Héctor Manuel Popoca Boone.
Así como el gobierno municipal requiere del apoyo del gobierno estatal para
el bien gobernar, Guerrero necesita del gobierno federal para progresar. Cuando
dos niveles de gobierno son discrepantes en la ideología política de sus
respectivos partidos el que pierde electoralmente le conviene llevarse la
fiesta en paz con el triunfador. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo,
obtuvo 558 mil 662 votos a su favor en el 2015. Este año, el presidente electo
de la Republica, Andrés M. López Obrador, tuvo un millón 18 mil votos en este
Estado. Es decir, 82 % más votos.
En la bolsa de valores de “Mochelandia”, el moche por adquisiciones se
cotiza en 15 por ciento y el de construcción en 20 por ciento. Eso se acabará
en el gobierno federal de AMLO. Los corruptos tendrán que hacer negocios ilícitos
en otra parte. Pero será inútil tratar de erradicar la
corrupción, si no se extingue también la impunidad. En Guerrero la política se
hace con dinero o con convicciones. Prefiero las últimas, sin embargo,
predomina el “billullo”.
El secretario de economía
del falleciente gobierno federal, afirmó que no le alcanza su sueldo mensual de
140 mil pesos netos. Luego arguyen los priistas que no están desapegados a los
sufrimientos del pueblo. El problema de Guerrero es que la mayoría de sus
gobernantes, funcionarios y políticos les ha ganado también la voracidad sin
límites; motivo por el cual no les preocupa la extensa pobreza y la carencia de
bienestar social.
Con
estos nuevos aires de transformación del país, habrá credibilidad y saldremos
del hoyo negro y sangriento en que estamos inmersos. El camino que conduce al
reino de la ineptitud está empedrado de puras farsas, mentiras y pretextos. Con
verdadera honestidad, transparencia, idoneidad, capacidad y genuino empeño de
servir al pueblo podremos progresar, con o sin coordinadores de los programas
sociales federales en cada Estado.
El éxito histórico que ha
tenido la CRAC-PC en la región de Costa Chica y la Montaña ha sido porque los pueblos
indígenas necesitaban tener fuerzas de seguridad pública, propias, confiables y
eficientes, que procuraran y administraran la justicia, la paz y la serena
convivencia comunitaria; cosa que los gobiernos estatales nunca les obsequiaron.
Con fuerte arraigo local, con un actuar normado por las asambleas comunales y
con códigos de re-educación basados en principios y valores éticos consuetudinarios,
ahora cuentan con el total apoyo, confianza y respeto de sus propias
comunidades.
Esa es la realidad de un
derecho indígena conquistado desde antiguo que la mal afamada Ley Astudillo
pretende disminuir, subordinar y remitirla a la incumbencia de un ministerio
público por demás, tenebroso, anquilosado y corrupto. El concepto de ley
abstracta no se concreta en los derechos ya adquiridos, obligados y jurídicos,
desde la perspectiva del constitucionalismo moderno. El diputado local electo
de Morena, Rubén Cayetano García, afirma que hay escaza consistencia jurídica
cuando una sola ley secundaria reglamenta toda una serie de artículos constitucionales.
Esa es la ceguera de
escritorio, del poder ejecutivo estatal y del legislativo saliente. Se
abstrajeron de un fenómeno social circundante. Legislaron en forma ahistórica y
ajenos a la circunstancia factual. Por eso su acrecentada impopularidad y su
anticipado fracaso en el acatamiento de tal ley.
PD. Beneplácito causa la
liberación de 9 de 25 policías comunitarios de la CRAC-PC, de la CECOP y
ciudadanos. Detenidos el 7 de enero pasado en La Concepción, Cacahuatepec.
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