Centralismo vs federalismo

Héctor Manuel Popoca Boone.

A pesar de que la Constitución Mexicana del 1917 configura a nuestro país como una república federalista constituida por estados soberanos con división de poderes para los contrapesos pertinentes, en los hechos y en el devenir de varias décadas nos desarrollamos como una república centralista con un poder ejecutivo dominante frente a los otros poderes, legislativo y judicial.

La explicación de esta contradicción entre un ordenamiento formal y una práctica gubernamental de facto se debió en mucho a la necesidad imperiosa, políticamente hablando, de tomar el control del país ante las fuerzas centrífugas post revolucionarias de caciques militares regionales que imponían en los estados de la república su propia ley y orden.

Con los años, el crecimiento económico y social del país volvió cada vez más compleja la acción gubernamental centralizada de la federación en materia de servicios e inversiones públicas a lo largo y ancho de la nación. Un ejemplo claro en Guerrero era la presencia de la Comisión del Rio Balsas que tenía mayor presupuesto de inversión para el desarrollo regional que el gobierno estatal; o el Fideicomiso Acapulco que disponía de más recursos federales para infraestructura urbana que el disponible por el ayuntamiento de Acapulco.

Las secretarias federales administraban directamente los programas para los sectores de educación, salud, caminos, industria y campo, entre otros. Pero ese centralismo federal volvía nugatorio el vigor constitucional de los estados y de los ayuntamientos para gobernar. Provocaba también que el gobierno federal fuera un ente demasiado obeso.

Fue en la época del presidente, José López Portillo, que el gobierno federal adopta como política pública el federalismo. Consistente en la descentralización paulatina a los gobiernos estatales de facultades, programas y recursos; y de desconcentración institucional que era la reubicación geográfica de oficinas administrativas federales en diferentes entidades federativas.

Lamentablemente este esfuerzo fue desvirtuado, porque buena parte de los gobiernos estatales no estaban preparados para recibir las nuevas responsabilidades, ni los recursos materiales, humanos y financieros transferidos. No hubo honestidad, capacidad y eficacia en el manejo de los programas federales descentralizados. Pruebas fehacientes son, por ejemplo, los desastrosos y endeudados sistemas de salud y de educación estatales y el surgimiento de políticos y gobernantes, estatales y municipales multimillonarios, resultantes de una impune corrupción sistemática y desbocada.

Paralelamente, los gobernadores empezaron a cabildear con los diversos secretarios federales para sugerirles que los delegados fueran gente afín a ellos, sin importar la capacidad técnica requerida. De esa manera podían orientar los recursos federales para reforzar al grupo en el poder estatal y enriquecer sus bolsillos. Ahí donde no había recomendados del gobernador, los delegados federales eran designados desde el centro ya sea por recomendaciones o compadrazgos.

El colmo fue usar descaradamente las delegaciones federales y los programas de inversión como instrumentos electorales para comprar votos a favor del PRI. Los delegados se convirtieron en mapaches políticos, como aconteció en las recién pasadas elecciones presidenciales, donde miles de millones de pesos, personal y centenares de vehículos federales se usaron para tal fin.

De allí que el virtual presidente electo, López Obrador; necesita retomar el control perdido de las delegaciones federales y enderezarlas para ponerlas al servicio del pueblo, por medio de una reingeniería centralizada de la administración pública, con un solo coordinador estatal federal, honesto y de alto perfil. Está por verse si es lo adecuado, pero por los hechos corruptos acaecidos otorguémosle el beneficio de la duda.

PD. El pueblo es el que sale perdiendo cuando riñen dos niveles de gobierno. Es el caso patético de Chilpancingo. No hay que confrontar, pero tampoco provocar.

De cara al pueblo.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Lo que aconteció el 1 de julio pasado fue una auténtica rebelión pacífica de la mayoría del pueblo mexicano. Ante el hartazgo y enojo contenido durante más de treinta años, por las funestas consecuencias sociales y económicas de los malos gobiernos del PRI, PAN y PRD. El pueblo marco un nuevo hito histórico en México, por su manifiesta voluntad de realizar un cambio profundo, por la vía legal, democrática y pacífica.

El tiempo que transcurre de triunfo electoral a la toma de posesión del cargo de presidente de la república es de 6 meses. Ese tiempo es el que usa el presidente electo y su equipo cercano de colaboradores para rediseñar la estructura y los procesos de la administración pública federal; así como las posibles modificaciones a las leyes, reglamentos y políticas públicas para el mejor cumplimiento de sus compromisos de campaña. También lo dedica para la selección definitiva de su equipo de gobierno; a la revisión del nuevo mapa político nacional resultante de las elecciones; así como de las resistencias que suscitaran en otras fuerzas políticas los cambios destinados a poner las bases de una profunda transformación del país.

Anteriormente esa preparación de acciones inmediatas para los tres primeros meses de gobierno, el presidente electo la realizaba de la forma más discreta posible, en sigilo y a espaldas del pueblo. Para no suscitar oposiciones, descontentos o turbulencias indeseables, antes de asumir totalmente el poder presidencial. Un día antes, daba a conocer algunas de ellas, otras en su discurso de toma de posesión o en las semanas siguientes.

Estrategia emblemática de lo anterior fue la seguida por el presidente Enrique Peña Nieto y su cercano equipo de trabajo. Durante el interregno elaboraron todo lo necesario para dar inicio a sus maltrechas reformas estructurales: energética, fiscal, educativa y otras más. Las estaban “cocinando” tras bambalinas, con asesorías extranjeras, sobre todo la reforma energética, porque sabía de antemano que algunas iban a suscitar el rechazo popular.

Así, las iniciativas sobre modificación de leyes para darles legalidad que no legitimidad estuvieron preelaboradas antes de su envío al Congreso de la Unión, sin faltar alguna coma o punto; para que los legisladores se concretaran únicamente a cubrir la formalidad de aprobarlas, previo soborno de un millón de pesos para cada uno que votara a favor de ellas por la vía del fast track. Todo a espaldas del pueblo.

Ahora, de cara a la ciudadanía, el virtual presidente electo de México, Andrés M. López Obrador, construye su agenda gubernamental de acciones e iniciativas inmediatas. En forma diferente a la costumbre política priista. Las somete a la opinión pública para su mayor legitimación. Como es natural están suscitando aprobación, expectación o rechazo por parte de sectores o personajes de la población, según los intereses que representan.

Por ejemplo, los procesos de descentralización de las oficinas principales de diversas secretarias, la concentración de facultades y recursos federales otrora transferidos, la disminución de los altos sueldos de los funcionarios superiores, las disposiciones para el combate de la corrupción e impunidad, las modificaciones a la estructura de la administración pública y todo el numeroso bagaje de intencionalidades que ha puesto en la palestra pública, pueden gustar o no. Pueden apoyarse o no. Pueden ser rectificadas o no. Pero nadie duda que es un buen ejercicio de información y transparencia democrática oportuna, en los prolegómenos de un ejercicio del poder presidencial nunca antes visto.

PD1. Ayutla será gobernado por personas indígenas que garantizaran verdadera atención a sus comunidades, relegadas de antiguo por alcaldes que no miraban más allá de la cabecera municipal.

PD2. Al PRI y al PRD se les criticó acremente por usar los programas sociales del gobierno con fines clientelares. Lo menos deseable para Morena es que se convierta en un PRI o un PRD reciclado y con tribus políticas en ciernes. ¡Uf!

Coaliciones políticas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Tanto en el nivel nacional como en el estatal, el reciente proceso electoral mostró con crudeza lo frágil y eventual que pueden ser las coaliciones político-electorales, bajo la partidocracia imperante.

Algunas de las alianzas que participaron en la liza, nacieron con una contradicción insalvable: el afán de tener o retener el poder por el poder mismo; al margen de ideales y convicciones que fortalecieran las causas propias de los partidos, militantes y líderes para una mayor cohesión y fortaleza político electoral. Solo exhibieron un eclecticismo infértil, en la frustrada conquista del poder para beneficio de unos cuantos. Súmele las rémoras de los partidos satélites incondicionales que ya trae la constelación de la partidocracia.

La conquista del poder aparejada con el propósito de mantener lo de siempre sin cambio alguno; únicamente puede lograrse a través del pragmatismo puro. Con demagogia afirmaban ciertos coalicionistas: “Nos hemos despojado de nuestras propias ideologías, para adoptar la ideología de los ciudadanos”. Esas palabras querían decir mucho y a la vez no dijeron nada, o más bien dicho, exhibían que nunca esos partidos tuvieron en mente velar por los intereses de los ciudadanos.

Expresaban su intención de aliarse, al tenor de una quimera ciudadana que no tenía mayor praxis social. Voluntariamente fingían ignorar que estamos inmersos en una sociedad plural, profundamente desigual y con bajos niveles de educación. Además de que la mayoría de los partidos políticos coaligados ya mostraban de tiempo atrás gran distanciamiento con el sentir popular. Las coaliciones también exhibieron que la comunicación política unitaria al interior fue de dientes para fuera; por la incompatibilidad ideológica que los marcaba. Quedaron desdibujados.

Pero también en este aglutinamiento con mezcolanza ideológica disímbola, perdieron la identidad y la diferencia política, que les daba sentido de ser. Desorientaron a sus militantes, arrojándolos a una vaciedad desmotivacional; perseguían tan solo seguir medrando en la política para buscar canonjías, puestos gubernamentales y de representación popular.

Buena parte de los partidos coaligados, ante la imposibilidad de generar mayor fuerza electoral, hicieron suma dispareja, numérica e ideológica, que los llevó a la derrota por su auto anulación. Sumaron debilidades y no oportunidades. Los mensajes políticos de campaña fueron disímbolos, con un lenguaje similar a aquel que no expresa nada. Exhibieron con desnudez sus talantes facciosos. Ejemplo patético fue la irreal idea de llevar a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto.

Las coaliciones con ideologías contrapuestas son también de naturaleza efímera, por coyunturales. No pueden ser de mediano plazo, como lo supone luchar por ideales comunes. Son circunstanciales y de escaza trascendencia. Ser pragmáticos conlleva inmediatez y no perdurabilidad. No pueden sostenerse por no existir homogeneidad en principios que los amalgamen con solidez y por contener contradicciones antagónicas.

Por eso no se dio el alineamiento y armonización de acciones; difíciles de sostenerse y concretar porque cada cual en los hechos andaba por su lado. Al margen del pueblo y caminando para sí mismos. La mayoría de las coaliciones estaban prendidas de alfileres. Una coherencia unitaria solo existió en el aparentar ser y no en el ser; cobrando claridad la alianza en la imaginación, más no en la realidad.

La irrupción masiva de los marginados y olvidados derrumbó el castillo de naipes y la concepción feudal-patrimonialista-familiar con la que la partidocracia venía construyendo su andamiaje. Sus dirigentes quedaron desnudos en su aburguesamiento político y en su regodeo en el mundo de las concesiones y privilegios; nepotes en las diversas estructuras de poder en donde participaban, siempre a costa del erario.

PD. Convendría que el gobernador, Héctor Astudillo, emitiera buenas señales de querer armonizar su política de gobierno con la del presidente, López Obrador, liberando a los presos políticos que su gobierno tiene de la CRAC y la UGOCP, entre otros.

                          

Dejen en paz a la "La Coprera"

Héctor Manuel Popoca Boone.

Para el Dr. Pablo Sandoval Cruz, leyenda viviente de integridad en la lucha social.

El edificio popularmente conocido como “La Coprera”, ubicado en la Av. Ejido y calle 6 de la ciudad de Acapulco, Gro., propiedad de los productores regionales de coco, es emblemático por ser el sitio donde aconteció la impune masacre de los copreros en 1967, ejecutada por sicarios al servicio de caciques regionales, bajo protección de policías judiciales estatales que arrojó un saldo aproximado de 35 personas asesinadas y 130 heridas de bala.

En la actualidad el inmueble es ocupado por el Frente Progresista Guerrerense A.C. (FPG) que aglutina a varias organizaciones sociales, cuya finalidad es apoyar las causas justas de sus integrantes de varias regiones del Estado. Llama mucho la atención que en los últimos nueve meses hayan sufrido cuatro asaltos realizados por elementos de diferentes instituciones oficiales.

El primer asalto fue el 12 de octubre del año pasado, cuando a las 11 de la mañana alrededor de 60 soldados, (acompañados por un supuesto dueño de la propiedad que enarboló más no dejo ver las supuestas escrituras) rompieron las cadenas y derribaron la puerta principal, además de cercar el edificio. Dicho allanamiento fue sin orden de cateo o desalojo y sin presencia de ninguna autoridad civil, violando flagrantemente el artículo 14 de la Constitución Federal.

Ante la renuencia del ministerio público para levantar la demanda, los directivos del FPG: Eloy Cisneros Guillén, Uriel Leal Ramírez, Jorge Luís Salas Pérez, Magdalena Valtierra García y Patricia Batani Giles, acudieron a la CNDH, la que solicitó información del suceso al Ejercito, habiendo éste contestado que su intervención fue debida a que recibieron información de que en dicho edificio había armas de alto poder, reconociendo después que no encontraron ninguna.

El segundo asalto fue hecho por policías ministeriales estatales, el pasado 7 de noviembre a las 7 am (ya iniciado el actual proceso electoral). El forzamiento consistió en desalojar la mercancía de los pequeños comercios aledaños al edificio, procediendo a poner otras cadenas a las puertas y sellos de clausura; sin mediar actuario, tan solo con una demanda de un segundo disque dueño. El FPG de inmediato habló con el hoy exfiscal general estatal, Xavier Olea, que al apersonarse en el edificio reconoció que los sellos eran falsos, mandó quitarlos y dijo que fincaría responsabilidades a sus subordinados. Cosa que nunca sucedió.

El tercer asalto al inmueble ocurrió el 15 de junio pasado en la madrugada. Fecha donde el FPG ya estaba participando activamente en apoyo a la campaña política de AMLO, para la presidencia de la república; y de Adela Román Ocampo, para la presidencia municipal de Acapulco. Ahora la provocación fue por un grupo de 70 policías municipales, llevando una retroexcavadora para destruir el edificio. A las 9 am llegó un actuario con una orden de desalojo firmada por el juez cuarto de lo civil, a partir de una demanda de un supuesto ¡tercer dueño! Fue detenida la retroexcavadora que ya estaba destruyendo la entrada principal del edificio al ponérsele enfrente ciudadanos y ciudadanas del FPG y vecinos del lugar.

El 29 de junio, dos días antes de las elecciones, al filo de la medianoche, fue realizado el cuarto asalto a “La Coprera”. De nueva cuenta se apersonaron policías municipales, además del presunto último dueño, junto con dos hombres armados con los mismos fines ilegales y aviesos. Esta vez la retroexcavadora destruyó la puerta principal y una columna antes de que la gente llegara a impedirlo.

La destrucción de propiedad ajena, robo y agresión física configuran, aparte de delitos penales, una flagrante violación a las leyes electorales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal; por cuanto agravios que tenían como finalidad provocar terrorismo político, temor o intimidación a ciudadanos de Acapulco durante el proceso electoral.

PD. Qué dicen de todo esto, las autoridades federales y estatales electorales; además de la PGR. ¿Quedarán impunes los atropellos cometidos?

Acapulco en la mira.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Una vez perdida la presidencia de la república, el PRI va por el mayor número de gubernaturas, senadurías, diputaciones, así como presidencias municipales. Aplicaran hasta el final la estrategia de fraude electoral utilizada en el Estado de México, el año pasado. El municipio de Acapulco, por el número de votos que genera, los fondos públicos que opera y la influencia geopolítica que tiene, quieren ganarlo a como dé lugar y al costo que sea.

Conocida es la intromisión del gobierno federal y estatal en las elecciones de Acapulco. Durante la campaña política utilizaron todos los programas del DIF, para propósitos electorales. También el otorgamiento masivo de pintura para fachadas de casas. Circularon camiones repletos de despensas oficiales; traspasadas en la madrugada a camionetas particulares o pequeñas bodegas, para ser repartidas en las colonias populares y comunidades rurales. La Sedesol y la Sedatu ampliaron los padrones de beneficiarias del programa Prospera, de leche subsidiada, de madres solteras y mejoramiento de la vivienda. En otras palabras, el PRI y sus gobiernos usaron todos los programas sociales para ganar votos.

En Acapulco, el PRI mantiene un ejército de brigadistas pagados, que repartieron y pegaron toda clase de propaganda de sus candidatos. Tuvieron también dinero para sostener una fuerte estructura electoral conformada por promotores y coordinadores de casilla, sección, ruta y distrito electoral. Cada uno de ellos con sueldos según su categoría. Dicha estructura electoral tendrá su culminación laboral el día de mañana. Llevaran a votar a sus promovidos de cada manzana o barrio, señalándoles la ubicación de la “casas amigas” que tendrán dinero y boletas cruzadas de antemano para intercambiarlas por la compra directa del voto. Si, por ejemplo, la meta municipal es comprar en Acapulco, 200 000 votos a razón de $ 1 500.00 cada uno, deberán tener 300 millones de pesos distribuibles para las transacciones en dichas “casas amigas”. O también engañan al electorado como lo hizo el PAN repartiendo tarjetas electrónicas con promesas de dinero. El PRI ha dotado de vehículos nuevos, sin logo alguno, a todos sus mapaches políticos supervisores que atenderán como presa fácil las aisladas casillas en el medio rural.

Por si fuera poca la inseguridad y la violencia social que ya padecemos, los del gobierno acentuaron el miedo y terror político para que la gente no salga a votar y solamente acuda su voto duro. Publicitaron reiteradamente sus mapas de riesgo de violencia. Hubo coronas mortuorias dejadas en oficinas partidarias. Aparecieron mantas anónimas tipo narco contra candidatos. No pararon los asesinatos a políticos. Hubo destrucción de propaganda y hostigamiento a los seguidores y activistas de la candidata de Morena, Adela Román Ocampo. Quizás mañana aparezcan los “hombres de negro del PRI”, cerca de algunas casillas o las cabezas de cerdos en los domicilios de funcionarios o de representantes de casilla Proliferaron las irritantes llamadas telefónicas domiciliarias de madrugada para provocar indisposición política.

En el Estado de México, la FEPADE abrió el mayor número de carpetas de investigación por las siguientes causas y ninguna de ellas prosperó: Solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación; o bien mediante violencia o amenaza. Presionar a otro a asistir a actos proselitistas. Realizar algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado. Recoger credenciales para votar de los ciudadanos o alterar boletas de elección. Soborno y abstención de funcionarios electorales de cumplir con sus responsabilidades. Destinar personal, bienes o servicios públicos al apoyo o al perjuicio de un candidato, partido político o coalición. A pesar de todo lo anterior, en las elecciones de mañana “el arroz ya se cosió”, por el bien de México.

PD. Sayas Enríquez le expresó a Porfirio Díaz en 1906: “la experiencia acumulada en la historia nos enseña que, cuando nadie mira por el pueblo, el pueblo mira por sí mismo, y cuando mira por sí mismo no es río que corre por su cauce natural, sino torrente que se desborda”.