viernes, 27 de junio de 2014

Los ayuntamientos sin supervisión real.


Héctor Manuel Popoca Boone.

El hecho de que solamente 4 de 81 presidentes municipales acudan a la inauguración de un foro sobre contabilidad, fiscalización y rendición de cuentas, organizado por la Auditoría General del Estado, habla mucho del desdén que le otorgan ¡el  noventa y cinco por ciento de los ayuntamientos! al manejo y registro de los fondos públicos. Eso se debe a que nunca les pasa nada si lo ejercen mal. Hay, por tanto, impunidad generalizada en el manejo irregular del erario público municipal. Con distinguidas excepciones.

La suma de todos los fondos federales y estatales que son transferidos a los municipios ascienden en este año a un monto total de nueve mil millones de pesos aproximadamente, de los cuales deben destinar, en términos generales, a obra pública (45%), a gasto de operación (35%) y al rubro de seguridad pública (20%).

Por lo que respecta a la obra pública, la supervisión que hace la AGE es en su mayoría de escritorio y con fotografías que adjuntan los ayuntamientos. Es decir: no hay revisión en sitio y cuando llega a darse se hace por pequeño muestreo aleatorio simple. Tampoco se somete a licitación pública las diversas obras a construir. Estas son otorgadas por adjudicación directa, previa mochada del 15 al 20 por ciento o en su caso a prestanombres del gobernante en turno.

En lo que se refiere al gasto corriente, como botón de muestra de las anomalías, podemos aseverar que además de haber nóminas infladas, no existe un tabulador oficial de sueldos y salarios municipales y es un uso, cada vez más generalizado, el otorgamiento de puestos de trabajo y sueldos con mochada quincenal previamente convenida. También las adquisiciones se hacen por medio de mochadas. Del nepotismo, ya ni se diga.

En cuanto al rubro de seguridad pública, los presupuestos transferidos a los ayuntamientos no son supervisados directamente por la AGE. Ésta toma como base los informes y documentación que le proporciona el Consejo Estatal de Seguridad Pública que no es una instancia fiscalizadora. Es en esta partida donde los primeros ediles se dan vuelo en la compra de vehículos para uso propio, en gastos personales y de representación, así como para engrosar la disponibilidad de efectivo en la caja chica para “imprevistos”.

Son diversas las instancias de fiscalización estatal y federal quienes supervisan el presupuesto transferido y ejercido por los ayuntamientos; pero de todas no se hace una a la hora de la verdad en la revisión puntual de las cuentas públicas de los ayuntamientos por falta de personal calificado.

Las contralorías sociales para la supervisión del gasto público no existen en la práctica. La participación ciudadana en los comités de planeación municipal es pura fachada. En esa instancia colegiada solo se aprueba lo que el presidente municipal en turno dispone. Como se dice, ya llega todo planchado al Coplademun, tan solo para cubrir las formas.

El puesto de director general de la AGE es muy codiciado porque los presidentes municipales solo tratan con él los posibles dictámenes para solventar las diversas irregularidades u observaciones detectadas. No se diga del trato directo, discreto y exclusivo que tiene con los titulares de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. De ahí la poca transparencia en la revisión de las cuentas públicas. De ahí también los anatemas emitidos por inquisidores legislativos, si llegare a filtrarse información a la ciudadanía. Todavía existe renuencia a la rendición de cuentas y de resultados por parte de los gobernantes, funcionarios públicos, legisladores y políticos.

De tal suerte que a la fecha son contadas, con los dedos de la mano, las sanciones impuestas por la AGE a funcionarios municipales y cuando estas se dan, los presuntos corruptos acuden al Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde ganan la querella por la endeble presentación de los casos. O sea, pura impunidad e ineficiencia. Que yo sepa no hay ningún presidente o funcionario municipal en la cárcel por corrupto. ¡Ya basta de saquear el erario público!

PD. Me pronuncio por un debido y expedito proceso a los guerrerenses que sufren encierro y destierro a la vez.

h.popoca.b@gmail.com

 

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