Héctor Manuel Popoca Boone.
Con
especial atención para: La C. secretaria de Gobernación, la C. gobernadora de
Guerrero y el C. director general de la Auditoria Superior de la Federación.
En
Guerrero, la gran corrupción institucional no es menor con el Gobierno de
Evelyn Salgado Pineda (ESP) y su partido Morena. Está presente; prohijada y ocultada; en
asociación con sus fracciones parlamentarias respectivas, que han integrado la
Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la presente y anterior
legislatura.
Así
lo demuestran los asuntos en torno a la destrucción y construcción de la biblioteca
pública del Congreso local. La misma tónica puede presentarse hoy en día en lo
que corresponde a la rehabilitación física del municipio de Acapulco y Coyuca
de Benítez. ¡Sálvese quien pueda!
Desde
que se autorizó hace más de dos años (10/junio/2021), en las postrimerías del
sexenio del ex gobernador, Héctor Astudillo Flores (HAF), la fraudulenta
demolición y construcción del desaparecido inmueble, a instancia de la gestión
inicial individual del diputado morenista, Alfredo Sánchez Esquivel (ASE), -en
ese entonces fungía como Coordinador de la Jucopo- de una autorización de
recursos públicos; partida presupuestal de índole federal, a fin de reparar los
daños (Ojo: remodelación; no demolición) ocasionados al edificio de la
Biblioteca, a consecuencia de las diversas manifestaciones de protesta de tipo
vandálico, que se realizaban, de vez en vez, a las puertas de la entrada
principal del recinto legislativo local.
El
otrora gobernador, HAF, da la instrucción a su secretario de Finanzas de darle
al secretario de Obras Públicas (SDUOP), Isaac Ocampo Guzmán, 10 millones de
pesos (del fondo de aportaciones de recursos federales) para la “Rehabilitación
del Inmueble del Congreso del Estado”. En menos de un mes, el secretario de la
SDUOP recibe la primera ministración para inicio de obra, por cinco millones de
pesos (¡Más del 50 por ciento del costo de la reparación!) que, ni tardo ni
perezoso, firma el 21/julio/2021, irregular contrato, por adjudicación directa,
con la compañía: “Entre-Trazos, Diseño y Construcción”, por nueve millones 471
mil 268 pesos. La rehabilitación contemplaba la planta baja, área de
biblioteca, aire acondicionado, mobiliario, equipo de oficina y escaleras.
La
gran premura en la autorización, aprobación, contratación y otorgamiento de la
mitad del dinero que cubría el costo de la obra a la empresa constructora, se
debió a la prioridad que señaló HAF de realizarse en el menor tiempo posible y daba
como plazo de entrega: el 22 de noviembre del 2021; no contando aún, en ese
entonces, con un expediente técnico-presupuestal debidamente integrado de la
obra de reparación; mismo que fue entregado por el director responsable de la
obra hasta el segundo día del mandato de la nueva gobernadora, ESP.
El
dictamen de seguridad estructural final contemplaba que, para la rehabilitación
del inmueble; los cimientos, el concreto de las vigas y las columnas tenían una
resistencia aceptable. Cabe advertir que los planos estructurales originales
del inmueble nunca se encontraron. La empresa ganadora, ya mencionada, era novel:
tenía menos de un año de haberse dado de alta ante el Registro Público de la
Propiedad del Estado de Guerrero (28/septiembre/2020).
El
22/ de octubre/2021, el diputado, Alfredo Sánchez Esquivel, mediante oficio a
la SDUOP, solicitó que los recursos autorizados para la rehabilitación de la
obra fueran reorientados para la demolición y la construcción de un nuevo
edificio de dos pisos.
A
ocho días de entrar en funciones la flamante gobernadora de Guerrero, su recién
estrenada secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Irene Jiménez
Montiel, recibió instrucciones de solicitarle a la empresa constructora contratada
para la obra, presentar un nuevo presupuesto que contemplara la construcción de
un segundo piso del edificio de la biblioteca, para albergar oficinas y
cafetería. Al mismo tiempo, informaba al Coordinador de la Jucopo de “la
terminación anticipada” del contrato inicial de rehabilitación; debido a los
nuevos y ampliados trabajos autorizados para el inmueble.
Pero
el 9 de noviembre de 2021, la compañía constructora inicial: “Entre-Trazos”,
solicita la segunda ministración para la rehabilitación de la obra, por un
monto de cinco millones de pesos, ¡sin haber finalizado los trabajos contratados!
Con fecha 23/noviembre/2021, el secretario de Finanzas de la gobernadora
constitucional, Evelyn Salgado, ¡pagó el dinero solicitado! O sea, se le
entregaron a la inicial empresa constructora la totalidad de los diez millones
de pesos pactados; no existiendo rehabilitación alguna de la biblioteca.
Finalmente,
el 10 de diciembre de ese año, el gobierno de ESP decidió dar por terminada, en
forma anticipada el contrato de rehabilitación; pidiendo a la empresa
contratada que reintegrara a las arcas públicas, los diez millones de pesos
otorgados. Ignoro si fueron reintegrados o no. Trece días después, la
secretaria de la SDUOP, Jiménez Montiel, firma un nuevo contrato, sin mediar
licitación pública alguna, con otra empresa: “Corporativo de Ingenieros Civiles,
AVICAT”, por un monto de nueve millones 604 mil 167 pesos, de fondos de
recursos federales transferidos al estado.
El
28 de diciembre, la Secretaría de Finanzas y Administración realizó la
transferencia de los fondos a la SDUOP de los cuales otorgó a la nueva empresa
contratada un anticipo de 2 millones 808 mil pesos 613 pesos, para que
iniciara, en sigilo, los nuevos trabajos. El plazo de ejecución fue, del 25 de
diciembre al 31 del mismo mes del 2021. Es decir, los siete días más inhábiles del
año. Finalmente, en agosto del 2022, la obra quedó suspendida e inconclusa por
falta de fondos.
En
resumen podemos decir que, a la fecha, se han gastado 20 millones de pesos de
recursos transferidos por la federación al gobierno estatal, para una obra
plagada de irregularidades, donde la Auditoria Superior de la Federación espera
que el gobierno estatal solvente el pliego de irregularidades detectadas en
materia del uso de los recursos federales, detalladas en la auditoria de la
cuenta pública del gobierno estatal del Guerrero del 2021; fundamentalmente en
cuanto a la no observancia del contenido del expediente técnico original
autorizado: llevar a cabo una rehabilitación, más no una demolición y nueva construcción.
¡Zas!
PD.
Artículo síntesis, elaborado a partir de la lectura de los ensayos periodísticos
de: José Miguel Sánchez y de Emiliano Tizapa Lucena / 12 de mayo y 30 de julio
del 2023, respectivamente / Amapola Periodismo.
porelrescate@outlook.com
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