Héctor Manuel Popoca Boone.
Lo sucedido en el Estado de
México el año pasado, no tiene parangón con los múltiples fraudes que se han
realizado en la historia de nuestra maltrecha democracia contemporánea. El
retroceso electoral fue brutal, orquestado desde el gobierno federal.
Fue una impúdica
intromisión de parte del Estado mexicano para desorientar y manipular el voto
ciudadano, haciendo uso de todos los recursos y artimañas, lícitas e ilícitas,
en un contexto de impunidad rampante. En donde las instituciones electorales de
arbitraje y dictamen brillaron por su ausencia, haciéndose cómplices por
omisión deliberada de tanta pillería realizada.
El fraudulento triunfo obtenido
por el PRI y del que tanto se enorgullece Meade, fue diseñado a la alta escuela
mafiosa de los que creen que con dinero, poder y amedrentamiento pueden
destruir todo lo que se les interponga para el logro de sus designios, tal y
como nos acaban de dar ejemplo con el recién prostituido TRIFE.
La estructura y operación
del fraude tras bambalinas que uso el gobierno federal, el estatal, algunos circunvecinos
y todos los municipales mexiquenses de origen priista, fueron sostenidos por
los erarios públicos respectivos y burócratas comisionados. Se distribuyeron en
20 regiones en las que se dividió el estado, 136 coordinaciones municipales,
750 coordinadores territoriales, 7 mil 632 comisionados por sección electoral y
70 mil coordinadores que se distribuyeron por cada casilla; todo eso con el
objetivo de conseguir más de 2 millones de votos para garantizar el triunfo del
PRI. (Leer a Alejandro Encinas Rodríguez, “El fracaso del sistema electoral en
México”)
Tal era la obsesión
presidencial de ganar la elección a como diera lugar y con lo que fuera, que a algunos
gobernadores priistas vecinos fueron responsabilizados del triunfo del PRI en
algunos municipios específicos. Fue el caso del gobernador de Guerrero, Héctor
Astudillo Flores, que, transformado en gran mapache electoral, le fue
encomendado el municipio de Huixquilucan, a donde trasladó recursos humanos y
dinero del erario público de Guerrero. Como si en estas tierras del sur
estuviéramos en jauja en materia de ética política, estabilidad y paz social.
Violando el artículo 134 de
la Constitución de la República, las instituciones gubernamentales en el Estado
de México en el 2017, siguieron otorgando apoyos de programas sociales o
asistenciales en tiempos no permitidos antes del día de la jornada electoral. Sin
rubor alguno, desplegaron sus programas con claros tintes de favoritismo
político, quebrando los principios de equidad e imparcialidad electoral.
Raudales de recursos
públicos de todas las dependencias y de todos los programas sociales fueron
direccionados hacia los municipios rurales, áreas suburbanas y a aquellos donde
las preferencias se inclinaban hacia el partido de Andrés Manuel López Obrador.
Sabedores los truhanes que en un pueblo pobre, el impacto de lucrar
electoralmente con el erario público tiene efectos definitorios en los
resultados de una votación reñida.
No es sorprendente, por
tanto, que el PRI y su gobernante en Guerrero, hoy inmersos en plena campaña
presidencial, canalicen buena parte de los recursos de los programas sociales a
las áreas rurales y a los cinturones de miseria de las principales ciudades.
Sobre todo los orientados a la mujer, que es la parte del electorado más
vulnerable y frágil, susceptible de ser moldeada políticamente, dada la
esperanza de recibir, de vez en vez, una dádiva adicional.
Maiceo con miedo combinado,
es la fórmula ideal para manipular. Conveniencias del momento. Indignidad
mercantilizada y degradación humana. Es la estrategia y la cultura antidemocrática
que el PRI y Meade están aplicando en su campaña política presidencial, sin
quedarse atrás su discípulo dilecto, el PRD.
PD. Desbrozar el camino
para llegar a los indicios de la verdad nunca ha sido tarea sencilla; tampoco
lo ha sido hacerlo sin claudicar en ningún momento o circunstancia. Es lo que
otorga mérito indiscutible a estos primeros 25 años de El Sur. Felicidades
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