Héctor Manuel Popoca Boone.
Al seguir analizando los resultados de la Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi (2013), se desprende que
prácticamente la mitad de la población (49 por ciento) considera la corrupción
como el principal problema que padece hoy en día nuestro quehacer nacional.
Aclarando, de nueva cuenta, que esta encuesta no toma en cuenta la corrupción que
se presenta en las áreas de adquisiciones gubernamentales, ni en la esfera de
las obras públicas.
La percepción de la corrupción, como forma de vida (correspondiente
a la suma de muy frecuente o frecuente),
la tiene el 88 por ciento de la población encuestada; en Guerrero la posee el
90 por ciento. La corrupción se siente y está en casi todas partes. Las medidas
gubernamentales para combatirla todavía dejan mucho que desear y la
transparencia de las acciones institucionales brilla por su ausencia, si no es
que está atrofiada, tanto en su función auditora como en la rendición pública
de cuentas.
La corrupción es de función dual: mientras haya
corruptores habrá corruptos y viceversa. Las hay materiales, corporales, de
voluntades, de concesiones y de consciencias. Estas últimas son las peores
porque corroen el espíritu de un pueblo. Una sociedad corrupta queda varada en
el barrizal de la desconfianza, incredulidad, inseguridad, incertidumbre e
impotencia, por la impunidad imperante.
En términos generales, la corrupción del sector
privado va al parejo a la del sector público y no se explica una sin la otra. Son
fenómenos siameses. Lo que pasa es que una es vislumbrada y ventilada a la luz
del día, la otra en la penumbra y con sigilo.
La corrupción varía según el tipo de gobierno (correspondiente
a la suma de muy frecuente o frecuente),
la gente considera que los gobiernos estatales es en donde más se anida (77 por
ciento), inmediatamente seguida de los municipales y el federal (76 por ciento,
en ambos casos).
La encuesta arroja que por cada cien mil personas,
24 mil tuvieron experiencias de actos de corrupción en materia de trámites y
servicios. Siendo las entidades federales con mayor tasa de incidencia:
Chihuahua (44 006), Morelos (41 501) y Puebla (39 890).
El 88 por ciento de los encuestados considera que es
intensa su práctica; siendo el área de la policía donde se da más (90 por
ciento), seguida por los partidos políticos (84 por ciento), después el
ministerio público (78 por ciento), ocupando el cuarto lugar, los diputados y
senadores (77 por ciento); y en quinto lugar, los institutos electorales (67
por ciento).
Por primera vez es calculada la percepción ciudadana
sobre la deshonestidad en el comportamiento de los partidos políticos y de las
instituciones electorales. Las proporciones obtenidas son preocupantes en un
país que pregona tener una democracia aseada, inclusiva, sólida, veraz,
objetiva y transparente. Tanto en el acto de la votación (por cuanto a la
compra de voluntades y de dignidades al emitir el voto); como en las transas
económicas al interior de los partidos políticos, así como por sus muchos
soportes externos ilícitos con los detentadores del poder político y económico,
que son origen, casi siempre, de dispendios extralegales durante las campañas
electorales y poco antes de la votación.
La mencionada encuesta ha provocado diversas
opiniones: El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, aseveró que la
causa de la corrupción es eminentemente cultural. Por su parte, intelectuales
como Silva Herzog y León Krause, consideran que no es intrínseca a la
idiosincrasia del mexicano, puesto que residiendo y trabajando en un medio no
corrupto, no somos corruptos. En otras palabras, el corrupto y el corruptor no
nacen, se hacen dentro de un régimen político, económico y social específico
“fincado en la propiedad privada de las funciones públicas.”, como afirma
Gabriel Said.
PD. Difusa, sinuosa y amplia es la especulación
política. Clara, directa y cortante es la verdad del poder, en tiempo real.
h.popoca.b@gmail.com
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