Héctor Manuel Popoca Boone.
El régimen dictatorial de Porfirio Díaz cedió
gran parte del territorio nacional a un grupo de terratenientes, al amparo de
la ley de desamortización de tierras ociosas. Miles de pueblosrurales y
comunidades indígenas vieron con impotencia cómo se les despojabaarbitrariamente
de sus tierras;convirtiéndose en peones encasillados de las grandes haciendas de
loslatifundistas.
A lo largo de los años el descontento y
la pobreza crecieron de tal forma que labase social para el estallido
revolucionario de 1910 fueron los miles de desplazados ruralesque a la postredieron
cuerpo a los ejércitos revolucionarios de Francisco Villa, Emiliano Zapata y
Venustiano Carranza.
Porfirio Díaz, su partido liberal y sus
científicos, no midieron el gran daño social y económico que causaron al país
en aras de modernizar discriminada y elitistamente la economía de México. Misma
que en 1910 se desmoronó con un alto costo humano y material. El modelo de
crecimiento económico con prosperidad de unos cuantos y pobreza de muchos, por
su naturaleza explotadora y excluyente, tocó a su fin.
Ahora en el 2014, el régimen federal presidencialistase
empeña enceder no solo la explotación económica de nuestros recursos
energéticos a las grandes empresas transnacionales sino también las tierras que
necesiten tomando como base las leyes secundarias de hidrocarburos y de la
industria eléctrica que pretenden establecer. Estos proyectos de leyes
contemplan la posibilidad de expropiar terrenosparticulares, ejidales y
comunales cuyos propietarios no quieran venderlas a las empresas energéticas.
El Presidente Enrique Peña Nieto, el
PRI-PAN, sus legisladores, sustecnócratas y los grandes empresarios, están
obnubiladospor sus desmedidas y rapaces ambiciones económicas. No vislumbran el
gran perjuicioque causarán al intentar, de nueva cuenta, arrebatarles tierras a
las comunidades rurales e inhibirel crecimiento de otras actividades económicas,
vulnerando aún másnuestra deteriorada soberaníanacional.
Prácticamente las grandes empresas petroleras
y eléctricas dispondrán del territorio nacional, por encima de cualquier otro destino
que el pueblo les pudiera dar; al otorgarles legalmente la prioridad en la
adquisición de los mismos.Tendrán
incluso el privilegio de comprar en especie o con servicios las tierras
codiciadas. Seguramente el siguiente atraco jurídico versará sobre las tierras
comunales y ejidales que posean yacimientos minerales.
Considero que
los promotores de la reforma energética han ido demasiado lejos en sus
pretensiones al hacer a un lado las gestas históricas del pueblo mexicano para
reivindicar los derechos de la nación y del pueblo sobresuterritorio,economía,
recursos naturales y energéticos. Tienen amnesia históricaque resquebraja los
cimientos que nos han proporcionado estabilidad social durante más de 70 años.
El quitar las
tierras con subterfugios legaloides a sus actuales poseedores sociales por
prioridades económico-empresariales de tipo particular conlleva riesgo grande
de revuelta popular en los años porvenir. Insisto: se olvida que el despojo
agrario fue el motivo del alzamiento en armas de miles de campesinos sin
tierras o de aquellos que fueron paulatinamente despojados de las mismas.
En Guerrero, de
aprobarse estas leyes se abrirán legalmente las puertas para expropiar
expeditamente las tierras comunales de Cacahuatepecpara construir las presas hidroeléctricas de La Parota yla de San Juan Tetelcingoen el Alto Balsas,
aún en contra de los pueblos indígenasy mestizos que ahí habitan.
La pregunta es:
¿Se dejaran los comuneros que les arrebaten sus tierras a cambio de cuentas de
cristal? ¿Permitirán los hermanos indígenas que los despojen de ellaspara
construir presas hidroeléctricas oexplotar yacimientos minerales?¿Permaneceremos los demás indiferentes y
mudos ante este atraco patrimonial y social desembozado? ¡No más!
PD1. Lo$
diputado$ e$tan felice$ porque pronto de$ignaran al nuevo auditor e$tatal.
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