Héctor Manuel Popoca Boone.
El martes pasado, en el DF, asistimos a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (SG), representantes del nuevo gobierno estatal para participar en las diversas reuniones de trabajo que se realizan a efecto de dar cumplimiento a la sentencia que en contra del Estado Mexicano (EM) dictó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violaciones a los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada que realizaron malos elementos del ejercito mexicano en las personas de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Víctimas, que son a la vez beneficiarias -junto con sus respectivos hijos- del laudo internacional y que en estos trabajos son representadas por La Organización Tlachinollan y la organización independiente de pueblos Me Phaa (OPIM) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
El nuevo gobierno estatal, por nuestro conducto, señaló su amplia disposición de ser coadyuvante de las partes para el cumplimiento de la sentencia.
El fallo de la CIDH le fue notificado a México el 31 de agosto del 2010, dándole un año de plazo para su cumplimiento. Los trabajos para la implementación de las medidas de reparación especificadas en las resoluciones dieron comienzo el 15 de marzo pasado. Faltan cuatro meses para el término del plazo fijado.
La primera reunión para los resolutivos en materia de educación y salud se celebró el 5 de abril y se continuó el pasado 3 de mayo.
En lo concerniente a educación, el primer resolutivo obliga al EM a otorgar becas de estudios hasta el nivel de educación superior para los hijos de las víctimas. En la reunión referida se concluyó analizar la factibilidad de un fideicomiso u otro mecanismo que garantice el cabal cumplimiento de la sentencia en el mediano plazo.
Por lo que respecta a salud, en lo que toca al resolutivo de atención psicológica a las víctimas con mayor afectación, éstas optan para que les sea otorgada por un profesional de la materia de sus confianzas y que hable su lengua originaria.
En cuanto al resolutivo de atención médica de por vida a las familias de las beneficiarias, éstas optan por valorar que sea a través de su inscripción al IMSS o de un seguro médico particular.
Las personas beneficiarias solicitaron que las demás reparaciones de índole socio-económica sean abordadas en la mesa de trabajo de “Políticas públicas y reparaciones comunitarias” Por otra parte, la SG les informó que entre el 18 y 19 de los presentes se comenzarán los trabajos para el cumplimiento de los resolutivos de la álgida mesa de trabajo “Justicia”.
La primera consideración personal de esta reunión a la que asistimos, es que los del gobierno contemplamos a las víctimas no como personas victimadas sino como posibles beneficiarias normales de programas de protección social y por tanto, sujetas a las reglas de operación de los mismos, sin percatarnos que por sentencia a su favor son sujetas de tratamiento excepcional.
La segunda es que a las víctimas las estamos sometiendo, en las mesas de trabajo, a un trato tortuoso y burocrático que raya en lo kafkiano, a partir de exigirles documentación y estudios para tener derecho a las reparaciones; cuando es obligación de la parte condenada en la sentencia el realizarlos. En fin, esperemos que el fallo se cumpla en el tiempo fijado para no exponer a nuestro país a otra vergüenza internacional.
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