Héctor Manuel Popoca Boone.
Parece ser que en este período de fin de año varios
grupos sociales se han propuesto provocar violencia social, para que el país
entre en una fuerte inestabilidad que permita romper con el orden institucional
y así aprovechar la oportunidad para consolidar sus privilegios particulares
por encima de los superiores de la nación.
De que actualmente hay en México, descontento y malestar
social, por la inseguridad, corrupción e impunidad, no puede negarse. Fueron
fenómenos antisociales engendrados, cultivados y acrecentados por la negligencia
institucional de una casta de políticos inescrupulosos, de empresarios y otros
segmentos de la sociedad del mismo tenor, al usufructuar el poder gubernamental
durante muchas décadas atrás.
Actualmente no hay circunstancia difícil de gran mella
que señale que estamos en una situación de absoluta ingobernabilidad y de
crisis social; sin querer decir con eso que arriemos las banderas por la erradicación
de vicios, incompetencias institucionales y privilegios indebidos que, en lo
económico, se prohijaron para unas minorías. Nuestro sistema de libertades y de
derechos constitucionales que nos rigen afortunadamente nos permiten la enmienda
y la corrección de aquello que consideremos procedente y urgente.
Tan es así que después de 70 años y como producto
colectivo de los mexicanos y de nadie más, en forma pacífica y sin
derramamiento de sangre masivo, hemos podido establecer en nuestra realidad social:
la alternancia en el poder y la renovación en el mandato presidencial; ensanchando
nuestra democracia que aún es imperfecta. Tenemos un sistema electoral menos
manipulado y más confiable. No sin altibajos, artimañas, fraudes, represiones políticas
o atropellos sociales de por medio.
Derivado de lo anterior es por lo que hoy gozamos de
libertad para expresar nuestras ideas, de movilizarnos y hacer marchas y manifestaciones
públicas en pro de la vigencia y respeto de todos nuestros derechos humanos;
así como de criticar y repudiar todo tipo de políticas públicas que
consideremos sean lesivas para nuestro bienestar social.
Con la manifestación heterogénea y amorfa, del pasado 17
de noviembre -por demás fracasada- que culminó con: a) ataques directos
vandálicos a edificios históricos del zócalo de la República, perpetrados por
grupos de enmascarados que surgieron en último momento de la marcha, b) dichos grupos
estaban equipados exprofeso con herramientas para tumbar las vallas metálicas
de protección ya instaladas previamente. c) ausencia de un templete en el
zócalo y de los organizadores del acto y d) inexistencia de un pronunciamiento
público donde los promotores dieran a conocer las razones de ésta. Todo lo
anterior, genera indicios de un posible plan orquestado con antelación, por
responsables de alto nivel, que no dieron la cara, para provocar una represión
violenta a la ciudadanía joven y adulta participante.
Refuerzan esos indicios los intentos de otra
inesperada marcha convocada por una organización, X, sin cuerpo e identidad
propia, realizada el día de ayer, 20 de noviembre, en contra respuesta al
desfile oficial. Por fortuna gozó de poca asistencia y no hubo encontronazo ni
confrontaciones violentas que lamentar.
Por último, está el anuncio hecho por algunas organizaciones
del transporte de carga del norte de la República y de productores rurales de
esa región de que, para forzar un “paro económico nacional” intentaran bloquear
carreteras del país. Similar estrategia fue usada en las semanas antecedentes
al “golpe de estado” mediante el cual se instauró la dictadura militar en Chile
durante los años de 1973-1990. ¡Aguas!
PD. Estimado director, Juan Angulo: Informo a usted y
a los apreciables lectores de “El Sur” una pausa que haré en la entrega semanal
de mis artículos de opinión por lo que resta de este fin de año;
agradeciéndoles de antemano su comprensión.
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