Héctor Manuel Popoca
Boone.
¿Alguien ha visto a
Vicente I. Suástegui Muñoz?
Un
país que tiene bajo su rectoría el aprovechamiento y uso de los estratégicos
recursos energéticos, localizados en su territorio nacional (petróleo,
electricidad, hídricos, eólicos o de origen mineral), es una nación que puede
ejercer plenamente su soberanía ante el resto del mundo.
Tendrá cimientos sólidos para el progreso y
desarrollo económico de su pueblo y para labrar su futuro con autonomía,
equidad social y libre de dominaciones o sometimientos, externos o internos,
por parte de grupos minoritarios de poder político o económico.
La
historia política y económica de las naciones, y de México en lo particular, lo
demuestran fehacientemente. La única época de fuerte desarrollo económico
sostenido, que México ha experimentado durante 30 años después de la segunda
guerra mundial, solo es explicable a partir de la nacionalización del petróleo
mexicano y de la construcción de PEMEX. Lo mismo aconteció, al pasar al dominio
de la nación, por la vía de la compra accionaria, la operación de las empresas
generadoras de electricidad, que hoy constituyen la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). No se diga del recurso hídrico, y de nuestro sistema de
presas y represas nacionales, operadas a través de la Comisión Nacional del
Agua.
A
partir de eso, fue posible poner a disposición de nuestra incipiente clase
empresarial mexicana, las tres fuentes de energía (petróleo, electricidad y
agua) a precios subsidiados y con una sólida infraestructura, para generarlas y
transportarlas a los principales centros fabriles, urbanos y a las más remotas
comunidades rurales. Si hoy tenemos una clase empresarial de mediana potencia,
se debe en mucho a las nacionalizaciones estratégicas de nuestros recursos
energéticos. Y eso nadie lo puede poner en duda.
Pero
de tres décadas a la fecha, gobiernos federales detentados por antipatriotas
mexicanos, desde Salinas de Gortari a Peña Nieto, emanados del PRI y del PAN,
empezaron a socavar y a desmantelar, a propósito y en forma soterrada, estas
industrias estratégicas, en colusión con fuertes empresarios nacionales y
extranjeros, para después declarar cínicamente que tanto PEMEX, CFE, y CONAGUA,
no fueron capaces de administrar bien dichas energías cayendo después en la quiebra
económica y tecnológica.
No
es raro, por tanto, que a las familias gobernantes mencionadas y de la elite empresarial,
pronto las veríamos como relevantes accionistas de los nuevos consorcios
privatizadores de nuestro patrimonio energético.
Hoy los oligarcas se oponen a que el país recupere la
rectoría y control del uso y disposición de nuestros recursos estratégicos
energéticos, así como de la rehabilitación y modernización de PEMEX, CFE y
CONAGUA. (Que no debe ser de forma estatista a ultranza porque considero que debe
participar la empresa privada en forma complementaria y supletoria). Así como regular
los precios de venta para que conlleven beneficios reales a todos los mexicanos
y no a unos cuantos poderosos empresarios y políticos del PRI, PAN y PRD, cuya
pagoda siempre será el dinero y el poder que de él se derivan.
Adenda.
Había decidido ya no autodenominarme Gobernador Moral de Guerrero. Pero ciertas
decisiones de la Gobernadora del Estado y de “su papá incómodo”, me convencen
que no es prudente hacerlo todavía. Como es el hecho de ratificar como
secretario de la contraloría del Estado, al que fungió en el mismo puesto en el
gobierno corrupto de Héctor Astudillo y que ahora, la revista PROCESO, informa
que es, mínimamente, un consumado evasor de impuestos inmobiliarios.
Repruebo
también, el que los diputados locales, cuya mayoría son de MORENA, hayan
designado como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, al
primogénito del gobernante saliente, garantizándole a él y a todos los
priistas, impunidad absoluta.
No
admito que Félix Salgado Macedonio, “el papá incómodo”, se dé el lujo de
mangonear pública y grotescamente, a la que hoy es formalmente la Gobernadora
de Guerrero; vulnerándola para que obre oficialmente con la dignidad que le impone
llevar la investidura gubernativa estatal.
PD. Espero que los
universitarios que se incorporan a la administración pública estatal no lo
hagan “dobleteando” su sueldo mensual. Esto es, seguir percibiendo el proveniente
de la Uagro, más el que recibirán como altos funcionarios públicos. Así pasó,
vergonzosamente, en el período del ex gobernador, Rogelio Ortega. Éticamente no
es válido tener funcionarios de “izquierda” con altas remuneraciones, cuando
más del 60 por ciento de los guerrerenses están en situación de pobreza.
porelrescate@outlook.com
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