Renovación moral del Tribunal.

Héctor Manuel Popoca Boone.

El cinismo con el que algunos hombres públicos realizan sus acciones réprobas es sorprendente en Guerrero. El pasado 27 de octubre se realizó la ceremonia anual de entrega de preseas al mérito civil. Resulta que el correspondiente a la mujer, fue otorgado a Karenina Martínez Calvo, ¡hija! del que presidió el jurado calificador: Dr. Jesús Martínez Garnelo (JMG). Sin demérito de las prendas civiles que tenga la dama, tal resolución muestra la carencia de ética profesional del último secretario general de gobierno de la administración de Ángel Aguirre R.

Dicho funcionario público, es corresponsable, por omisión, negligencia y encubrimiento por favorecimiento, de la masacre de Iguala del 26 de septiembre pasado. Porque siendo el encargado de la política interior,  no garantizó la integridad física de los jóvenes normalistas, además de no retener a los que son presuntos responsables de la matanza: el ex presidente municipal  (hoy prófugo) de Iguala y a su señora esposa, entre otros.

Ahora JMG pretende regresar a su anterior responsabilidad pública de la cual pidió licencia, a saber: Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sin esperar a que se diluciden las responsabilidades de los trágicos sucesos y que aparezcan los normalistas desaparecidos forzadamente.

Es del dominio público que en el poder judicial, muchas veces, si no hay dinero de por medio, se estancan o se tuercen los expedientes judiciales, se emiten y ratifican sentencias sin sujeción al derecho o se liberan de la cárcel a auténticos delincuentes. Por lo que dicho poder requiere una renovación gradual de su cuerpo de magistrados, jueces y proyectistas, para dar paso a nuevas generaciones de abogados honestos que aspiran, infructuosamente hasta hoy, a una carrera en la magistratura judicial.

En la designación del magistrado presidente debe respetarse, de veras, la certificación propia de sus pares constituidos en pleno. Ya no permitir la injerencia de la voluntad del gobernador en los hechos y tras bambalinas. Práctica insana y perniciosa que somete al poder judicial a los designios del poder ejecutivo y que convierte al magistrado presidente en un subordinado lame suelas del gobernante en turno.

En el momento histórico excepcional que estamos viviendo, urge limpiar la institución para darle mayor certidumbre y confianza a la ciudadanía. El regreso de JMG como magistrado presidente, sería una afrenta a los guerrerenses, pues es conocido que durante su gestión, antes de pedir licencia, propició y cobijó la corrupción en varios frentes: En la construcción de obras, a través de su socio el Ing. Guerra. En las adquisiciones, a través de su sobrino Enrique B. Ortega Garnelo y en la práctica del nepotismo, al otorgar plazas laborales a sus sobrinos y otros familiares. Como ejemplo de favoritismo inmerecido, está el haber encumbrado como magistrado a Víctor Alejandro Arellano Justo, que tiene fama en el medio de ser un juez nefasto y corrupto. Un antecedente oscuro de JMG es haber sido inhabilitado durante seis años como magistrado, por liberar a un secuestrador.

En el seno del Tribunal Superior de Justicia hay capital humano de reconocido prestigio jurídico y comprobada honestidad para contar con una presidencia digna, como pueden ser los magistrados Adela Román Ocampo, Alberto López Celis, Vicente Rodríguez Martínez, Gabriela Ramos Bello, o la misma magistrada presidenta que funge en la actualidad, Lambertina Galeana Marín. En las tareas de transparencia y rendición de cuentas está la desaprovechada doctora y académica, Blanca Estrada Ortega, reconocida por su firmeza de carácter, disciplina, responsabilidad y conocimientos en la materia.

En conclusión: el magistrado o magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado debe ser aquel o aquella que cuente con un prestigio por su buen desempeño a efecto de recobrar la credibilidad de la ciudadanía, contribuir  a la reconciliación, la reconstrucción institucional y a la paz social que tanto necesitamos.

PD. No es cualquier cosa, son 43 jóvenes desaparecidos forzadamente desde hace más de un mes, de los cuales aún no se sabe nada. Que nadie de los culpables escape de pagar sus delitos.

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