Héctor Manuel Popoca Boone.
México es una república federal, integrada por entidades
federativas y municipios, además de la Ciudad de México como sede de los tres
poderes federales. De las formas territoriales de su integración surgen tres
órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal además del sui generis gobierno de la capital de la
república. El sistema gubernamental mexicano hace del municipio la célula
básica de su organización política-administrativa y es el núcleo primario del pacto
federal.
En el año de 1983 y luego en 1999, se reformó el
artículo 115 constitucional para otorgarle mayor autonomía, facultades y
recursos a los municipios, a efecto de que sus gobiernos atendieran en mayor
cantidad y calidad la demanda de sus pueblos. Con estas reformas se reconoce al
ayuntamiento, como el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía y es,
paradójicamente, el que tiene los menores recursos económicos para atender sus
pedimentos.
En dicho artículo constitucional, se garantiza un
espacio tributario al municipio mediante el cobro de las contribuciones
inmobiliarias, como lo es el impuesto predial. Con ello se dio un paso firme
para la descentralización de las finanzas públicas y el fortalecimiento del
federalismo.
Lamentablemente en Guerrero y en otros estados de la
república, la mayoría de los municipios no han respondido bien a esa facultad y
responsabilidad. Sobre todo los municipios de menor población y territorio. No se
cumplió del todo con las expectativas esperadas de un incremento consistente en la recaudación debido a varias
causas políticas, técnicas y administrativas.
Las de orden político se refieren a que la mayoría
de los presidentes municipales no han querido cobrar y/o actualizar el
gravamen, porque no desean causar irritación en los ciudadanos, ya que ello
deteriora su imagen pública, y como la mayoría pretende ocupar una curul local u
otro puesto público en un futuro próximo, mejor se abstienen de cobrarlo o lo
hacen con tarifas muy menores en relación al valor comercial de los inmuebles.
Equiparando los valores
catastrales, a los que corren en el mercado inmobiliario, los primeros están 42
por ciento más bajos que los segundos, en el promedio nacional. En Guerrero es
de ¡83 por ciento! Es decir, no se le recaba a la totalidad de los contribuyentes
y lo recaudado es una cantidad menor a la que debe ser.
Por su parte, los contribuyentes son reacios a pagar
el impuesto porque consideran que, en términos generales, los gobernantes son
corruptos y en lugar de destinar el dinero para obras y servicios públicos se
lo llevan a sus bolsillos, junto con sus colaboradores cercanos. No les falta
razón al detectar que buena parte de los presidentes municipales salen ricos o
millonarios, según el municipio, cuando terminan su administración.
Por otro lado, la recaudación de los impuestos
prediales requiere de un gasto administrativo, de personal, de computadoras y
personal especializado que muchas comunas no pueden o no quieren afrontar. De
ahí que les puede convenir a algunos de ellos la firma del acuerdo de
colaboración administrativa mediante el cual el gobierno del estado cobre el
impuesto predial por cuenta y orden. Tengo mis dudas que a estas alturas de la
administración estatal, tengamos la capacidad técnica y administrativa para
hacerlo con todos los ayuntamientos. Pero peor cosa es no hacer nada y seguir sin
cumplir cabalmente con esta obligación fiscal.
Cierto es que esta nueva opción -que no obligación-
va contra el espíritu original de la reforma constitucional de consolidar a los
municipios y a nuestro federalismo. A la luz de los magros resultados obtenidos
en el tiempo, de reconocer que hay ayuntamientos indolentes o medrosos y que padecemos
de una cultura ciudadana de evasión fiscal muy arraigada, habrá que retroceder instrumentando
políticas públicas propias de un régimen de gobierno de corte centralista.
PD1. Lo siento, pero a mí me enseñaron que a la
patria se le defiende, no se le vende. Y menos por un plato de lentejas como lo
acaban de hacer la mayoría de los legisladores.
PD2. Por favor, cuidado con confundir la represión
del derecho, con el derecho a la represión. Ello nos pone en riesgo de
convertirnos en un gobierno represor.
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