Héctor Manuel Popoca Boone.
No es cierto que el gobernador del estado, el secretario
general de gobierno y el secretario de salud estatal, no hayan avizorado desde
el mes de septiembre del año pasado, la vorágine creciente de mortandades y
pérdidas de salud evitables y que no lo fueron; debido al erróneo y errático
manejo de la pandemia del Covid-19 en Guerrero.
Fue
entonces en ese tiempo, cuando la Secretaría de Salud federal había indicado
que, debido al preocupante crecimiento de la pandemia, Guerrero debería
retornar al semáforo epidemiológico color “naranja” (de alto riesgo), ya que
estábamos en el “amarillo” (de riesgo medio). En contra, el gobernador, Héctor
Astudillo Flores, declaró públicamente que la economía estatal seguiría abierta
como si estuviéramos en semáforo “amarillo”; y suya era la responsabilidad de
esa determinación. (Novedades de Acapulco. 14/09/2020). Eran tiempos
vacacionales y puentes laborales de conmemoraciones patrias.
En
otras palabras, las actividades económicas y sociales seguirían teniendo un
aforo de ocupación promedio máximo permitido de 50 a 60 por ciento, y no del 30
por ciento, tal y como marca la norma federal para un estatus “naranja”. A
partir de entonces, quedó establecido y quincenalmente ratificado el “Gran
Engaño” de nuestras autoridades estatales al pueblo de Guerrero.
Para
el “triunvirato de la mortandad predeterminada”, la salvaguarda de los negocios
tendría primacía sobre la vida humana. El gatopardismo en el combate a
la pandemia -simulación y mentira-, quedo fincado con pronunciamientos
oficiales engañosos y melifluos; acompañados de acciones des-energizadas y blandengues.
De
esa forma, se relajaron las medidas sanitarias y su debida observancia fue
demasiado laxa durante las vacaciones patrias, las de fin de año, las de semana
santa y en la temporada de las campañas y jornada electoral; donde por
disposición mancomunada con el gobierno federal, rigió el semáforo “verde”, aun
cuando en Guerrero la pandemia no dejaba de crecer, si bien lo hacía a
velocidad moderada.
Algunos
ciudadanos observantes, sin ser pitonis@s, oteábamos en el horizonte, la
tragedia humana venidera, que hoy sufren miles de familias. Todo por tener un
gobierno ineficiente en el desempeño de sus responsabilidades primigenias con
el pueblo de Guerrero. Aportante de culpa también, fue la falta de consciencia y
participación ciudadana para la contención del virus mortífero mutante.
La
soberbia y el engreimiento permanente de nuestros conductores institucionales,
han hecho que, ante la magnitud e intensidad de crecimiento del Covid-19,
tengamos ahora que dar cuatro pasos atrás de manera rápida y colocarnos de
nueva cuenta en un semáforo “rojo”.
Hoy,
estamos en el semáforo de máximo riesgo. Pero el gobierno estatal, fiel a su
parsimonia ñoña, indica que las playas quedarán abiertas, no obstante que nadie
como él sabe que el factor de propagación más importante que tiene el virus es
la proximidad física y la intensa movilidad social; no obstante que ya tiene
cobertura un segmento de la población, con las vacunas correspondientes; mismas
que no llegaron en forma suficiente en el tiempo previsto, para haber podido
decretar con menor riesgo el semáforo “verde”.
Varias
propuestas concretas y posibles, exitosas en otros países parecidos al nuestro,
para contener la pandemia, las he plasmado en anteriores artículos de opinión (El
Sur, sept. 26, oct. 3, 10 y 17 del 2020), sin que hayan merecido atención
alguna de nuestras máximas autoridades sanitarias estatales, salvo honrosas
excepciones municipales.
Hoy,
los del gobierno dicen que no creían que la pandemia alcanzaría las actuales
cifras, que oscilan en 5,000 decesos y 55,000 contagios acumulados, con las
consabidas sub estimaciones. Nunca es tarde para enmendar, porque la pandemia y
sus letales consecuencias, siguen creciendo en forma muy acelerada.
PD1. “…las ganancias de un
día o la venta de una noche pueden representar muerte y dolor para decenas de
familias”. Adela Román, alcaldesa de Acapulco. (Si eso lo hubiera pregonado
tiempo ha, y actuado en consecuencia; otro gallo nos cantaría).
PD2. Durante casi seis
años, el Gobierno de Héctor Astudillo y su “maestro incómodo”, se negaron a
poner en funcionamiento el Centro Comunitario contra la Violencia a la Mujer
Indígena en Ayutla (que tuvo un costo de más de 20 millones de pesos). Ni
siquiera lo han utilizado, como les fue solicitado el año pasado, como centro
cuarentenario temporal contra el Covid-19. Hoy más que nunca se hace necesario.
El Hospital General de Ayutla se encuentra colapsado. Triple ¡Uf!
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