viernes, 7 de noviembre de 2025

Invertir para transformar.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Una economía que consume más allá de todo lo que produce en forma lícita; sin ahorrar ni invertir una parte de su riqueza social, indefectiblemente pierde inercia y entra en estancamiento. Si su población se ve incrementada anualmente, disminuirán las disponibilidades financieras y los satisfactores materiales y de servicios. Quedará obligada a recurrir a préstamos externos de largo plazo para cubrir la brecha entre lo que consume y lo que genera como ingreso social. En el mediano plazo será una economía insolvente; sin inversión productiva ni tecnológica de innovación; sin recursos para sostener su crecimiento económico y desarrollo social.

 

Con el tiempo, una economía nacional con un déficit grande en su funcionamiento entrará en recesión y crisis económica donde la temible inflación galopante y después la devaluación abrupta se encargarán de disminuir el bienestar social del país. Incluso, posibilita la estanflación, que es la aparición simultánea de inflación elevada, desempleo crónico y un estancamiento económico.

 

En la propuesta de gastos que prevé tener el gobierno federal de México para 2026, contempla un gasto total de aproximadamente 10.19 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 5.9 % respecto a 2025. En tanto los ingresos serán casi del mismo monto 10.2 billones de pesos, con permisibilidad (no recomendable) para incrementar la deuda interna con fines de financiamiento al gasto público hasta por 1.7 billones como límite máximo y un endeudamiento neto externo de hasta 15,500 millones de dólares.

 

Del total del presupuesto de egresos, alrededor del 82.4 % ya está comprometido en obligaciones ineludibles como son el pago de deuda, pensiones, participaciones federales a los estados, programas de protección social; sostenimiento de los sectores prioritarios: salud; educación; seguridad pública; defensa nacional; administración gubernamental e inversión para terminar de construir infraestructura en proceso.

 

La alta proporción de gasto comprometido (cuatro quintas partes) limitará la flexibilidad presupuestaria para hacer transferencias y/o reasignaciones, lo que significa que nuevos programas de inversión productiva generadores de empleos, permanentes y formales, deberán financiarse con recursos extras que impactarán en más deuda pública, mayor inflación e incremento de la tributación fiscal regresiva al consumo.

 

Es probable caer en déficits financieros puesto que los gastos serán mayores que los ingresos y eso restará fondos para disminuir las brechas educativas, tecnológicas y científicas; la reposición de maquinarias y plantas productivas ya obsoletas; así como cubrir imprevistos y contingencias.

 

La inversión fija nacional realizada entre agosto del 2024 al 2025 disminuyó en 8.9 por ciento, por lo que la expectativa de crecimiento de la inversión productiva para 2026 será reducida; por consecuencia la oferta de mercancías y servicios básicos será inaccesible para una mayoría de la población que tiene ya de por sí un poder adquisitivo bajo.

 

Los principios de macroeconomía anteriormente señalados no son del todo respetados por los gobernantes y políticos de la denominada, “Cuarta Transformación”. Atenderán preferentemente lo que reditúa más en política en el corto plazo: “los programas sociales” es decir, apoyos directos de recursos monetarios a la población más vulnerable del país. Los subsidios directos a la población pobre para fortalecer su consumo son correctos, siempre y cuando sean respaldados por la suficiencia de ingresos derivados de la inversión para la producción y el trabajo. Sobre todo, en un país como el nuestro, caracterizado por una gran desigualdad social.

 

Conclusión: A México le urge que el sector público y el privado promuevan y realicen una mayor inversión, no especulativa sino productiva, para generar mayor número de empleos formales y permanentes.

 

PD. El presidente estatal de Morena considera que a la población de Chilpancingo la cuidan bien las fuerzas institucionales avocadas a eso; en tanto 9 ciudadanos capitalinos de cada 10, declaran vivir en un ambiente de inseguridad pública (INEGI). Dos formas diametralmente opuestas de percibir una realidad, según lo empoderado que este uno. ¡Uf¡

 

porelrescate@outlook.com

 

 

 

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