Héctor Manuel Popoca Boone.
En este mes se cumplen cinco años de que el huracán
Ingrid y la tormenta tropical Manuel impactaron el territorio
nacional (15/sept/2013), con saldo de 150 muertos, 68 desaparecidos, un millón
200 mil damnificados, 36 mil 961 casas afectadas y daños estimados en 75
mil millones de pesos (la mayor parte en Guerrero); a la fecha, no hay
responsables sancionados por el otorgamiento de permisos de construcción en
zonas de alto riesgo en donde se presentan, de vez en vez, desbordamientos e
inundaciones naturales como lo fue en el área de Acapulco-Diamante; provocando pérdidas
humanas y materiales.
“Esto implicará conocer cuáles fueron las zonas en
las que, de manera inapropiada y con permisos, seguramente también sin sustento
legal, se otorgaron y donde se edificaron construcciones, lo que impidió que se
drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región y que,
a partir de ello, se realice la investigación correspondiente”, expresó el Presidente
de la república, Enrique Peña Nieto (EPN), durante una reunión de evaluación de
daños ocasionados por Ingrid y Manuel, efectuada en Acapulco
La identificación de responsables de actuaciones presuntamente
ilícitas fue ordenada por EPN a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), en ese entonces a cargo de Jorge C. Ramírez
Marín, quien debió realizar un informe y presentarlo tres semanas después. Han
pasado 5 años desde entonces y el informe sigue sin conocerse públicamente, si
es que existe.
En el ámbito local, la Fiscalía del estado de
Guerrero, por instrucciones del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, inició
su propia investigación a través de la averiguación previa 1179 en el
Ministerio Público de Costa Azul, donde fue solicitada la presentación de 27 ex
funcionarios públicos, incluidos ex alcaldes municipales; pero hasta el momento
no se sabe nada del curso que tuvo el expediente aludido. Lo mismo pasó con la
información requerida a ocho grandes inmobiliarias involucradas, en diferentes
tiempos, en la construcción de casas de carácter social en esa zona inundable.
Posteriormente, la Sedatu por insistencia de
información de reporteros, respondió con inverecundia: “Las licencias y
permisos fueron otorgados aproximadamente hace 10 años, por lo cual,
aparentemente, las acciones para presentar denuncias penales o administrativas,
podrían estar prescritas”.
En ese mismo lapso, EPN instruyó la formulación de un
programa para la reconstrucción del estado, mismo que se instrumentaría con
todas las dependencias federales coordinadas por la secretaria de la SEDESOL,
Rosario Robles Berlanga. Así nació el Plan Nuevo Guerrero, que se dio a conocer
al público el 7 de noviembre del 2013, contemplando 37 mil 715 millones de
pesos, para el ejercicio fiscal 2014. Dicho plan en algunos programas puestos
en operación no tuvo metas precisas, mucho menos plazos de finiquito. Los
recursos se operaron y dieron a conocer con poca información detallada.
Se pretendió darle participación a la sociedad
civil para monitorear el Plan a través de un “Consejo Estatal para la Reconstrucción
de Guerrero”, que fue presidido por el político y empresario, Miguel Alemán
Velazco. Estaba integrado por destacados personajes del sector privado, social,
universitario y eclesiástico, tanto del nivel estatal como nacional. La
actuación de dicho Consejo fue decorativa y no rindió informe alguno de
evaluación de los resultados obtenidos, por no contar con la suficiente
información. Fue tan solo una faramalla, ya que no fue autónomo ni tuvo
recursos independientes para su cometido. No logró transparentar la operación
de los recursos federales del Plan Nuevo Guerrero.
A finales de abril 2015, se realizó la última sesión protocolaria del
fallido Consejo, donde como conclusión irónicamente se comentó tras bambalinas:
“Todo lo que entró, salió; y no hay más información” Corrupción e impunidad
S.A. de R.L.
PD1. Bajaran o subirán los homicidios, pero no
hay región del estado donde no haya pobladores alzados en armas para defender
sus vidas y patrimonios.
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