viernes, 24 de mayo de 2019

El Plan de AMLO y el campo mexicano. (3)



Héctor Manuel Popoca Boone.

 México no puede permitirse seguir teniendo condiciones precarias en el sector rural, puesto que son las que provocan la expulsión de jóvenes al no encontrar alicientes en materia de salarios y empleos; son prácticamente huidas en falso realizadas en forma permanente, plagadas de incertidumbre económica e indefensión completa. Agréguesele a lo anterior las migraciones encaminadas hacia la delincuencia organizada y a los ámbitos de la violencia de manera constante. De ahí el principio rector del Plan. “No s migración por hambre o por violencia”

No tiene desperdicio alguno el siguiente párrafo del plan propuesto a la nación: “El sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas neoliberales. A partir de 1988 se destruyeron mecanismos que resultaban fundamentales para el desarrollo agrario; se orientó el apoyo público a la manipulación electoral y se propició el vaciamiento poblacional del agro. Las comunidades indígenas, que han vivido desde hace siglos la opresión, el saqueo y la discriminación, padecieron con particular intensidad esta ofensiva. Las políticas oficiales han favorecido la implantación de los megaproyectos y han condenado al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Ello no sólo ha resultado desastroso para los propios campesinos sino para el resto del país: actualmente México importa casi la mitad de los alimentos que consume, así como la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura.”

 El plan reconoce que hay resultados positivos en el crecimiento de la agricultura mexicana gracias a la producción de productos exportables (hortalizas y frutales) que representan buena cuantía de la riqueza rural generada; pero también explica que el beneficio no ha sido socializado, sino apropiado por una reducida porción de unidades productivas, es decir, de pocos potentados empresarios rurales del occidente y norte del país. Así, mientras el 73 por ciento de las Unidades Económicas Rurales a nivel nacional perciben ingresos netos de no más de 17 mil pesos, otro 8 por ciento obtiene ingresos superiores a los 562 mil pesos por unidad productiva según estadísticas de la Secretaria de Agricultura.

Con las buenas cifras macroeconómicas referidas a las exportaciones de productos agrícolas han tratado de maquillar la postración y la dependencia en la producción alimentaria en general. Afirma el Plan que el esfuerzo económico debe orientarse más a fortalecer un mercado interno que permita la construcción de una “economía para el bienestar” de todos, por todos y para todos. Una economía social y humana.

Hablar del campo mexicano es describir, en buena parte del territorio nacional, el fenómeno de la injusticia rural en lo económico, político, social y de sus consecuencias en materia de inseguridad, violencia y delincuencia. Cortar de raíz las causas y no solo los yerros de ellas es el camino más acertado para reconstruir la cohesión destrozada, la ingobernabilidad, la inhibición de la actividad económica o de plano, la vida de los seres humanos. El principio rector: “No hay paz sin justicia” que marca el Plan es ineludible para la pacificación rural y para establecer bases sólidas para la reincorporación social de la juventud al ámbito de los estudios o del trabajo remunerado.

Estipula el Plan: “El país requiere una democracia vigorosa basada en instituciones y mecanismos, democráticos tanto representativos como participativos; asegurando así que la población se erija como el timonel del destino nacional” Para los mismos efectos y como otro paradigma de política, el Plan establece que “La democracia significa el poder del pueblo”. Por tanto, es relevante la importancia que adquieren en este sexenio las asambleas comunitarias rurales, como instrumento de programación y designación de apoyos gubernamentales a productores rurales.

PD1. Guerrero, bañado en sangre, violencia y delincuencia; corrupción y mentiras; donde campea el dolor y la ingobernabilidad. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, así dice un canon en el Plan presidencial.





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