viernes, 28 de septiembre de 2018

El campo calentano.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Pudiendo ser un gran emporio agropecuario la región de Tierra Caliente de Guerrero es actualmente un preclaro ejemplo del abandono de campo mexicano. Producto de la nefasta política económica que los gobiernos federales emanados del PRI y el PAN implantaron en México desde hace más de treinta años

Fue reafirmada tal aseveración en el foro organizado por el Movimiento Campesino Plan de Ayala. Siglo XXI en Ciudad Altamirano donde se expusieron propuestas de desarrollo rural para la región. El evento estuvo bajo la coordinación del ingeniero agrónomo, Rosalío Damián Navarrete.

Los productores y profesionistas rurales del municipio de Cutzamala presentaron, a través del Ing. Sánchez Mireles, una ponencia que refuerza mi apreciación inicial; a saber, un agudo deterioro en que se encuentra la grande infraestructura hidroagrícola y pecuaria del que debiera de ser por antonomasia el principal granero alimenticio de la zona sur de México.

Manifestaron que más de quince mil hectáreas de riego y otras extensiones de tierras de temporal no tienen ningún uso productivo en la actualidad. A pesar de los miles de millones de pesos que el General Lázaro Cárdenas logró que el gobierno federal invirtiera para la construcción de varias presas hidroagrícolas y sistemas de riego, cuando era Vocal Ejecutivo de la Comisión del Rio Balsas. Hoy se encuentran convertidos en sistemas de “riesgo”, por la inseguridad pública imperante.

Si el nuevo gobierno federal del cambio verdadero pretende la autosuficiencia alimentaria nacional, (al producir a mediano plazo los granos básicos para más de 125 millones de mexicanos y dejar de importar alrededor de 10 millones de toneladas anuales de maíz de las que somos deficitarios) entonces, la región de Tierra Caliente debe de ser una zona de atención estratégica nacional para tal fin
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Dijeron que, a consecuencia de la pérdida de rentabilidad del campo calentano, existe fuerte migración de la fuerza productiva laboral de la región hacia las grandes ciudades o a los campos de EUA y Canadá, en el mejor de los casos. “Más del 50 por ciento de los agricultores y ganaderos han abandonado dichas actividades; provocando que la producción agrícola (maíz, sorgo, ajonjolí, etc.) y ganadera (bovinos, ovinos, porcinos, aves, etc.) haya disminuido en más del 40 por ciento durante este último sexenio.”

Hicieron énfasis que el declive del campo mexicano se debió a la apertura indiscriminada y libre importación de granos de otros países, así como al retiro abrupto de subsidios a la producción y comercialización agropecuaria que el gobierno federal adoptó como política pública transexenal; lo que distorsionó hacia la baja los precios de los granos en el mercado en virtud que los alimentos importados sí recibían fuertes subsidios en sus países de origen; originándose una competencia económica desleal y desventajosa para nuestra actividad económica primaria.

Aciertan mis amigos calentanos cuando dicen: “Los programas del campo del régimen gubernamental que está a punto de concluir, se caracterizan por ser excluyentes del sector campesino y productores a pequeña y mediana escala y los proyectos productivos, en un gran porcentaje, son simulación e incubadoras de actos de corrupción. Los profesionistas-asesores de los productores laboran bajo condiciones de salarios precarios, inseguridad en el empleo, sin las mínimas prestaciones que por ley les corresponden, lo que conlleva a cometer actos deshonestos en estas áreas de trabajo.”

Finalmente coincidí con los productores rurales de Tierra Caliente sobre la necesidad retomar proyectos de gran aliento para incrementar significativamente la producción de granos básicos y no solo seguir con los programas para la distribución de “chácharas productivas”, dentro de los cánones imperantes en mochelandia.

            PD1. Bonitos ejemplos dan los legisladores locales al ser los primeros en violar las normas establecidas. ¡ Uf !
            PD2. Una vez más ha quedado constatado que la corrupción es prohijada y practicada, ejemplarmente, desde los más altos niveles de gobierno.



viernes, 21 de septiembre de 2018

Cruzados ante el hambre.



A la memoria de Don Alejandro Cervantes Delgado. Como él, ninguno mejor.

Héctor Manuel Popoca Boone.

A inicios del 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio inicio a la estrategia denominada, “Cruzada Nacional contra el Hambre”, que, en su primer año, pretendía atender a 7.4 millones de mexicanos que padecían pobreza y desnutrición extrema en 400 municipios del país. El gobierno federal tomó en Guerrero, como casos prototipos de arranque nacional, un municipio rural (Mártir de Cuilapan-Apango) y una colonia sub-urbana del municipio de Acapulco (Simón Bolívar).

La estrategia implicaba un giro estructural en el combate a la pobreza. Intervendrían los gobiernos, federal, estatal y municipal, a la par que las comunidades; conjuntando y conjugando esfuerzos para garantizar salud, educación, vivienda, una mejor economía y servicios públicos básicos eficientes como caminos, calles, agua, luz, drenaje, entre otros. Inclusión y bienestar social, fue la consigna de la cruzada. Se pretendía elevar la calidad de vida de quienes nunca la han tenido aceptable y que son, hasta la fecha, decenas de millones de mexicanos.
La cruzada estuvo dirigida por la SEDESOL federal. Era una política pública de “corresponsabilidad y de coordinación interinstitucional”, la cual no sólo buscaba erradicar el hambre, sino las circunstancias que la rodean. Otros componentes de la misma eran fortalecer las capacidades productivas locales junto con la acción comunitaria; es decir, que los beneficiarios fueran no sólo sujetos pasivos, sino activos para lograr el progreso sustancial de sus familias y hábitats.
Los objetivos eran lograr la meta “hambre cero”; eliminar la desnutrición infantil aguda, con mejores alimentos, cocinas y comedores comunitarios; diversificar los mecanismos de abasto popular; incrementar empleos y microcréditos; aumentar las capacidades productivas de los productores y trabajadores, capacitar y apoyar a jóvenes emprendedores y amainar la grande desigualdad social.
La estrategia sexenal duró solo un año. Fue fallida, onerosa y tronchada. Careció de suficiente información y transparencia; se estima que en el año inicial se invirtieron alrededor de 110 millones de pesos en las dos comunidades piloto, con resultados intrascendentales.
 Analizando este fracaso gubernamental con el maestro en ciencias territoriales de la UAGRO, Iván Sánchez Ignacio, coincidíamos en las siguientes causas: Falta de coordinación interinstitucional; ausencia de un plan territorial que guiara las acciones y recursos, lo que ocasionó que cada dependencia anduviera por su lado, aplicando sus tradicionales programas, con reglas de operación engorrosas e inflexibles; ausencia de la participación social en el diseño, gestión, operación y evaluación de la estrategia; lo que condujo a una falta de continuidad multianual. Después del año inicial, los programas y proyectos entraron en la etapa del abandono acelerado y disminución de la participación comunitaria.
Fueron también causa de la ineptitud institucional, la falta de capacidad de los gobiernos, estatal y municipal, de hacer suya la estrategia; desconociendo la información básica de las comunidades seleccionadas y la carencia de acompañamiento técnico a los proyectos productivos que las instituciones impusieron unilateralmente,
Conclusión: la Cruzada contra el hambre, resultó una añagaza que solo hizo ricos a unos cuantos vivales, con una gran cantidad proyectos fracasados. Mientras tanto, los gobernantes y servidores públicos siguen cruzados de brazos ante el hambre de los pueblos de Guerrero.
PD1. Una faceta del ejercicio de la política es llegar a acuerdos entre las partes, siempre y cuando no se traicionen los principios y valores ideológicos que sustentan cada cual. Lo contrario es pura tranza tracalera, realizada en lo oscurito.

PD2. Mañana domingo, en el Centro Cultural, Antonio Villela, de Ciudad Altamirano, se efectuará la reunión del Movimiento Nacional Campesino Siglo XXI-Guerrero, en la región Tierra Caliente. A las diez de la mañana. Allá estaremos.


viernes, 14 de septiembre de 2018

Bancarrotas municipales.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Buena parte de los presidentes municipales salientes entregarán la administración de sus comunas peor de como las recibieron; ya de por sí algo o mucho deterioradas. Principalmente tocante a las finanzas públicas, entre otros activos. La mala administración es consecuencia de un desordenado estilo de gobernar, en mucho impregnado de corrupción e impunidad que culmina en rapiña descarada.

Los déficits financieros son de consideración y deberían de estar reflejados en las actas de entrega-recepción elaboradas en forma previa y oportuna antes de la entrega del poder municipal. Lamentablemente no es así, debido a que en dichas actas no queda plasmada toda la problemática, ni todos los pendientes, ya que son elaboradas apresuradamente, con datos poco transparentes y a la vez maquillados. Una previa auditoría realizada por un despacho contable profesional externo y aceptado por las partes, sería lo recomendable.

Lo primero que enfrentará un presidente municipal entrante son todas las deudas de corto plazo, en materia de sueldos y salarios devengados, así como los correspondientes aguinaldos del personal; los adeudos reales o ficticios de empresas proveedoras de bienes y servicios que el gobierno saliente no pago; los débitos a compañías constructoras por obra pública realizada y no pagada total o parcialmente; además de detectar las “obras fantasmas” o de mala calidad cobradas en su totalidad. Seguramente hará falta dinero para darle continuidad al suministro de agua, recolección de basura, pagos de electricidad, luminarias y gasolinas entre otros servicios públicos municipales.

Qué decir de la deuda pública de mediano plazo que no ha sido amortizada en los plazos correspondientes; donde la deuda se va heredando en forma acumulada de una administración a otra, rebasando la capacidad de pago que tiene el erario público municipal y que compromete seriamente la operación eficaz de los nuevos ayuntamientos.

No menores adeudos pueden encontrarse en laudos laborales ganados por trabajadores que no se han solventado; corriendo los riesgos de embargo de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. También es de fijarse la abultada nómina de personal que no va a laborar; o si asiste, simula trabajar. Buena parte de las policías municipales continúan sin certificación. Es común que, en las postrimerías de las administraciones públicas, haya venta de nuevas plazas de base, al mejor postor o a la mejor conveniencia.

Los que se van, prácticamente se llevan todo y dejan tan solo lo inservible y con archivos desvalijados. Arrasan con todo aquello que sea transportable. Coches, computadoras, artículos eléctricos, aires acondicionados, refacciones e inventarios y, en el peor de los casos, armas de fuego asignadas a la seguridad pública municipal, cuyo destino final es la delincuencia. Físicamente no se llevan el palacio municipal, nada más porque no pueden hacerlo, pero la voracidad en el latrocinio no tiene límites.

Hasta ahora, han sido penosas e intrascendentes las actuaciones de las Auditorías, federal y estatal, en los procesos de entrega-recepción de ayuntamientos; por cuanto a sancionar toda la corrupción que emana de ellos; no existiendo voluntad verdadera de extinguir la impunidad que la enmarca. Veremos ahora sus comportamientos en el presente proceso porque, sin lugar a dudas, buena parte de los ayuntamientos de Guerrero están enladronados.

PD1. De escándalo la corrupción imperante en la UAGRO. Los jóvenes para ser admitidos en ciertas unidades académicas, tienen que “dar moche” o “pagar arancel” por derecho a entrar. Por ejemplo: En la de nutrición, se les pidió 5 mil pesos. En la de enfermería, 40 mil pesos y en la de medicina 130 mil pesos. Estamos integrando, a través del correo-e, h.popoca.b@gmail.com, un expediente documentado de estas corruptelas para entregárselo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también a AMLO en su próxima visita a Guerrero.

PD2. “¿Cual inseguridad en Acapulco? ¡por favor!” Exclamación del empresario, Juan Antonio Hernández, dueño del Fórum Imperial en Acapulco, ante pregunta de reporteros, hace nueve meses (El Sur. 29/12/ 2017).


viernes, 7 de septiembre de 2018

Impunidad S. A.


Héctor Manuel Popoca Boone.

En este mes se cumplen cinco años de que el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel impactaron el territorio nacional (15/sept/2013), con saldo de 150 muertos, 68 desaparecidos, un millón 200 mil damnificados, 36 mil 961 casas afectadas y daños estimados en 75 mil millones de pesos (la mayor parte en Guerrero); a la fecha, no hay responsables sancionados por el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de alto riesgo en donde se presentan, de vez en vez, desbordamientos e inundaciones naturales como lo fue en el área de Acapulco-Diamante; provocando pérdidas humanas y materiales.

“Esto implicará conocer cuáles fueron las zonas en las que, de manera inapropiada y con permisos, seguramente también sin sustento legal, se otorgaron y donde se edificaron construcciones, lo que impidió que se drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región y que, a partir de ello, se realice la investigación correspondiente”, expresó el Presidente de la república, Enrique Peña Nieto (EPN), durante una reunión de evaluación de daños ocasionados por Ingrid y Manuel, efectuada en Acapulco

La identificación de responsables de actuaciones presuntamente ilícitas fue ordenada por EPN a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en ese entonces a cargo de Jorge C. Ramírez Marín, quien debió realizar un informe y presentarlo tres semanas después. Han pasado 5 años desde entonces y el informe sigue sin conocerse públicamente, si es que existe.

En el ámbito local, la Fiscalía del estado de Guerrero, por instrucciones del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, inició su propia investigación a través de la averiguación previa 1179 en el Ministerio Público de Costa Azul, donde fue solicitada la presentación de 27 ex funcionarios públicos, incluidos ex alcaldes municipales; pero hasta el momento no se sabe nada del curso que tuvo el expediente aludido. Lo mismo pasó con la información requerida a ocho grandes inmobiliarias involucradas, en diferentes tiempos, en la construcción de casas de carácter social en esa zona inundable.

Posteriormente, la Sedatu por insistencia de información de reporteros, respondió con inverecundia: “Las licencias y permisos fueron otorgados aproximadamente hace 10 años, por lo cual, aparentemente, las acciones para presentar denuncias penales o administrativas, podrían estar prescritas”.

En ese mismo lapso, EPN instruyó la formulación de un programa para la reconstrucción del estado, mismo que se instrumentaría con todas las dependencias federales coordinadas por la secretaria de la SEDESOL, Rosario Robles Berlanga. Así nació el Plan Nuevo Guerrero, que se dio a conocer al público el 7 de noviembre del 2013, contemplando 37 mil 715 millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2014. Dicho plan en algunos programas puestos en operación no tuvo metas precisas, mucho menos plazos de finiquito. Los recursos se operaron y dieron a conocer con poca información detallada.

Se pretendió darle participación a la sociedad civil para monitorear el Plan a través de un “Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero”, que fue presidido por el político y empresario, Miguel Alemán Velazco. Estaba integrado por destacados personajes del sector privado, social, universitario y eclesiástico, tanto del nivel estatal como nacional. La actuación de dicho Consejo fue decorativa y no rindió informe alguno de evaluación de los resultados obtenidos, por no contar con la suficiente información. Fue tan solo una faramalla, ya que no fue autónomo ni tuvo recursos independientes para su cometido. No logró transparentar la operación de los recursos federales del Plan Nuevo Guerrero.

A finales de abril 2015, se realizó la última sesión protocolaria del fallido Consejo, donde como conclusión irónicamente se comentó tras bambalinas: “Todo lo que entró, salió; y no hay más información” Corrupción e impunidad S.A. de R.L.

PD1. Bajaran o subirán los homicidios, pero no hay región del estado donde no haya pobladores alzados en armas para defender sus vidas y patrimonios.