Claroscuros.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Pensaba escribir sobre el gobernador, Héctor Astudillo Flores, (HAF) como un mandatario público solitario, en su pesada y difícil encomienda constitucional. Sobre la percepción prevaleciente de ser un gobernante sin gabinete de trabajo, sin apoyo alguno para fortalecerse y llevar a cabo el buen cumplimiento de las metas gubernamentales trazadas.

Pensaba en describir, pormenorizadamente, los hechos que así lo indicaban y que lo dejaban mal parado ante la ciudadanía. Como lo fue, el rotundo mentís que le propinó su secretario general de gobierno, vía la secretaria de la mujer, cuando afirmaron tajantemente que la OPIM no iba a tener cabida en la co-administración del Centro Comunitario de la mujer indígena en Ayutla; siendo que días antes, HAF había dialogado constructivamente con las mujeres dirigentes Me Phaa de aquellos lares.

O cuando declaró públicamente que no se involucraría en la escalada del conflicto sindical magisterial en Guerrero y pocos días después, su secretario de educación declaraba, provocativa e irresponsablemente, que darían de baja a casi mil maestros que decidieron no participar en el proceso institucional de evaluación recién establecido.

  Colgado de la brocha quedó cuando afirmó también que no sería dique u obstáculo para que, si así se concluyera por especialistas en la materia, establecer la alerta de género en el estado. No pasaron muchos días para que el fiscal estatal rechazara tal posibilidad aduciendo tecnicidades jurídicas, refrendando la negativa ya declarada por el secretario general de gobierno. Y con todo lo anterior, uno se podría preguntar válidamente ¿Quién gobierna institucionalmente Guerrero? ¿O es acaso un juego perverso del gobernante bueno y sus colaboradores malos?

Pero he aquí que el suceso de la captura de dos relevantes narcotraficantes con dominio en territorios de Ixtapa Zihuatanejo y en Acapulco vinieron a desmentirme en mi inicial percepción. Ulteriores sucesos como el intento de un juez federal venal de liberarlos; el amedrentamiento sin parangón realizado por la delincuencia organizada contra las personas del gobernador del estado, del presidente del Tribunal de Justicia del Estado, del fiscal estatal, así como el atemorizar a la sociedad misma con viles asesinatos a la luz del día en playas vacacionales de Acapulco, provocaron una respuesta institucional contundente, hecha valentía, firmeza y determinación.

En un marco de gran cohesión, Héctor Astudillo, Robespierre Robles, Xavier Olea y Roberto Álvarez Heredia se aplicaron personalmente, como un todo único y tomaron al toro por los cuernos, sin amilanarse en ningún momento. El primero instruyendo, los otros dos obrando y el último explicando al pueblo lo que estaba ocurriendo sin mendacidad alguna. Dieron verdadera muestra de cómo deben tratarse a los malhechores de gran calado y a sus criminales fechorías, sin la tradicional impunidad derivada de la corrupción.

Acciones como las descritas son aplaudibles y dignas de reconocimiento, porque dan esperanza a la ciudadanía de recuperar la confianza en el gobierno, vivir sin incertidumbre, sin zozobra, ni inseguridad cotidiana; manteniendo su patrimonio a buen resguardo y con la tranquilidad necesaria al saber que no todo el gobierno federal o estatal son narco-gobiernos en Guerrero. A eso se le llama otorgar seguridad de Estado.

El respaldo del gobierno federal a este tipo de conductas de eficaz protección a la sociedad fue constatado al realizarse en Acapulco una reunión del gabinete de seguridad federal encabezado por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que anunció el regreso de contingentes de la policía federal y una coinversión con el gobierno estatal de 200 millones de pesos adicionales para reforzar el sistema de seguridad pública de Guerrero.

Por cierto, al presidente municipal de Acapulco no se le vio ni como convidado de piedra. Su ausencia fue tan elocuente y de obviedad que es conveniente que pida permiso para retirarse de la responsabilidad de gobernar Acapulco, por el bien de la población. Es un gobernante no confiable para el Estado Mexicano. ¡Sopas!

PD. En la nueva ley orgánica del Congreso del Estado aprobada por la mayoría de nuestros ínclitos diputados, no dispusieron sancionar a los faltistas, con eso el poder legislativo refrenda una vez más su vocación de querer pertenecer a un gobierno de mediocres y hogazanes. ¡Uf!