Los programas de protección social y/o asistencialistas están basados en listas de beneficiarios de población vulnerable que con el tiempo se han visto adulteradas y por tanto manipuladas. Con esta afirmación dio comienzo mi plática con la CP Lizbeth Montiel Valadez, profesionista guerrerense competente y conocedora del tema.
Los motivos pueden ser de naturaleza política, económica o social. La causa política tiene que ver con la conquista de la voluntad de los agraciados para reciprocidades políticas ulteriores en lizas electorales, a favor de quienes los otorgan. Discriminación en tales programas padecen quienes no se someten a tal arreglo político.
Los beneficios económicos externos de padrones inflados corresponden a quienes obtienen un lucro monetario ilegal a través de la clásica mochada por parte de los beneficiarios al otorgante, por ser personas ficticias o que no merecen realmente dichos subsidios.
En lo social encontramos que en los padrones de que ni están todos los que son ni son todos los que están o ya están en el otro mundo.
Se estima que alrededor de un 25 a 30 por ciento de los padrones de estos programas gubernamentales no cumplen con los requisitos requeridos y/o emigraron de Guerrero.
Los programas de procampo, oportunidades, fertilizantes, pensión para adultos mayores, discapacitados, becas estudiantiles, fondo para periodistas, etc., no soportan una auditoría operacional puesto que una parte de los listados están inflados o presentan serias irregularidades en su operación por no reunir los beneficiarios la vulnerabilidad exigible.
Enderezar estas maltrechas políticas públicas de corte social conlleva, en primer término, la creación de un Buró único de beneficiarios de los diversos subsidios de las distintas dependencias que los operan, sean éstas federales, estatales o municipales. Ello sin menoscabo de que mantengan su autonomía operacional. Con dicha base de datos concentradora identificaríamos duplicidades.
En segundo término, conveniente es realizar, de vez en vez, auditorías funcionales en sitio, por muestreo de beneficiarios, para constatar la realidad socio económica en que viven y verificar que sean derechosos del programa en cuestión. La revisión debe hacerse por una contraloría social externa a los beneficiarios y a los beneficiantes.
En tercer término, perentorio se vuelve informar y transparentar en forma pública los padrones ante la ciudadanía, en forma semestral o anual, para que todo mundo sepa quién recibe y porqué es agraciado. Eso permitirá fundamentar posibles depuraciones y evitar así que los programas sean manipulados y orientados a la incorporación de recomendados, amistades cercanas o familiares de funcionarios, políticos o de líderes sociales precaristas.
Gobernantes en general, sobre todo los auto-llamados de izquierda, conciben en su deber gubernamental, única y exclusivamente la concreción y ampliación de programas de protección social, cuando lo prioritario radica en otro terreno: las transformaciones económicas regionales en estados de pobreza y desigualdad extrema como el nuestro.
Dichas transformaciones pasan por políticas públicas de inversión en infraestructura básica y financiamientos bancarios productivos, fortalecimiento de los mercados regionales, así como en el fomento y expansión de las empresas productivas lícitas de todo tipo tanto en el medio urbano como en el rural para generar empleos permanentes.
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