Reparación de daño ambiental.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Uno de los problemas sociales con el que nos enfrentamos en el primer año de gobierno de René Juárez Cisneros fue la ya longeva contaminación ambiental y afectación económica productiva que causaba el humo arrojado del combustóleo quemado y las alteraciones drásticas de temperaturas de aguas del Río Balsas, para mover las grandes turbinas de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la microrregión de Petacalco, Municipio de la Unión, Gro.

Los productores de mango y los pescadores de la región llevaban varios años luchando para que la CFE les indemnizara por los estragos ocasionados a sus actividades productivas. Ésta siempre rechazó la acusación de contaminación ecológica y por lo tanto también se negaba a indemnizar a los productores. A ellos no les quedaba remedio más que bloquear, de vez en vez, las entradas a la planta termoeléctrica como forma de presión ciudadana.

La solución acordada fue que la UNAM realizara un profundo estudio científico, de carácter multidisciplinario, de impacto ambiental, durante un año. El costo del mismo lo cubriría la CFE. Todos acatarían el dictamen que arrojaran los resultados obtenidos. La Secretaria de Gobernación (federal) y la Secretaria de Desarrollo Rural (estatal) actuaríamos como mediadores y facilitadores. Transcurrido el tiempo estipulado, la Secretaria de Gobernación nos citó a todos en la Ciudad de México, para conocer el dictamen final.

El Coordinador General de Ciencias de la UNAM fue el único ponente en dicha reunión. Informó que, en base a los estudios realizados, se concluía que la termoeléctrica sí contaminaba, pero los índices obtenidos estaban dentro de los márgenes permitidos por la normatividad establecida. Mientras leía, observé cómo a algunas investigadoras que participaron en el estudio se les escapaba una que otra lagrima contenida. En otros investigadores sus rostros denotaban coraje e indignidad reprimida.

Una vez leída la conclusión principal, el Subsecretario de Gobernación mencionó que no había lugar para indemnización alguna y nos pedía a todos acatar el dictamen final. Los productores optaron por enmudecer. Al solicitar la opinión del gobierno estatal mencioné que acataríamos el resolutivo, pero hice notar que el estudio no negaba que la planta termoeléctrica sí contaminaba. Por lo que sugería que el Estado Mexicano tenía el deber moral de establecer un programa integral de desarrollo rural en la microrregión. Dicha propuesta fue aceptada de inmediato por el gobierno federal.

Al momento de las despedidas le dije al Director General de la UNAM que yo también era egresado de la UNAM y tenía siempre presente el lema que nos inculcaron: “Por mi raza, hablará mi espíritu” y no lo confundía por aquel que él acababa de exhibir: “Por mi raza, hablará el dinero”.

PD1. Hace una semana, los dirigentes de la OPIM me invitaron a una reunión que sostendrían con el gobernador Astudillo para tratar la solución de diversas demandas no atendidas por su equipo de gobierno. Acepté, quedando de vernos a las 11.00 horas de la mañana del lunes próximo pasado en la puerta “tres” de Casa Guerrero. Al dirigirme puntualmente a la cita, me topé con un bloqueo vial en el centro de Chilpancingo, que me hizo arribar a las 11.10 am. Al policía de la puerta le informe que acompañaba a los de la OPIM y que estaba en la lista de asistentes que se había entregado previamente. Entró a consultar con su jefe si podía pasar. Inmediatamente el jefe salió para informarme que la reunión ya estaba terminando y no tenía caso que yo pasara. ¡Eran las once con quince minutos! Al conocer tan inverosímil respuesta me retiré. Después supe que la reunión había empezado a las 11.35 am. A pesar de estas conductas siguen pregonando: “Guerrero nos necesita a todos” ¡Simuladores que son algunos!

PD2. Lo bueno de la reunión en la que me impidieron estar presente, fue que el “maestro incómodo” de Astudillo, dobló la cerviz y empezó a cumplir una recomendación de la CNDH que tenía obstruccionada por puro capricho personal. Relativa a las obligadas reparaciones a los familiares de una joven mujer y su bebe que murieron por negligencia médica en el hospital público de Copala.