Escalada

Héctor Manuel Popoca Boone*.
 

Recordemos que el movimiento estudiantil del 68 tuvo su origen en la Ciudadela de la capital de México, a partir de una riña callejera entre estudiantes de dos escuelas de enseñanza media superior, misma que fue detenida con suma rudeza por la policía capitalina. Los estudiantes pidieron como reparación de dicha represión, la suspensión del jefe de la policía. El regente de la ciudad y el presidente de la República de aquel entonces, desoyeron una y otra vez tal petición, amachándose en no removerlo. En los siguientes meses la inconformidad y protesta social tuvo un ascenso vertiginoso que fue frenada abruptamente con la matanza de Tlatelolco asumida como responsabilidad presidencial.

Por otra parte, sigue sin respuesta oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), la pregunta pública que hiciera el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, “¿dónde estaban los tres niveles de gobierno cuando pasó lo de Iguala?”.

 

La afirmación tajante del senador Sofío Ramírez de que el gobierno estatal fue tan responsable como el gobierno federal en el conocimiento de lo que sucedía en Iguala, induce a pensar que no se quiere asumir responsabilidades por parte de institución federal alguna, ni afectar a sus funcionarios. A nivel estatal, el caso referido repercutió con el cese del secretario de salud, Lázaro Mazón, y la solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador de Guerrero.

Tal parece que hay un empecinamiento de la federación de no dar a conocer a los padres de los jóvenes desaparecidos, la información veraz, completa y detallada de lo que pasó con los estudiantes, desde que salieron de Ayotzinapa hasta el desenlace fatal ocurrido durante la noche-madrugada del 26-27 de septiembre del 2014 en Iguala y en sus inmediaciones. 

Sin esa información se dificulta en grado sumo resolver la desaparición forzada de 43 normalistas, el afincamiento de responsabilidades institucionales y el castigo ejemplar a que haya lugar a todos los involucrados. La versión dada por la PGR a la opinión pública causa incredulidad por no estar sólidamente sustentada. Mientras tanto, seguiremos sosteniendo que sin verdad no hay justicia y sin ésta no habrá paz duradera.

Faltan nueve días para que se cumplan cuatro meses del infausto evento; la protesta y la exigencia social no solo se ha mantenido sino que su escalada ya es más intensa y profunda, con acciones ilícitas de mayor gravedad, que tienen amplia resonancia nacional y mundial. 

En esta semana que finaliza, fue cosa de suyo grave el hecho de que el Movimiento Popular Guerrerense intentara abrir por la fuerza las puertas de algunos cuarteles militares en su reclamo de justicia. También lo es que a esta fecha, no haya suficiente y creíble información oficial sobre lo acontecido, de la presentación de los desaparecidos, así como la identificación de todos los causantes por comisión u omisión, directos e indirectos, de la tragedia.

No hay posibilidad de tener paz en Guerrero permaneciendo en esta situación de estancamiento oficial. Estamos en un punto de quiebre, que nos puede llevar a la solución represiva del conflicto o a tomar verdaderamente el sendero de la solución pacífica del mismo. 

PD1. El repudio legítimo de los ciudadanos de Acapulco (que estaban tramitando su credencial de elector) a la avanzada destructora del MPG, demuestra que no se pueden defender causas justas con actos que coarten los derechos de la cudadanía.

PD2. Convengo en que iniciemos con urgencia una cruzada vasta contra la corrupción, la impunidad, la pobreza y la injusticia en Guerrero. Seguramente todos los que estamos convencidos, nos encontraremos en el camino.

PD3. El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, ha dado instrucciones para mi recontratación a efecto de que coadyuve, entre otras cosas, a la mejor atención gubernamental de las demandas socioeconómicas que le han sido presentadas por algunas de las organizaciones sociales de la Red de Derechos Humanos, “Una década Sin Impunidad”, que preside el Obispo Raúl Vera López. Prometo no llevármela de a muertito.

*Asesor en Políticas Públicas del Ejecutivo Estatal.

Sí, a las elecciones.

Héctor Manuel Popoca Boone.
 

Parte fundamental de la historia de México fue la consigna política “Sufragio efectivo, no reelección”, enarbolada por el mártir de la democracia, Francisco I. Madero. Con ella, convocó a los mexicanos a desconocer la dictadura de Porfirio Díaz, el 20 de noviembre de 1910. En 1911, se realizaron nuevas elecciones donde triunfó Madero, poco después fue mandado asesinar por el General Victoriano Huerta para entronizarse en el poder mediante un golpe de Estado en 1913.

La revolución mexicana le costó a México poco más de ¡un millón de vidas! La mayoría de ellas, usadas como carne de cañón. Hubo un desplome de la economía con la consiguiente hambruna social, además de una ingobernabilidad permanente, fincada en los fusiles de diversos caudillos, de diversos bandos, en diferentes regiones y en diversos tiempos. Fue un costo demasiado alto conquistar un régimen de democracia y no de dictadura.

Con la Constitución de 1917, surge nuestra democracia teñida de sangre desde sus inicios. Carranza, Obregón, Serrano,… hasta Colosio, vieron cegadas sus vidas, al igual que muchos de sus seguidores y simpatizantes, al tratar de acceder o mantenerse en el poder mediante el voto de los ciudadanos. En el año 2000 terminó el régimen presidencial de partido único (PRI), mismo que duró 71 años con una fachada falsamente democrática, sostenida con el fraude contumaz, amañado y periódico de las elecciones.

Durante la llamada dictadura blanda y perfecta, surgen guerrillas con el propósito de derrumbar el régimen político prevaleciente. Sin lograrlo, queda como saldo un sin número de personas encarceladas, torturadas, desaparecidas y asesinadas, en varias partes del territorio nacional. 

Aunque en forma accidentada, con irregularidades y poca pulcritud, podemos afirmar que en México, se ha dado la real alternancia pacífica en el poder, a través de las elecciones. Hoy en día se respeta, no sin dificultades, el derecho del ciudadano a votar y a ser votado. Por la exigencia-presión del pueblo, se han erradicado vicios que antes estaban sumamente arraigados. Tales como el “embarazo” o el robo de urnas, el acarreo masivo de electores, la alteración del padrón electoral o el falso conteo de votos, entre otras lindezas.

En este vía crucis de la democracia mexicana, aún tenemos mucho que enmendar y resolver. Como es la inequidad de los recursos aplicados a las campañas, la partidocracia comandada por una runfla de políticos corruptos y mafiosos, la financiación exorbitada de los comicios en un país de pobres, la intromisión y cooptación de lo gubernamental por la delincuencia organizada, la inveterada compra de los votos y la impunidad con que se protegen todos los ilícitos anteriores. 

Establecer los cimientos y el andamiaje de nuestra todavía imperfecta democracia ha requerido un enorme esfuerzo de los mexicanos Los avances obtenidos son patrimonio colectivo. No debemos destruirlos sino seguir perfeccionándolos, porque son la única garantía de paz en el acceso al poder, dirimir civilizadamente la litis política y el señorío de la democracia, como estilo pacífico de convivencia social.

Hoy, impedir el voto electoral va contra el derecho conquistado por el pueblo, de elegir democráticamente a sus gobernantes y representantes populares. En otras palabras, es  conculcar la posibilidad de vivir dentro de un régimen democrático a manos de unos pocos en perjuicio de todos.

Insisto, no es conveniente tratar de impedir las elecciones del 2015. Es lo mejor de lo peor que tenemos para el cambio y el progreso social. La alternancia pacífica en el poder solo se logra con el voto. En lo personal, convoco a acudir a las urnas a votar y plasmar en nuestra boleta electoral el número 43, como señal polìtica de nuestro repudio a la corrupción sistémica y la desaparición forzada de los jóvenes normalistas.

PD. “Ya me comprometí con mis amigos que están en prisión para sacarlos. Los vamos a sacar para que se reincorporen a su comunidad, para que se pongan a trabajar y nos ayuden aquí, en el trabajo de todos los días.” Dr. Rogelio Ortega Martínez, Gobernador de Guerrero.

h.popoca.b@gmail.com

Hacia la paz, con la verdad y la justicia.

Héctor Manuel Popoca Boone.
 

Siembra injusticia y cosecharás violencia. Robert Kennedy.

 

Pretender que haya paz sin justicia es como desear que vivan peces sin agua. Para que impere la paz menester es que prevalezca la justicia. Ese es el propósito que nos ocupa hoy en día la masacre de Iguala. Para que haya justicia perentoria es necesario que se sepa toda la verdad del atroz evento. Empezando con el paradero de los 42 muchachos en forzada desaparición. No puede aplicarse justicia completa si no se conocen todas las causas directas e indirectas, antecedentes, motivaciones, circunstancias, personajes, lugares y tiempos específicos de lo que aconteció en Iguala.

Conocer la verdad es condición ineludible para hacer justicia. El engaño y la mentira, el encubrimiento parcial de un delito, opaca la justicia y esta es imposible de sostenerse firmemente pues sus cimientos estarán fincados en arenas movedizas. Sin la verdad total no hay justicia plena, ni paz genuina y duradera, sobre todo si el delito es de lesa humanidad. Una aparente legalidad sustentada en falsedades, solo sirve para solapar la ilegalidad, proteger y encubrir a victimarios y olvidar la reivindicación de las víctimas. Institucionaliza parte del delito y otorga impunidad a los delincuentes.

El empeño justiciero debe sustentarse en que todas las vidas humanas tienen un valor intrínseco similar. Todas las mujeres y los hombres tenemos la misma dignidad que se debe valorar y proteger como tal. El derecho a la vida es primigenio de los demás derechos humanos. La verdadera paz se concibe como disfrute de la vida y no como acechanza de la violencia exterminadora de ella.

Socavar la justicia generalmente provoca, entre otras cosas, indiferencia o amnesia social por reflejo de sobrevivencia. Coloca fuera del estremecimiento a la ciudadanía ante el horror cotidiano. Suscita parálisis social y es producto ilegítimo de un poder institucional subordinado al mal.

Un gobierno en donde la corrupción y la impunidad son pilares de su funcionamiento, está imposibilitado a otorgar justicia plena y por lo tanto nunca podrá darse la reconciliación social. Los intereses de grupo en el poder se antepondrán a los intereses de la población oprimida y agraviada. A la larga será buscar una falsa paz que estará sostenida con la irresoluta sangre derramada. En palabras de René Padilla: “Si el fruto de la justicia es la paz, el fruto de la injusticia es la violencia y el caos social, la enemistad y la inseguridad, el odio y el temor. Cada injusticia que se comete contra los pobres lleva en sí la semilla de la subversión. La justicia conduce a la vida, la injusticia desemboca en la muerte.”

Si hay paz por medio de la verdad y la justicia, habrá reconciliación social mediante el dialogo y la reparación del daño causado, a sabiendas que no hay forma alguna de reparación de una vida humana que ha sido cegada por una violencia unilateral y sanguinaria. 

Dialogar permite llegar a acuerdos y acciones de reconciliación para construir nuevos lazos de fraternidad social y evitar que de nueva cuenta se sigan presentando desgracias como las acaecidas. Los normalistas no fueron los únicos agraviados, todo el pueblo mexicano oprimido lo fue también. La existencia de la pobreza es una violencia social permanente.

En conclusión: La paz exige la defensa de la vida, como derecho y como deber. Se construye sobre la verdad y es obra de la justicia. Permite a su vez la reconciliación social mediante el diálogo y la reparación posible del desgarre social.

PD1. Existe una relación directa y recíproca entre la debilidad de las instituciones públicas y el enquistamiento de la corrupción y la impunidad. 

PD2. La falta de honestidad en el ejercicio de la política obliga a una mayor participación, observación y denuncia ciudadana en las elecciones del 2015.

PD3. En estos tiempos quisiera desear felicidad y prosperidad plena a tod@s, pero lamentablemente nos faltan 42, asesinaron a 7 y dejaron más de 20 heridos en Iguala hace tres meses.

PD4. Con el secuestro  y asesinato del presbítero Gregorio López Gorostieta se confirma el grave deterioro criminal que padecemos en Guerrero.

h.popoca.b@gmail.com

¡Digan la verdad!

Héctor Manuel Popoca Boone.

 

La desconfianza, incredulidad y enojo cunden cuando no se habla con la verdad. La sospecha se enraíza hondo tratándose de la justicia pendiente en un agravio grande a la sociedad como lo fue la desaparición forzada de 43 jóvenes y de otros asesinados. El engaño o la mentira permanente suscitan rabia, rencor y odio cuando se descubren y se exacerban a medida que pasa el tiempo, máxime cuando se constata su práctica reiterada. 

Eso y no otra cosa es lo que les está sucediendo a los familiares de los vástagos victimados que han contado con la solidaridad de pobladores, profesores, organizaciones sociales y líderes mundiales. La masacre de Iguala permea el acontecer internacional. Y la crítica para el Estado mexicano es acerba.

Grave error fue tratar de cerrar y dar por concluida informalmente la averiguación con la salida del gobernador Aguirre Rivero, la captura del presidente municipal de Iguala y de su esposa, de algunos de los jefes del cártel “Guerreros Unidos” y el encierro grupal de la dupla asesina sicarios-policías municipales.

Destacada falla es que después de casi tres meses permanezca una explicación inaceptable por inconclusa e incompleta de los hechos criminales, en donde 43 muchachos desaparecen como si hubieran sido abducidos. Es insatisfactorio, insuficiente e inverosímil que no se sepa nada de ellos.

Comprometido silencio es el de las instancias oficiales que no han dado cuenta de lo que la sociedad ya sabe por otros medios de investigación, con inferencias especializadas divulgadas o de simple y discreta información ciudadana: la desatención e inacción de instituciones oficiales en los ámbitos del gobierno estatal y federal que debieron haber evitado la matanza y no lo hicieron; o peor aún, su posible complicidad adosada de encubrimiento de un partido político.

Con estos faltantes relevantes es imposible estar en sosiego y en actitud de superar un dolor que se profundiza cada vez más por desesperación del tiempo transcurrido. De una vez por todas clamemos a las autoridades federales ¡Digan la verdad! Todavía  hay responsables que identificar y responsabilidades que aplicar. Que informen bien los del gobierno federal donde se encuentran los normalistas desaparecidos si es que ya lo saben y no lo proceden por otorgar impunidad oficiosa.

Lo peor sería imitar el ocultamiento, inevitablemente temporal, de la conducta criminal de instituciones oficiales, como ocurrió en la masacre de Tlatelolco en 1968, donde al paso del tiempo se descubrió que parte de los tiradores embozados que provocaron el inicio de la balacera indiscriminada fueron policías federales, a la par de soldados del batallón militar “Olimpia” y elementos del Estado Mayor Presidencial.

Mientras se siga informando oficialmente verdades a medias y mentiras interesadas, la crisis política, económica y social en que se encuentra inmerso México y Guerrero no se superará. Es no entender que las 43 desapariciones forzadas de Iguala representan la cúspide de las miles acumuladas en el país durante los últimos años. Que las personas asesinadas en Iguala son el grito ciudadano ¡Ya basta! por las centenas de miles que han ocurrido en el ámbito nacional.

En un conflicto social donde no hay información y dialogo honesto, sereno y propositivo aparecerá indefectiblemente la fuerza ensordecedora de los que la detentan en forma institucional. Se impondrá la posición del más fuerte a costa de las razones o exigencias de los débiles que serán reprimidos. ¡Evitémoslo!

Lo cierto es que no sabemos dialogar porque casi nunca hemos dialogado privilegiando los intereses de la justicia en la sociedad y en el país por encima de nuestros intereses personales o de grupo. ¡Todos exijamos justicia pronta, para que todos disfrutemos de una paz, digna y enaltecedora!

PD1. Es correcta la apreciación política de que Rubén Figueroa Alcocer fue el asesor de cabecera de Zeferino Torreblanca Galindo para muchas cosas y la estela de criminalidad que cargan en forma impune los acompañará de por vida.

PD2. Si la enfermería es actividad artesanal, la mía será ser un simple tinterillo.

h.popoca.b@gmail.com