Espacio ciudadano.

Héctor Manuel Popoca Boone.

En el fragor de la pasada contienda electoral, un grupo de pensadores guerrerenses (Carlos Reyes Romero, Marcos Matías Alonso, Carlos Toledo Manzur, et al.)  acordaron crear un espacio ciudadano que fuera un crisol de ideas, reflexiones y propuestas de la ciudadanía, que pudieran incidir en el quehacer gubernamental estatal y a la vez en el comportamiento de la sociedad civil, frente a los graves problemas que nos aquejan en estas tierras del sur.

El documento titulado “Espacio Ciudadano por la justicia y la reconciliación social para la paz y la democracia y el desarrollo del Estado de Guerrero” señala algunos cauces por los que es posible transitar pueblo y gobierno. Las ideas ahí vertidas pueden ser punto de partida para que florezcan otras, más y mejores.

No causa sorpresa la caracterización que hacen de Guerrero: Desigualdad social, pobreza extrema, rezago educativo, deficiente atención a la salud, carencia de empleo, empobrecimiento del campo, deterioro del medio ambiente, la justicia al mejor postor, la inseguridad pública y el imperio de la delincuencia, cuya resultante es la descomposición creciente y la degradación amplia de la sociedad.

Aseveran los autores también la caducidad del estilo caciquil faccioso, como forma de gobernar; la profunda y extendida corrupción, como forma de convivencia; la lejanía de los partidos políticos, con las demandas y luchas sociales, “aunado a prácticas clientelistas que han tirado absolutamente por la borda la ética política que todo partido o actor político debe tener.”

Hacen énfasis que solamente es posible superar tales males por medio de la activa movilización ciudadana, como parte relevante y protagónica de la solución. Reconocer que históricamente las instituciones gubernamentales han sido rebasadas por vicios de suyo arraigados y acrecentados; con la consecuente semi-pérdida de control de la gobernabilidad. De lo que se trata es de “refundar el tejido social desecho por la irresponsabilidad de la burocracia gobernante y por una clase política omisa o cómplice que ha terminado por corromper la vida pública.”

Mención resaltada es la afirmación que la delincuencia organizada ha pasado a controlar territorios íntegros de varias regiones, en la peor de las situaciones posibles. Es decir, con la infiltración y complicidad, en diverso grado, en los sistemas de seguridad pública del Estado Mexicano. Fenómeno que ha trastocado en mucho el devenir normal, sano y civilizado del pueblo.

Convengamos que necesitamos con urgencia un nuevo tipo de sistema de seguridad pública que no siga los moldes regidos por la unilateralidad y el carácter autoritario de las instituciones policiacas corroídas. En este contexto, no se puede ignorar ni hacer a un lado -al menos por un tiempo razonable- a las diferentes expresiones que han surgido de grupos de ciudadanos erigidos en autodefensas y policías comunitarias.

El Estado mexicano debe tener la suficiente humildad de coordinar y enlazar la institucionalidad con el esfuerzo civil que ha surgido de manera supletoria; lejos de reprimirlo o subordinarlo es necesario valorar su aporte y naturaleza, así como establecer los mecanizamos de coordinación, auto-regulación y armonización de acciones conjuntas en territorios delimitados. La ruta indicada es la que ha iniciado el Gobernador Rogelio Ortega con el FUSTEG, por ejemplo.

Del análisis hecho y de su constatación empírica, resalta que la principal prioridad a atender es el rescate de la seguridad pública, la restitución de la justicia imparcial, pronta y expedita, junto con el predominio de la ley pareja para todos. Ese es el primer paso para construir una sólida protección de vidas y patrimonios familiares, requisito indispensable para cumplir con las otras obligaciones sociales que acusan fuerte deterioro: salud, educación, empleo, marginación, desigualdad, etc.

PD. Fue retenido mi salario mensual bajo la creencia que soy uno de los asesores del gobernador que hago doblete con un sueldo de la Uagro. ¡Uf!