Héctor Manuel Popoca Boone.
En la presente década, la primera toma y parálisis
generalizada de la ciudad de Chilpancingo por parte de la delincuencia criminal
ocurrió en la quincena inicial de julio del 2023. La segunda revuelta
delincuencial de esa naturaleza sucedió a comienzos de febrero del 2024. Y
sigue la mata dando…
La trilogía que es motivo-existencial de la
delincuencia organizada es el dinero, el poder y el dominio de facto de territorios;
por eso ellos no entienden de ley o autoridad establecida a someterse. Gracias
a su poderío de asesinar impunemente es que pueden subordinar y sobornar, creando
terror y temor con finalidades de persuasión económica socialmente forzada. Sus
códigos de conducta son bipolares, de vida o muerte. No hay gradualidades ni medias
tintas. La historia nos indica que a la fuerza criminal únicamente la doblega y
extingue la fuerza institucional.
La génesis de la guerra interna por la disputa del
control político, económico y social de la ciudad de Chilpancingo entre dos
bandas de la delincuencia organizada viene de antiguo (lo dice el presidente
AMLO en las postrimerías de su gobierno), en contubernio con las autoridades
locales y se han adueñado de toda la vida territorial en donde actúan en forma
soterrada o abierta. Gracias al “Sistema de Corrupción e Impunidad, S.A. de
C.V.” imperante, en Guerrero en particular y en México en lo general, integrado
por inescrupulosos gobernantes, funcionarios públicos, políticos, partidos
políticos y empresas lavadoras de dinero, junto otros cómplices gremiales.
El poderío pandilleril en Guerrero fue desarrollándose
a la par que la expansión del cultivo y tráfico de la goma de amapola en las
regiones de la sierra y la montaña guerrerenses; y por el tráfico de paso de la
cocaína proveniente de América del Sur. Hoy, ambos estupefacientes han quedado parcialmente
desplazados por sustitutos (fentanilo y anfetaminas) en el comercio
internacional, por lo que los narcotraficantes diversifican sus fuentes de
enriquecimiento económico a partir de exacciones ilícitas en otras actividades
económicas regionales normales; a través de la extorsión, el secuestro, el
moche económico y la tributación forzada.
Los grupos locales empezaron a crear sus zonas de dominio
a nivel micro regional, para luego escalar a estadios subregionales y luego ligarse
a nivel nacional, gracias a las alianzas que hicieron, cada cual, con el crimen
organizado nacional e internacional.
La disputa y el control territorial, casi total, de ciudades
como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Chilapa, et al; empezó a
tomar tintes sangrientos, cada vez más intensos, a partir de acuerdos secretos,
entre gobiernos con la delincuencia criminal, para fines político electorales y
de control de las policías municipales y estatales.
De acuerdo a las autoridades civiles, militares,
eclesiásticas y a confesión de parte de alguno de los principales delincuentes,
son dos bandas en Chilpancingo: “Los Tlacos” y “Los Ardillos”, los que han
protagonizado en los primeros dos meses del presente año estas peleas homicidas
e incendiarias, que han paralizado totalmente la capital del estado, sin que
haya autoridad alguna (ni siquiera las fuerzas armadas) que lo impidan. Parte
de los malandros organizados cuentan con la solidaridad de organizaciones criminales
nacionales; así como con el enraíce social que tienen en poblaciones rurales y
colonias populares.
Las confesiones públicas en comento, dan razón plena,
a la falsedad de la otrora respuesta negativa y de rechazo institucional expresada
en su tiempo por el gobernador Héctor Astudillo Flores y su “maestro incómodo”,
Florencio Salazar, sobre el rechazo el intento de dialogo que el ex obispo de
Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, deseaba entre las autoridades de
gobierno con las bandas organizadas ya que tenían casi intransitable y plagada
de asesinatos las zonas: Centro y Montaña de Guerrero.
Es de sentido común que el dialogo y el pacto para la
paz, digna y pública, se impone en cualquier crisis beligerante cuando se
enfrentan dos adversarios con el mismo nivel y capacidad de fuego real; y ninguno
puede derrotar al otro, como es el caso en Guerrero que lleva décadas en esa
tesitura.
La cruda realidad violenta que hoy vivimos va en
aumento e indica que el gobierno estatal y el municipal han sido rebasados con
mucho por el crimen organizado. Las autoridades no han cumplido con su función
principal de cuidar al pueblo. Las últimas acciones delincuenciales exhiben lo
que ya se sabía con anterioridad: La estructura gubernamental sí tenía (y
tiene) pactos vergonzosos de impunidad con los narcos, aun cuando persistan en
mentir y decir reiteradamente que no. Es el caso de la gobernadora
constitucional, Evelyn Salgado Pineda, y de su “Papá incómodo”, Félix Salgado
Macedonio. Son patéticos. Cada vez se vuelven más vulnerables y sus expresiones
son huecas en tiempos canallas e hipócritas.
También los jefes locales de Morena, del PRI y el PRD sabían
de esos acuerdos en lo oscurito con los dos bandos de malandros y avalaban que
nadie se interpusiera en sus pactos de carácter delincuencial. Otra vez, la
cruda realidad terminó por imponerse en la reciente ola multi homicida que los
desnudó a todos, doblegó al gobierno federal y patentizó, una vez más, el
fracaso de la estrategia de seguridad que, obcecadamente, las autoridades mantienen
de varios años a la fecha. Son tiempos de miseria política. No pueden ni
quieren defender al pueblo indefenso.
porelrescate@outlook.com
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