No podemos negar la
importancia del aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no
metálicos, para el progreso de un país y su economía. Sin embargo, en algunos minerales
su valor es dado por su escasez, que lo convierte en objeto monetario y de adorno,
ejemplo lo son el oro, la plata y los diamantes. Resaltan porque su valor está
dado por lo lucrativo, especulativo y ornamental, más que por su utilidad
productiva.
También desde siempre la
explotación económica de recursos no renovables es caracterizada por ser
eminentemente extractiva, sin mayor retribución al entorno alterado donde se
encuentran los fundos, así como la concomitante expoliación de los trabajadores
manuales que en ella intervienen.
El renacimiento de la
minería en Guerrero se debe a la aplicación de nuevos métodos de extracción que
reducen los costos por valor de mineral extraído. Son tecnologías muy agresivas
con el medio ambiente. La extracción ya no es por horadación interna, sino a
tajo abierto. Rebanando los montes y suelos; contaminando los ríos con los
ácidos usados en el proceso de beneficiado de los minerales.
La costosa maquinaria y
tecnología usada, hace que las únicas aptas sean las grandes corporaciones
extranjeras o empresas nacionales que, en la mayoría de los casos, por su
poderío y capacidad de soborno, son insensibles a las pérdidas de hábitats, a
las desintegraciones sociales y a la contaminación de mantos y vertientes acuíferas;
retirándose de las zonas explotadas una vez agotadas las vetas, sin contribuir
a crear polos de desarrollo diversificado. Tan solo son enclaves de inversión
foránea temporal con alta alteración ambiental y social.
Lo anterior explica el
porqué de la resistencia de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica
para que las empresas mineras aprovechen los subsuelos de los terrenos que la
nación les dio en usufructo como bienes comunales o ejidales de esos pueblos. Los
países de origen de estas corporaciones han prohibido usar dichos métodos de
extracción minera en sus territorios, trasladando sus tecnologías a aquellos
países cuyas leyes son laxas en la materia.
Tal es el rechazo que
dichas empresas mineras suscitan a nivel mundial que organizaciones internacionales
protectoras de los derechos humanos y de los recursos naturales planetarios
presionan para que observen procesos extractivos que minimicen los trastornos y
perjuicios posibles a la sustentabilidad de la naturaleza y a la salud de los
seres humanos; tomando como base la observancia de estándares acordados
internacionalmente.
En la actualidad ya
existen consultoras como: Iniciativa Internacional para
Garantizar la Minería Responsable (IRMA), que
es una certificadora a nivel mundial, promotora de la minería responsable. Impulsada
conjuntamente por sindicatos mineros, organizaciones ambientalistas,
comunidades afectadas, compañías mineras, así como consumidores finales.
La certificación de las
empresas mineras conlleva la observancia de mínimos exigibles en materia de: cuantificación,
monitoreo y evaluación del daño ecológico integral que es provocado a causa de
la actividad. Estimaciones y determinaciones de reparación de daños al conjunto
de los elementos alterados y de inversiones adicionales para conservar la
sustentabilidad del hábitat. Establecimiento de políticas de mejora continua en
los procesos extractivos. El tipo de gobernanza que es generada en la
colectividad regional en donde se desarrolla la minería. Los impactos en
materia de asentamientos humanos y desplazamientos sociales. La contribución de
la minería como factor detonador de un desarrollo regional de tipo integral e
inclusivo. Establecimiento de auditorías periódicas por terceros autónomos. En
cada caso, la libre y democrática aceptación de los pueblos para la operación minera
en sus territorios.
Exigir por todos la
certificación de una minería responsable -principalmente los gobiernos en sus
distintos niveles- garantizará evitar la presencia de empresas mineras que
traigan a Guerrero una mentalidad e intencionalidad depredadora y de rapacidad
económica.
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