Héctor Manuel Popoca Boone.
Antes, la planificación se utilizaba como instrumento de gobierno.
Servía para determinar con claridad el rumbo del quehacer institucional: ¿qué
es lo que se pretende hacer?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto? y ¿con
quiénes? La planificación fue elevada a rango constitucional. Obligatoria para
los diferentes niveles de gobiernos. Concertada con el sector social. Inducida
para la inversión privada.
La definición de estrategias y programas
gubernamentales, con objetivos claros (hoy llamados globalmente, políticas
públicas), así como metas y resultados cuantificables y localizables, permitían
que lejos de ser un ejercicio meramente intelecto-documental, se convirtiera en
toda una gama de actos de gobierno, a partir del conocimiento de la realidad a
través de diagnósticos regionales, de consultas e identificaciones de demandas
de la población, así como de propuestas de soluciones para el progreso y
bienestar, consensuadas entre gobierno y sociedad.
Además de esos elementos básicos, se integraban al
proceso de planeación la entrega de resultados, identificación de obstáculos y
análisis de errores cometidos, para dar paso a una etapa de evaluación para la retroalimentación
del quehacer público. Eran los tiempos de vigencia de la ideología del
nacionalismo revolucionario que terminó con López Portillo.
A partir de Carlos Salinas de Gortari y el predominio
del nefasto neo-liberalismo social como ideología de gobierno, la planificación
es abandonada para darle libre curso a la inicua explotación de los recursos
naturales y a la inestable asignación de los recursos humanos, materiales y
financieros, en base al forcejeo salvaje que se da en la puja de la oferta y la
demanda, en un mercado libre de la intervención gubernamental; provocando una
gran desigualdad en todos los ámbitos de la sociedad y una irracional e
inequitativa distribución de la riqueza generada a lo largo y ancho del
territorio nacional.
La frase que reflejaba lo grotesco del liberalismo
ramplón, fue dicha por el secretario de industrias de aquella época, José Andrés
de Oteyza: “No hay mejor plan de desarrollo industrial que aquel que no
existe”. Hoy, la planta industria nacional languidece y dicho exfuncionario es un
empleado de segunda categoría en una de las grandes corporaciones
transnacionales, que afilan sus uñas para explotar en gran escala nuestro
petróleo, electricidad y agua, que hasta hace poco eran de reserva y
aprovechamiento exclusivo nacional.
Al abandonarse la planificación, el uso de los
presupuestos públicos estatales fue y es unipersonal y discrecional por parte
de los gobernantes en turno. Los aplican para lo que se les antoje, con la
aprobación o no de sus diputados afines. La planificación del desarrollo regional,
fue transformada en un gran maletín de dineros billonarios de libre utilización
bien sea para apagar fuegos o para enriquecimiento personal.
Muchos planificadores de la administración pública
quedaron reducidos a simples “cajeros” trabajando detrás de un escritorio, que
otorgan financiamientos vía “folios”, a través de “ventanillas” que se abren y
cierran, sin ton ni son, receptora de “proyectos”, formulados y presentados por
un “despachos técnicos”, a nombre de los interesados, para “bajar recursos
públicos” con los “moches” obligatorios. El divorcio entre el aparato
institucional, el desarrollo regional, las demandas sociales, la aprobación de
presupuestos y las prioridades para el progreso social son más que patentes. Se
estima que de 100 proyectos apoyados, únicamente tienen éxito diez.
PD1. El trofeo anual “El Pinocho de Oro”, ya lo
conquistó el Instituto Nacional Electoral, al afirmar que no hubo, por los
partidos políticos, rebase de gastos de campaña, en la pasada contienda electoral.
La compra masiva de votos nunca existió. ¡Uf!
PD2. Los responsables de la creación de 19 mil plazas
magisteriales y otras miles en el sector salud, sin sustento presupuestal,
tienen nombre y apellido. Están cobijados por la impunidad.
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