Héctor Manuel Popoca Boone.
¿Alguien ha visto a
Vicente Suastegui Muñoz?
Como
Gobernador Moral de Guerrero, me avergüenzo de la cámara de diputados local. Censuro
a la vez, el comportamiento del Poder Ejecutivo Estatal de antaño; que tuvo, por
diversas formas, subordinado para sus propios designios al Poder Legislativo; corrompiéndolo
a cuál más. Ya sea por presión partidista, por persuasión monetaria, por
concesión de canonjía o privilegio ilegítimo, por obstrucción de ascenso
político personal o por ostracismo parlamentario.
Con
letras de oro debiera colocarse en el recinto plenario del Congreso local la
siguiente frase: “El que no tranza, no avanza”. Hay diputados que se
autonombran indígenas; y no lo son. Hay quienes afirman residir en un distrito
electoral, cuando nunca han vivido en él. Por no mencionar aquellos que son
analfabetas funcionales, en materia legislativa.
Como
siempre, lo que priva entre los diputados locales no son las convicciones, sino
los arreglos vergonzantes. La cámara de diputados local es un crisol prístino
en el mercadeo de consciencias políticas. Donde confluyen polític@s que
sobreponen sus ambiciones de tipo personal o grupal, por encima de los
intereses populares. Aprecian más un sustancioso acuerdo, que una enflaquecida
convicción. Por supuesto que existen sus raras pero honorables excepciones.
El
gobernante tradicional hace saber sus iniciativas de legislación “a modo”, a
través de dos operadores políticos: el secretario general de gobierno y el
secretario de finanzas; que son a la vez excelsos corruptores de consciencias legislativas.
Del tamaño de la discrepancia o diferendo, será la “maiceada” correspondiente. Con
el abuso de estos “usos y costumbres”, los diputados locales, han quedado
completamente desprestigiados. La corrupción e impunidad rampante se pasean por
los pasillos de los cubículos de los coordinadores de fracción y responsables
de comisiones.
El
Congreso local de Guerrero es de lo peor que hay en el escenario nacional. Se ha
convertido tan solo en una placenta económica de la mediocre y pigmea clase política
institucional. En las últimas décadas devino rémora parasitaria del ordenamiento
gubernamental establecido. Enfatizo, la mayoría de los legisladores locales no
son verdaderamente representantes populares, sino de la partidocracia mafiosa y
mercantilizada. Hoy muestran su completo anquilosamiento, su discriminación y
distanciamiento con el pueblo; alcanzaron su cenit, en el sexenio del “gobernador
del desastre” y su “maestro incómodo”.
Deslumbraron
por su incapacidad para nombrar, en tiempo y forma, al fiscal general; poniendo
en serio predicamento la seguridad pública estatal. A tal grado, que tuvo que
intervenir el presidente de la República, soterradamente, para la designación de
la actual responsable. No menos incompetentes se muestran, al no nombrar todavía
al auditor superior del estado; poniendo en jaque el ejercicio honesto y la
rendición de cuentas públicas de toda la estructura gubernamental. Eso, por
causa de la disputa en el herraje partidista que deben tener el titular y los
auditores especializados.
Pendiendo
de sus cuellos tienen ahora la soga del ahorcado, por su ineptitud, contumacia
y nula expiación. Están sentenciados por incumplimiento de un resolutivo de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por cuanto, a reponer en tiempo
perentorio, el debido proceso, en la obligada consulta a los pueblos indígenas
y afromexicanos sobre las enmiendas constitucionales que, Héctor Astudillo
Flores junto con Florencio Salazar Adame, promovieron e hicieron aprobar en
mala hora. La SCJN las anuló, en forma lisa.
Los
legisladores locales a la fecha no han cumplido con la obligada rectificación
mandatada por la SCJN; siendo de MORENA, la afiliación de la mayoría de ellos. Hoy,
pretenden realizar la consulta a marchas forzadas, solo para cubrir con la
formalidad de un acatamiento ficticio de la sentencia, como si eso bastara para
no sufrir consecuencia alguna. ¡Uf!
El
nuevo esfuerzo será vano y fallido. Por contener serio vicio de origen. La
convocatoria para participar en la consulta respectiva, fue emitida con una
firma apócrifa del diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, acto ilícito denunciado
públicamente por el propio diputado; y corroborado por la presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso local. Un simple recurso legal de impugnación, bien puede
echar para abajo la parodia que pretenden montar los diputados. ¡Uf! ¡Uf!
Con la soberbia; cínica, corrupta y discriminadora, que
exhiben la mayoría de los legisladores locales; ha lugar para que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación les revoque ipso facto las facultades
constitucionales estatales encomendadas.
porelrescate@hotmail.com
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