Héctor Manuel Popoca Boone.
¿Alguien ha visto a
Vicente Suastegui Muñoz?
La
génesis del desastre legislativo en la 63 legislatura que padece el estado de
Guerrero data desde el gobierno de Héctor Astudillo Flores y su secretario
general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Ellos enviaron a la 61
legislatura, sendas iniciativas de reformas al artículo 14 de la Constitución Política
del Estado de Guerrero y a las leyes reglamentarias: 777 y 701, que versaban
sobre la seguridad pública y la cuestión indígena y afro-guerrerense,
respectivamente.
Recordemos
que el propósito político de esos malogrados estadistas estatales fue restarle la
jerarquía legal, ya conquistada constitucionalmente, a la autonomía de dichos
pueblos para establecer sus propios sistemas de seguridad pública comunitaria.
Dichas
iniciativas fueron aprobadas a finales de la 61 legislatura y provocaron en diversos
pueblos y organizaciones indígenas y afro-guerrerenses protestas, inconformidades
y repudios; por no haberlos tomado en cuenta, ni mucho menos consultarlos en
debida forma para ejecutarlas. Tal y como lo señala la Constitución Política de
la República y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CJN)
en toda clase de legislación que afecte los derechos de dichos pueblos. De ahí
que hubo la correspondiente impugnación ante la SCJN porque no se observó el
debido proceso, por cuanto a la obligada consulta previa, libre, informada,
culturalmente adecuada y de buena fe.
La
SCJN falla a favor de los pueblos mencionados y emite los decretos de
inconstitucionalidad 81/2018 y 78/2018, declarando invalidez a las reformas aprobadas
al artículo 14 constitucional de Guerrero y las Leyes estatales 701 y 777. Por
lo que instruye al Congreso local a reponer el debido proceso de consulta, en
un plazo de tiempo determinado. También mandataba al gobernador a publicar las
sentencias de la Corte, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado (POGE).
Cuestión que no realiza hasta casi terminar su mandato; ordenando que se
publicaran con fecha atrasada. ¡Uf!
El
tema quedó en tránsito hacia la siguiente 62 legislatura; que tampoco cumple con
los plazos fijados por la SCJN y que acaban de caducar el pasado 15 de abril.
Por su parte, la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, entra e inmediatamente sale de
escena, al presentar para después retirar, las iniciativas legislativas que
envió al Congreso el pasado 4 de febrero, referentes a 1) el artículo 14 de la
Constitución Política del Estado, 2) la Ley de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado y 3) la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ¡Uf! ¡Uf!
Posteriormente,
el Congreso local para no ser sancionado por la SCJN también aprueba por
unanimidad, por la vía del Fast track, la Ley 179 sobre el Sistema de
Seguridad Pública del Estado, que fue publicado en el POGE ¡con una redacción
diferente en uno de los transitorios aprobados! ¡Uf! ¡Uf!
“Rayando
el caballo”, en el tiempo estipulado, los diputados locales entregan a la CSJN
una nueva, amañada, desinformada, engañosa y apresurada seudo consulta, que trascendió
tuvo un costo de 20 millones de pesos, cuya inicial convocatoria, contenía una
firma falsificada del diputado, Héctor Apreza Patrón, integrante de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo). Triple ¡Uf!
Todo
este vodevil legislativo, viciado de origen, es asunto grave. Como gobernador
moral de Guerrero, preveo que enrutará a la SCJN a una nueva invalidez de esta renovada,
fraudulenta y fallida consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos; haciéndose
acreedor el Congreso local a una ejemplar sanción por incumplimiento y engaño.
PD.
Antes de que se vayan permanentemente a sus casas, a los diputados reelectos y
entronizados en la Junta Local de Coordinación Política, les solicito proporcionen
a la opinión pública la información integral del proceso que han llevado de destrucción
del edificio que albergaba la biblioteca del Congreso local; la asignación de
la construcción de un nuevo inmueble de oficinas en ese sitio; así como otras
obras, reparaciones y equipamientos mayores, realizados en lo que va de su mañosa,
opaca y deshonesta gestión. Lo anterior, porque Guerrero carece desde hace
nueve meses de un titular de la Auditoría Superior del Estado, cuyo
nombramiento está bajo la responsabilidad de esta inolvidable 63 legislatura. (Cuatro
veces ¡Uf!)
porelrescate@hotmail.com
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