y la impunidad. 

PD2. La falta de honestidad en el ejercicio de la política obliga a una mayor participación, observación y denuncia ciudadana en las elecciones del 2015.

PD3. En estos tiempos quisiera desear felicidad y prosperidad plena a tod@s, pero lamentablemente nos faltan 42, asesinaron a 7 y dejaron más de 20 heridos en Iguala hace tres meses.

PD4. Con el secuestro  y asesinato del presbítero Gregorio López Gorostieta se confirma el grave deterioro criminal que padecemos en Guerrero.
h.popoca.b@gmail.com

viernes, 19 de diciembre de 2014

¡Digan la verdad!



Héctor Manuel Popoca Boone.
 
La desconfianza, incredulidad y enojo cunden cuando no se habla con la verdad. La sospecha se enraíza hondo tratándose de la justicia pendiente en un agravio grande a la sociedad como lo fue la desaparición forzada de 43 jóvenes y de otros asesinados. El engaño o la mentira permanente suscitan rabia, rencor y odio cuando se descubren y se exacerban a medida que pasa el tiempo, máxime cuando se constata su práctica reiterada. 

Eso y no otra cosa es lo que les está sucediendo a los familiares de los vástagos victimados que han contado con la solidaridad de pobladores, profesores, organizaciones sociales y líderes mundiales. La masacre de Iguala permea el acontecer internacional. Y la crítica para el Estado mexicano es acerba.

Grave error fue tratar de cerrar y dar por concluida informalmente la averiguación con la salida del gobernador Aguirre Rivero, la captura del presidente municipal de Iguala y de su esposa, de algunos de los jefes del cártel “Guerreros Unidos” y el encierro grupal de la dupla asesina sicarios-policías municipales.

Destacada falla es que después de casi tres meses permanezca una explicación inaceptable por inconclusa e incompleta de los hechos criminales, en donde 43 muchachos desaparecen como si hubieran sido abducidos. Es insatisfactorio, insuficiente e inverosímil que no se sepa nada de ellos.

Comprometido silencio es el de las instancias oficiales que no han dado cuenta de lo que la sociedad ya sabe por otros medios de investigación, con inferencias especializadas divulgadas o de simple y discreta información ciudadana: la desatención e inacción de instituciones oficiales en los ámbitos del gobierno estatal y federal que debieron haber evitado la matanza y no lo hicieron; o peor aún, su posible complicidad adosada de encubrimiento de un partido político.

Con estos faltantes relevantes es imposible estar en sosiego y en actitud de superar un dolor que se profundiza cada vez más por desesperación del tiempo transcurrido. De una vez por todas clamemos a las autoridades federales ¡Digan la verdad! Todavía  hay responsables que identificar y responsabilidades que aplicar. Que informen bien los del gobierno federal donde se encuentran los normalistas desaparecidos si es que ya lo saben y no lo proceden por otorgar impunidad oficiosa.

Lo peor sería imitar el ocultamiento, inevitablemente temporal, de la conducta criminal de instituciones oficiales, como ocurrió en la masacre de Tlatelolco en 1968, donde al paso del tiempo se descubrió que parte de los tiradores embozados que provocaron el inicio de la balacera indiscriminada fueron policías federales, a la par de soldados del batallón militar “Olimpia” y elementos del Estado Mayor Presidencial.

Mientras se siga informando oficialmente verdades a medias y mentiras interesadas, la crisis política, económica y social en que se encuentra inmerso México y Guerrero no se superará. Es no entender que las 43 desapariciones forzadas de Iguala representan la cúspide de las miles acumuladas en el país durante los últimos años. Que las personas asesinadas en Iguala son el grito ciudadano ¡Ya basta! por las centenas de miles que han ocurrido en el ámbito nacional.

En un conflicto social donde no hay información y dialogo honesto, sereno y propositivo aparecerá indefectiblemente la fuerza ensordecedora de los que la detentan en forma institucional. Se impondrá la posición del más fuerte a costa de las razones o exigencias de los débiles que serán reprimidos. ¡Evitémoslo!

Lo cierto es que no sabemos dialogar porque casi nunca hemos dialogado privilegiando los intereses de la justicia en la sociedad y en el país por encima de nuestros intereses personales o de grupo. ¡Todos exijamos justicia pronta, para que todos disfrutemos de una paz, digna y enaltecedora!

PD1. Es correcta la apreciación política de que Rubén Figueroa Alcocer fue el asesor de cabecera de Zeferino Torreblanca Galindo para muchas cosas y la estela de criminalidad que cargan en forma impune los acompañará de por vida.
PD2. Si la enfermería es actividad artesanal, la mía será ser un simple tinterillo.
h.popoca.b@gmail.com

viernes, 5 de diciembre de 2014

Los consejos municipales.



Héctor Manuel Popoca Boone.
 
“Una sola chispa puede incendiar toda la pradera” (Mao Tse-tung). Eso es lo que está pasando en Guerrero y en el país, a medida que transcurre el tiempo (más de dos meses) y no aparecen los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se acrecienta la desesperación, la ira, la impotencia y la incredulidad de padres y estudiantes. 
Su causa cuenta con una solidaridad mundial y nacional, popular, vasta y creciente.
 
Bajo la premisa de que no habrá paz sin que antes haya justicia, no se frenará  el reclamo social frente a un sistema institucional gubernamental que ha mostrado suma lentitud para resolver el caso. No quieren o no pueden hacerlo, diría el ex gobernador Zeferino Torreblanca.

El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) rector y motor de la actual movilización social en torno a la masacre de Iguala, promueve la formación de consejos municipales populares que, según manifiestan, sustituirán al tercer orden de gobierno. Tecoanapa es uno de los primeros donde el MPG ha procedido a constituir el Consejo Municipal Popular que emergerá a su vez de la Asamblea Municipal Popular integrada por representantes nombrados en respectivas asambleas de cada una de las comunidades rurales y barrios urbanos. 

Además de que todavía no aparecen con vida los 43 normalistas, otros motivos son la gran inseguridad pública provocada por la delincuencia organizada que lacera al pueblo inicuamente mediante secuestros y robos a ciudadanos, extorciones a maestros y profesionistas, cobro por derecho de piso a todo tipo de empresarios, asesinatos y cadáveres mutilados descubiertos en fosas clandestinas o localizados al aire libre, así como el incitar al narco-mercadeo y al sicariato a los jóvenes.

Todo eso, en complicidad con gobiernos municipales y contando con la ignominiosa omisión de los otros dos órdenes de gobierno en regiones críticas del estado. (Ahora han quedado bajo custodia directa del gobierno federal en materia de seguridad pública 22 municipios de Guerrero). 

Se pretende que los Consejos municipales realicen lo que no se ha hecho de tiempo atrás: gobernar para todos, en forma honesta, eficiente y democrática; brindando la tan anhelada seguridad y paz pública. El MPG ya no confía en los partidos políticos ni en los presidentes municipales, tampoco en los políticos que “en cada trienio llegan a robar y a generar inseguridad.” 

De la incumbencia de los consejos municipales serán todos los asuntos políticos, económicos y sociales de la comuna que estén dentro de la agenda del acontecer público. La política partidaria será sustituida  por la política popular, afirman. En resumen, pretenden desplazar el actual sistema de gobierno municipal prevaricador del erario público, por un “gobierno popular que escuche a su gente y lleve el desarrollo a las comunidades.” 

Al igual que la policía comunitaria en aquel entonces, hoy empiezan a surgir los consejos populares municipales, haciendo a un lado a los gobiernos legalmente establecidos que no dejan de calificarlos de corruptos, fallidos y pútridos. Además de Tecoanapa, ya  instalaron, de facto, asambleas y consejos municipales en Tlapa, Ayutla y Cuautepec. Pronto seguirán otros, dicen.

Aún cuando son querencias legítimas de auto gobernarse de cierta parte de la ciudadanía, es realista reconocer que no podrán del todo sustituir o dejar a un lado lo que legalmente está prescrito en la Constitución de la República sobre la estructuración de los ayuntamientos (salvo aquellos donde sus pobladores sean mayoritariamente indígenas). Lo cierto también es que estamos en la alborada de nuevas formas de gobierno y de nuevas maneras de gobernar.

PD1. A ningún gobernante estatal o municipal de Guerrero se le han fincado responsabilidades por haber saqueado el erario público. ¡Y vaya que algunos amasaron descomunales fortunas!
PD2. No fue la toma de la Bastilla en Paris (1789) o el asalto al palacio de invierno en San Petersburgo (1917), pero si fue un acto de mucho simbolismo y sensibilidad política el abrir totalmente las puertas de Casa Guerrero para que entraran libremente los del MPG. Bien por la Dra. Rosa Icela Ojeda Rivera.  
h.popoca.b@gmail.com

viernes, 28 de noviembre de 2014

Hacia una nueva gobernabilidad


Héctor Manuel Popoca Boone.

La masacre de Iguala representa un momento sin retorno de nuestro sistema de gobierno, estatal y municipal, sumamente desgastado, disfuncional, corrupto y practicante de la impunidad.

Hoy en día, tal y como se encuentra la gobernabilidad en Guerrero ya no le sirve al pueblo. Inseguridad pública, violencia, carencia de justicia, una economía estancada, desempleo y una imparable desigualdad y pobreza social son, entre otras cosas, lo que impera en estas tierras del sur.

Renovar, reformar y rehabilitar el sistema gubernamental estatal, es una necesidad impostergable. La nueva gobernabilidad empieza por erradicar  el mal ejercicio del quehacer público implantado por gobernantes, políticos y sus partidos políticos carentes de principios ideológicos que se mueven únicamente, con vil pragmatismo, para buscar el poder por el poder mismo.

La nueva gobernabilidad conlleva desprenderla de la telaraña de intereses egoístas de la partidocracia vigente, que suplanta los genuinos anhelos de la ciudadanía y su derecho a hacer política popular. La nueva gobernabilidad implica necesariamente volver los ojos al pueblo para tomar motivo, impulso y orientación para la buena aplicación del poder público.

Requerimos un nuevo tipo de acceso democrático al poder en donde no predomine el dinero. Porque hoy si uno quiere salir triunfante en una justa democrática electoral se requiere dinero, mucho dinero, para corromper y ser corrupto, en el afán desmedido de conseguir votos, muchos votos. Por eso los políticos pobres no tienen cabida en esta democracia pervertida por la narco-política.

La necesidad de contar con recursos económicos cuantiosos para acceder a conducir las instituciones públicas es la desgracia de nuestra democracia incipiente, deformada y viciada. Casi todos los candidatos requieren allegárselos ahí donde estén (adicionales a los otorgados en las prerrogativas oficiales), o sea: 

Del saqueo del erario público, del dinero de los grandes empresarios y del proveniente del narcotráfico. Los dos últimos patrocinadores cobraran con creses la factura al gobernante una vez conquistado el poder. Hoy lo socorrido es obtener dinero-narco para conquistar y mantenerse en el poder, a cambio de impunidad y cobertura política para controlar territorios y gobiernos regionales.

La masacre de jóvenes en Iguala es el ejemplo más atroz del entrelazamiento de los intereses de los narcotraficantes con los políticos y sus partidos, con legisladores y gobernantes con sus estructuras policiacas.

Lo más doloroso es que la pobreza y la desigualdad social fertilizan la violencia delincuencial y sobretodo la incorporación cada vez más rápida de la juventud al fatal y desalmado sicariato.

 
Coincido con amigos intelectuales cuando aseveran que “la masacre de Iguala provocó una crisis de representatividad, administrativa y de capacidad de respuesta del Gobierno; y esa crisis cuestiona la forma de gobernar y en algunas áreas, la forma en que se organiza el poder público.”

 
“Ninguna salida importante se puede concebir sin la movilización y participación de la sociedad que hoy ha demostrado su rechazo, su repudio, a un orden de cosas y cuya revisión crítica es parte del empeño para reconstruir la convivencia con justicia y paz social.”

PD. En un principio/ asentaron sus reales en la Sierra y no dijimos nada/ después se expandieron a la Montaña y no protestamos/ abarcaron la Costa Grande, Tierra Caliente y no apareció el gobierno/ Se adueñaron de Acapulco, lo mismo que la zona Norte y la Centro, con la mismísima capital del estado y seguimos indiferentes/ impusieron su reinado de extorsión, secuestro y crimen/ con horror para infundir terror/ mostrando su pavoroso poderío/ al desaparecer en una noche/ a cuarenta y tres muchachos normalistas/ de los cuales solo hay verdades a medias/ y así fue que solo entonces/ nos percatamos que Guerrero era una enorme fosa/ de anónimos asesinados, descuartizados y calcinados.

h.popoca.b@gmail.com

 

domingo, 23 de noviembre de 2014

Renovación moral del Congreso local.



Héctor Manuel Popoca Boone.
 
Con instituciones políticas y gubernamentales desgastadas y débiles, difícilmente podremos cimentar un nuevo tipo de gobierno que esté cerca del pueblo, atienda la demanda popular y haga valer verdaderamente la justicia y la legalidad.

Partamos del reconocimiento que los tres poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) requieren una fuerte sacudida ética y funcional, para que cumplan a cabalidad con el mandato constitucional republicano de ser contrapesos equilibrados y estar al servicio de los ciudadanos.El pueblo de Guerrero ha llegado al hartazgo del desempeño insuficiente, ineficientey tergiversado de la gobernanza que provoca a su vez ingobernabilidad regional, con reiteradas manifestaciones de descontento popular por la corrupción e impunidad reinante.

Si hay un poder corrupto, subordinado, holgazán y alejado de los intereses populares es, en términos generales, el legislativo. La siguiente radiografía somera de su funcionamiento sustenta tal afirmación, un tanto temeraria, pero al fin verídica. Empecemos por su estructura:

El número total de diputados federales son 13 por Guerrero. En el congreso local hay 46 diputados, es decir 3.5 veces más. Si tomamos el referente nacional de que los diputados que trabajan realmente no pasan del 15 %, tendremos que el tamaño del poder legislativo local sirve para subvencionar en buena forma a los políticos de los partidos, ya sea con diputaciones uninominales (representación popular) o plurinominales (representación partidaria).

Guerrero es el cuarto estado de la república que tiene más diputados locales, después de la Ciudad de México, el Estado de México y del estado de Veracruz. Los diputados uninominales (60% del total) cada vez se alejan más de los electores del distrito que representan. Los diputados plurinominales (40%  del total) no tienen obligatoriedad en una demarcación territorial específica. Se deben únicamente a los intereses de sus partidos.

En Guerrero, siendo un estado de los más pobres, los diputados locales ganan demasiado bien. En promedio se les paga, como sueldo integrado, 150 mil pesos mensuales, además de las canonjías (obras y empresas constructoras que promocionan) y los sobornos económicos subrepticios que obtienen a cambio de orientar su voto a modo del gobernante en turno. La aplicación del presupuesto anual autorizado al Congreso local acusa mucha opacidad y discrecionalidad. No hay rendición de cuentas de su ejercicio.

Veamos ahora el funcionamiento. Es dicho político que una diputación local es una jugosa beca económica sin prácticamente hacer nada durante tres años. Eso es constatable en el grave ausentismo e impuntualidad que caracterizan la mayoría de las sesiones de cada período legislativo. Dedican únicamente tres días efectivos de trabajo en su sede: martes, miércoles y jueves (en este último, parcialmente porque es día de pozole). El horario de sesión nunca es más temprano de la una de la tarde.

Una buena parte de los ciudadanos afirman que la mayoría de los políticos que conquistan una curul escasamente vuelven a visitar los pueblos y colonias de su distrito, si no es para visitar a sus familiares que en ella residen.

Los intereses últimos que tratan de hacer valer los diputados en el congreso no son los del pueblo sino los personales, los del gobernante o del partido al que están adscritos.Conciben el escaño como una plataforma de lanzamiento para posiciones más altas en sus carreras políticas.

De ahí su disciplina acrítica para votar como lo indica su fracción parlamentaria o el deseo del gobernador, principalmente en el nombramiento del Auditor General, del Fiscal General, del presidente de la Codehhum, del presidente de los organismos (supuestamente) ciudadanizados, de la aprobación de la cuenta púbica, etc, etc.

En cuanto al ambiente laboral dentro del congreso local, percibimos que ya disminuyó la tendencia a contratar edecanes y secretarias de doble propósito; en cambio, aumentó el gran zoco con alimentos que se forma desde las primeras horas de oficina.

PD1. Seguimos esperando, desesperadamente, que presenten con vida a los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente.
h.popoca.b@gmail.com